http://www.canarias3puntocero.info/2019/04/11/sukeina-ndiaye-la-mujer-viste-resistencia/
http://www.canarias3puntocero.info/2019/05/09/marcia-sampaio-sonrisa-vence-prejuicios/
Colegio de Abogados Tenerife
domingo, 12 de mayo de 2019
VOCES POR LA DIVERSIDAD EN CANARIAS
http://www.canarias3puntocero.info/2019/04/11/sukeina-ndiaye-la-mujer-viste-resistencia/
http://www.canarias3puntocero.info/2019/05/09/marcia-sampaio-sonrisa-vence-prejuicios/
AUTORIZACIÓN POR RAZONES HUMANITARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL VENEZOLANOS / AS . NOTA INFORMATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
SENTENCIA DEL TJUE . LA CONDICIÓN DE MONJE Y SU CONDICIÓN DE ABOGADO
Libertad de establecimiento
La normativa griega que prohíbe a un monje que tiene la cualificación de abogado en otro Estado miembro inscribirse en el Colegio
de Abogados, debido a la incompatibilidad entre su condición de monje y la abogacía, es contraria al Derecho de la Unión
El 12 de junio de 2015, Monachos Eirinaios («monje Ireneo»), monje del monasterio de Petra, situado en Karditsa (Grecia), solicitó al Dikigorikos Syllogos Athinon («DSA») (Colegio de Abogados de Atenas, Grecia) su inscripción en el registro especial de dicho Colegio como abogado que ha adquirido esta cualificación profesional en otro Estado miembro, a saber, en Chipre. El DSA denegó dicha solicitud sobre la base de las disposiciones nacionales relativas a la incompatibilidad del ejercicio de la abogacía con la condición de monje, al considerar que estas disposiciones se aplican también a los abogados que deseen ejercer en Grecia con su título profesional de origen. El monje Ireneo impugnó dicha resolución ante el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia).
En estas circunstancias, el Symvoulio tis Epikrateias pregunta al Tribunal de Justicia si la prohibición de inscribir a un monje de la Iglesia de Grecia como abogado en los registros de la autoridad competente de un Estado miembro distinto de aquel en el que adquirió su título con el fin de ejercer allí su profesión con su título profesional de origen es conforme al Derecho de la Unión.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia interpreta la Directiva 98/5/CE, 1 cuya finalidad es facilitar el ejercicio permanente de la abogacía, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional. El Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva establece un mecanismo de reconocimiento mutuo de los títulos profesionales de los abogados migrantes que deseen ejercer con el título obtenido en su Estado miembro de origen, armonizando completamente los requisitos previos exigidos para el ejercicio del derecho de establecimiento que confiere.
De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que la presentación ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen es el único requisito al que debe supeditarse la inscripción del interesado en el Estado miembro de acogida para permitirle ejercer en él con su título profesional de origen. El legislador nacional no puede añadir requisitos adicionales a los requisitos previos exigidos para la inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida. En efecto, es preciso distinguir entre, por una parte, la inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida, que únicamente está sujeta al requisito de presentar una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, y, por otra parte, el propio ejercicio de la abogacía en el Estado miembro de acogida, respecto del cual el mencionado abogado está sujeto a las normas profesionales y deontológicas aplicables en dicho Estado miembro.
El Tribunal de Justicia considera que, a diferencia de las normas relativas a los requisitos previos exigidos para la inscripción, las normas profesionales y deontológicas, no han sido objeto de armonización y, por tanto, pueden diferir considerablemente entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro de acogida. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el legislador nacional puede establecer garantías de esta índole, siempre que las reglas establecidas a tal efecto no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.
No obstante, el Tribunal de Justicia subraya que, para ser conformes con el Derecho de la Unión, las normas profesionales y deontológicas aplicables en el Estado miembro de acogida deben respetar, entre otras cosas, el principio de proporcionalidad, lo que supone que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos. Corresponde al Symvoulio tis Epikrateias llevar a cabo las comprobaciones necesarias en lo que respecta a la regla de incompatibilidad controvertida.
El Tribunal de Justicia concluye que la Directiva se opone a una normativa nacional que prohíbe a un monje que tiene la cualificación de abogado, inscrito como tal ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida con el fin de ejercer en él la profesión con su título profesional de origen.
domingo, 5 de mayo de 2019
HAY QUE PONDERAR , PONDERAR .... SENTENCIA DEL TJUE DE 12 DE MARZO DE 2019 . PERDIDA DE LA NACIONALIDAD IPSO FACTO POR NORMATIVA NACIONAL. HAY QUE PONDERAR
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 12 de marzo de 2019 (*)
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 20 TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Nacionalidades de un Estado miembro y de un tercer Estado — Pérdida ipso iure de la nacionalidad de un Estado miembro y de la ciudadanía de la Unión — Consecuencias — Proporcionalidad»
En el asunto C‑221/17,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), mediante resolución de 19 de abril de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de abril de 2017, en el procedimiento entre
M.G. Tjebbes,
G.J.M. Koopman,
E. Saleh Abady,
L. Duboux
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 20 TFUE, a la luz de los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que prevé, con sujeción a determinados requisitos, la pérdida automática de la nacionalidad de dicho Estado miembro por imperativo de la ley (ipso iure), pérdida que lleva consigo, en el caso de las personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, siempre que las autoridades nacionales competentes —con inclusión, en su caso, de los tribunales nacionales— estén en condiciones de examinar, con carácter incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de arbitrar el mecanismo adecuado para que las personas afectadas recuperen ex tunc la nacionalidad en el momento en que soliciten la obtención de un documento de viaje o de cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad. En el marco del referido examen, las autoridades y los tribunales nacionales mencionados deberán verificar si la pérdida de la nacionalidad del Estado miembro de que se trate, que entraña la pérdida de la ciudadanía de la Unión, resulta conforme con el principio de proporcionalidad en lo que atañe a las consecuencias que tenga para la situación de cada persona afectada, y, en su caso, para la situación de los miembros de su familia, desde el punto de vista del Derecho de la Unión.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE de 26 DE MARZO DE 2019 . RÉGIMEN KAFALA . INTERES SUPERIOR DEL MENOR PARA FACILITAR LA ENTRADA EN EU PARA REUNIRSE CON SU FAMILIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 26 de marzo de 2019 (*)
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Miembros de la familia de ciudadano de la Unión — Artículo 2, punto 2, letra c) — Concepto de “descendiente directo” — Menor bajo tutela legal permanente con arreglo al régimen de la “kafala” (protección legal) argelina — Artículo 3, apartado 2, letra a) — Otros miembros de la familia — Artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Vida familiar — Interés superior del menor»
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión que figura en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano de la Unión con arreglo a la institución de la «kafala» argelina, puesto que dicho régimen no crea un vínculo de filiación entre ellos.
No obstante, incumbe a las autoridades nacionales competentes facilitar la entrada y residencia de dicha menor como «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la misma Directiva, interpretando este a la luz de los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a través de una apreciación equilibrada y razonable del conjunto de circunstancias actuales y pertinentes del presente asunto que tenga en cuenta todos los intereses en juego y en especial el interés superior de la menor afectada. En caso de que, tras dicha apreciación, se demuestre que, en circunstancias normales, la menor y su tutor (que es ciudadano de la Unión) llevarán una vida familiar efectiva y que la menor depende de su tutor, las exigencias vinculadas al derecho fundamental al respeto de la vida familiar, junto con la obligación de tener en cuenta el interés superior de la menor, en principio requerirán que se otorgue a esta el derecho de entrada y residencia al objeto de permitir que viva con su tutor en el Estado miembro de acogida de este.
miércoles, 1 de mayo de 2019
FELIZ DÍA TRABAJADORAS Y EMPRENDEDORAS ......
foto : http://fotomovimiento.org/las-kellys-gremi-dhotelers/
LUC ANDRÉ DIOUF : DE INMIGRANTE SIN PAPELES A DIPUTADO EN EL CONGRESO
Luc André Diouf: de inmigrante sin papeles a diputado en el Congreso
El actual responsable de Política de Refugiados de la Ejecutiva del PSOE obtiene un escaño por Las Palmas en el Congreso de los Diputados
En 1992 llegó a las Islas Canarias tuvo que vivir sin papeles durante un tiempo, viéndose empujado a dormir en una playa durante un mes y medio
Pronto obtuvo empleo como intérprete y pasó a trabajar en CCOO durante 17 años, para posteriormente formar parte de la Ejecutiva del PSOE
domingo, 28 de abril de 2019
viernes, 19 de abril de 2019
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 1 DE ABRIL DE 2019 . SE CARECE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE EL MATRIMONIO TUVIERA SU FUNDAMENTO EN LA REGULARIZACIÓN DEL SENEGALES.
Sección nº 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Id Cendoj: 08019370182019100211 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona Sección: 18 Fecha: 01/04/201
SEGUNDO.- La sentencia de instancia declara la nulidad del matrimonio contraido el 10 de novembre de 2010 entre Eduardo , de nacionalidad senegalesa y Carlota , de nacionalidad española. Las Diligencias policiales que abocaron en la demanda de nulidad se incoaron en mayo de 2016, es decir, transcurridos casi seis años desde la celebración del matrimonio, En este caso, el largo tiempo transcurrido desde que se contrató el matrimonio, asi como la situación personal de la Sra. Carlota , sus dificultades en la fecha en que se conocieron ambos, los episodios de angustia, y tratamiento farmacológico, impiden valorar de una forma eficaz cual era la situación real de los contrayentes, las razones que les llevaron a adoptar esta decisión y la forma en que la convivencia y la relacion afectiva hayan podido desarrollarse hasta el cese de la misma que no se discute. La Sra. Carlota es además madre de dos hijos de dos relaciones de pareja anteriores, que están a su cargo, y a ello se unió la enfermedad y muerte de su madre , por lo que la complejidad de su situación personal dificulta la posibilidad de efectuar valoraciones sobre su auténticos estado de ánimo y su voluntad . Ciertamente las manifestaciones de ambos en el expediente administrativo pueden inducir a confusión sobre el tipo de relación establecida, pero en ningún momento se admite que el matrimonio respondiera a otros motivo que el afectivo e incluso sorprende que preguntada la declarante sobre si había sufrido malos tratos físicos o psíquicos por parte del esposo, relatase algunos aspectos de sus relaciones intimas sobre los que no fué preguntada y a los que no se otorgó relevancia o credibilidad cuando podían tenerla y reflejaban un estado de ánimo ya afectado. La escasa prueba sobre la forma en que se desarrollo la relación convivencial en el breve período de tiempo en que ambos admiten que estuvieron juntos, no permite vislumbrar que pudo ocurrir en su fuero interno. Que el esposo acudiera a intentar regularizar su situación en este país transcurridos 6 años desde ese matrimonio no puede llevar a cuestionar de forma inequívoca que hubo una voluntad defraudadora, ni que la relación no estuviera basada en la comunidad afectiva, especialmente si se tiene en cuenta el estado emocional de una de las contrayentes, la Sra. Carlota , diagnosticada de sintomatologia ansioso-depresiva y con trastorno de la personalidad Cluster-B, que padeció crisis de angustia, disminución del estado de ánimo, e insomnio y reacción depresiva prolongada, requiriendo tratamiento en el CSM, viniendo a coincidir con factores estresores como la enfermedad y muerte de la madre y el cuidado de los dos hijos, episodios ocurridos con posterioridad a contraer matrimonio. En consecuencia estima la Sala que en este momento se carece de elementos suficientes para valorar las razones últimas por las que se contrajo matrimonio entre los litigantes ni otros que lleven a pensar que la única base del matrimonio fuera la voluntad de regularizar una situación administrativa .
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 1 DE ABRIL DE 2019 . ALLANAMIENTO ANTE LA LA EXIGIBILIDAD DE UN REQUISITO NO EXIGIDO PARA LA NACIONALIDAD . CERTIFICADO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Sección: 7 Fecha: 01/04/2019 Nº de Recurso: 653/2018
SEGUNDO .- En la resolución que deniega la nacionalidad, el argumento para denegarla es del siguiente tenor: " Que la interesada no aporta todos los documentos exigidos para la tramitación del expediente en concreto, el Certificado de Movimientos Migratorios expedido por la Policía Española. (...).". En su formulación del escrito de demanda, la parte destaca: " Es cierto que mi defendida no ha aportado este Certificado de Movimientos Migratorios expedido por la Policía Española. Si bien también es cierto que este documento: 1º.- No existe. Esto es, la Policía Española no expide estos certificados. De hecho, la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, sita en Aluche, a través del Servicio de Atención al Ciudadano Extranjero (SACE), tiene colgado en la primera planta del edificio una nota informativa, comunicando que estos Certificados no son expedidos por la Policía Española. Aporto, a los efectos probatorios oportunos, una nota informativa de una conocida página web especializada en la materia (doc. nº 1), y se va a solicitar una diligencia de prueba en este sentido. 2º.- Este Certificado de Movimientos Migratorios no se encuentra entre los documentos exigidos en este procedimiento en las Instrucciones de la Dirección General del Registro y del Notariado de 26 de julio de 2007 y 2 de octubre de 2012, que regulan este procedimiento. No se puede exigir un documento no expresamente previsto por la norma o, al menos, no puede denegarse una solicitud tan sólo por no haber podido aportar este documento. ". Evacuado traslado a la Abogacía del Estado la misma se allana aportando informe del Ministerio de Justicia estableciendo: " Las razones de lo denegación no son válidos porque; La policía española no expide ese certificado.
El llamado Certificado de Movimientos Migratorios no es documentos exigibles de acuerdo con las Instrucciones de la D.G.R.N que regulan este procedimiento. En cualquier caso, la interesada, de manera diligente, si presentó el certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades marroquís competentes que acreditaba sus entradas y salidas del territorio marroquí. Pues bien, solamente por esta circunstancia ya debía haberse estimado el recurso de reposición. Aunque lo resolución denegatoria de 15 de julio del 2015 era incompleta y errónea, sí podían haber existido razones para dudar de la residencia efectiva, ya que la interesada había residido en Marruecos unos 11 meses, de manera que, quien resolvió el recurso trajo a colación este hecho, al que no se había aludido en lo denegación, y fundamentó la desestimación en esta ausencia. Pero tampoco esta ausencia se podía en puridad utilizar como fundamento para denegar, ya que la recurrente había obtenido autorización de residencia permanente con vigencia indefinida desde el 2 de enero del 2005 y se ha verificado en ADEXTTRA que le fue posteriormente renovada el 23 de septiembre del 2014 hasta el 22 de septiembre del 2019. A estos efectos, el art 32.2 de la Ley Orgánica 4/2000 , de 1 1 de Enero, dispone que "tendrán derecho o residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamentariamente" y el Reglamento aprobado por Real Decreto 557/201 1 en sus artículos 148.1 señala que "Tendrán derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración los extranjeros que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años" y según el art 166.1 c) se extinguirá la misma "Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante doce meses consecutivos". Al haberle concedido la autoridad administrativa competente el citado permiso permanente y no habérselo retirado, debe entenderse que es porque la residencia de la recurrente se consideró continuada y, aunque efectivamente estuvo fuera del territorio español, sus estadías en el extranjero no se superaron los plazos a los que se refiere la norma. (...)
En conclusión, desde la Subdirección General se considera conveniente allanarse en este procedimiento ." (sic).
PROGRAMA UNIDAS PODEMOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
312
Vías legales y seguras de entrada en España y flexibilización de los procesos de reagrupación familiar
Articularemos vías legales y seguras de entrada en España, y apostaremos especialmente por la flexibilización de los procesos de reagrupación familiar.
Implantaremos una nueva política de visados con distinta tipología, como por ejemplo el de búsqueda de empleo, que permita la estancia temporal en España y el regreso al país de origen si no se ha logrado encontrar un trabajo, sin prohibición de nueva entrada.
La renovación de las autorizaciones de residencia no se vinculará exclusivamente a la posesión de un contrato en vigor o una oferta de empleo, y se flexibilizarán asimismo los procesos de arraigo.
314
Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros
- Cerraremos los CIE, pues constituyen una anomalía del sistema democrático.
- Desarrollaremos mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos étnicos o de origen ante los diferentes operadores jurídicos.
- Erradicaremos los controles de identidad policiales en los que se tenga en cuenta el perfil étnico y los vuelos colectivos de deportación
PROGRAMA ELECTORAL SOBRE INMIGRACIÓN DE PACMA
3.12.5. Por las personas migrantes.
Todas las personas podemos ser migrantes en algún momento. Actualmente, más de 200 millones de personas en el mundo lo son. La guerra, la persecución, la violencia, la inseguridad, la miseria, la falta de oportunidades o la crisis climática, son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a abandonar su país, su casa, su familia, su vida. La esperanza de una vida mejor les lleva a enfrentar el miedo, el dolor, la soledad, los peligros y los abusos que pueden encontrar en el camino.
Desde PACMA nos adherimos a la campaña “Yo Acojo” de Amnistía Internacional, para exigir a los gobiernos que brinden a las personas refugiadas la protección que necesitan y garanticen que sus derechos humanos sean respetados.
La campaña solicita un lugar seguro para que las personas que huyen puedan rehacer sus vidas. No solo para quienes han tenido que abandonar su hogar en países devastados por los conflictos bélicos. En el mundo, millones de personas son perseguidas por su raza u origen étnico, convicciones políticas o religiosas, u orientación sexual. En muchos casos, estas personas se ven obligadas a huir ante el miedo a ser detenidas, torturadas, maltratadas o incluso asesinadas.
Actualmente hay más de 25 millones de personas refugiadas. Se trata de una crisis de envergadura mundial. Sin embargo, mientras países con menos recursos hacen todo lo que pueden y más, los países más ricos hacen poco o nada.
En España, el anterior Gobierno se comprometió a acoger entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2017, a 19.449 refugiados. Al terminar el plazo solo había acogido a 2.500. El Tribunal Supremo ha considerado ese acuerdo vinculante, y obliga a España a recibir el 85% restante, convirtiéndonos en el primer país de la Unión Europea al que sus tribunales de justicia han condenado por incumplirlo. A estas alturas, nuestro país empieza a entender la importancia de que la Unión Europea afronte la crisis migratoria de manera solidaria.
Desde el Partido Animalista proponemos adoptar las siguientes medidas:
- Aumento del presupuesto y del número de plazas en los centros de acogida, con especial atención a la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados.
- Acceso unificado a todos los derechos, como la educación, la sanidad y de alojamiento para una inclusión efectiva.
- Programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas.
- Equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.
- Creación de un Servicio de Atención a Personas Inmigrantes y Refugiadas, que ofrezca información y asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario. En el mismo se ofrecerá información específica sobre la protección animal y el protocolo que se debe seguir en caso de traer un animal desde otro país.
- Ofrecimiento de un servicio de aprendizaje del idioma.
- Puesta en marcha de programas y campañas contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social, dirigidas a la ciudadanía.
3.12.6. Lucha contra los delitos de odio.
La sociedad española es una sociedad diversa y plural. Sin embargo, grupos sociales son víctimas de discriminación y de violencia por su edad, etnia, nacionalidad, religión, diversidad funcional, orientación sexual e identidad de género. Diariamente centenares de personas son acosadas, insultadas, vejadas públicamente e incluso agredidas y asesinadas por ser catalogados como diferentes.
Proponemos:
- Recuperar el proyecto de la Ley de igualdad de trato y no discriminación, que es un texto integral en base al principio de no discriminación y a la igualdad de trato en todos los ámbitos de la sociedad, con una vertiente reparadora y otra preventiva, identificando la problemática, garantizando la protección y reparación de las víctimas, con un régimen de infracciones y sanciones.
- Establecer una estrategia estatal para la formación y prevención en el ámbito educativo, sanitario, laboral y en las Administraciones Públicas.
https://pacma.es/elecciones-2019/compromisos
PROGRAMA ELECTORAL DE VOX
INMIGRACIÓN
En VOX afrontamos la cuestión de la inmigración de una manera serena y responsable, con un respeto absoluto a la legalidad y con el sentido común que supone su capacidad de integración y las posibilidades de la economía española.
14. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.
15. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave.
16. Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.
17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.
18. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la producción y distribución.
19. Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española.
20. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional.
21. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes
LUCHA CONTRA EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO
El fracaso en el proceso de integración, la exclusión social, la falta de control sobre aquellos imanes que aleccionan en el radicalismo, la mala inserción en el mercado laboral o la falta de asociación con la identidad española pueden convertirse en un caldo de cultivo propicio para que algunos individuos abracen el credo yihadista.
22. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.
23. Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad.
24. Prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista del islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español.
25. Exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública.
En VOX afrontamos la cuestión de la inmigración de una manera serena y responsable, con un respeto absoluto a la legalidad y con el sentido común que supone su capacidad de integración y las posibilidades de la economía española.
14. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.
15. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave.
16. Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.
17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.
18. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la producción y distribución.
19. Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española.
20. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional.
21. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes
LUCHA CONTRA EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO
El fracaso en el proceso de integración, la exclusión social, la falta de control sobre aquellos imanes que aleccionan en el radicalismo, la mala inserción en el mercado laboral o la falta de asociación con la identidad española pueden convertirse en un caldo de cultivo propicio para que algunos individuos abracen el credo yihadista.
22. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.
23. Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad.
24. Prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista del islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español.
25. Exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública.
PROGRAMA ELECTORAL PP SOBRE INMIGRACIÓN
PROGRAMA ENTERO
PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
PROGRAMA LARGO
https://www.psoe.es/media-content/2019/03/110-Compromisos-PSOE-programa-electoral-2019.pdf
Medida 70.- Mejora protección M.E.N.A.
Medida 72.- Pacto contra Violencia de Género
Medida 75.- Ley contra tata de seres humanos
Medida 107.- Política migratoria europea
107. Impulsaremos una política migratoria europea, para contribuir al desarrollo de África Subsahariana, para luchar contra el tráfico de seres humanos, regulando y facilitando los flujos ordenados de inmigrantes, siempre con el máximo respeto a los derechos humanos. Continuaremos fortaleciendo las relaciones de cooperación con países del Mediterráneo, especialmente en materia migratoria
PROGRAMA ELECTORAL CIUDADANOS
Promover una inmigración regular y ordenada
- Estableceremos un sistema de ‘visado por puntos’ para atraer el mejor talento extranjero a nuestro país. Pondremos en marcha un sistema como el de Canadá basado en baremos de puntuación por criterios objetivos (edad, nivel de estudios, conocimiento del idioma español, etc.). En paralelo, facilitaremos la concesión de visados automáticos a investigadores, inversores y profesionales altamente cualificados que apuesten por desarrollar su actividad en España.
- Perseguiremos a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de los inmigrantes. Revisaremos el Código Penal para tipificar el delito de tráfico de seres humanos y estableceremos su imprescriptibilidad y su persecución internacional para que las mafias que juegan con la vida de estas personas para lucrarse no queden impunes en ningún lugar del mundo.
- Protegeremos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilan nuestras fronteras. Multiplicaremos los recursos materiales y personales a los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados para hacer frente a la inmigración irregular, reforzando efectivos y medios impeditivos no agresivos.
- Defenderemos los derechos de los exiliados venezolanos que huyen de la miseria y la persecución de la tiranía de Nicolás Maduro. Otorgaremos a todos los venezolanos refugiados en España que huyen de la tiranía de Maduro el Estatuto de Protección Temporal, que les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo, hasta que se garantice la libertad y la seguridad para todo el pueblo venezolano. Exigiremos en la Unión Europea la prórroga y el endurecimiento de las sanciones impuestas al régimen de Maduro y a sus responsables y colaboradores (prohibición de viajar por territorio comunitario, congelación de activos, embargo de armas y equipos, etc.). Seguiremos trabajando desde la Comunidad Iberoamericana de Naciones para convertirla en un verdadero foro de defensa de los derechos humanos y la democracia liberal.
- Modificaremos el Código Civil para conceder la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles en el exterior, incluyendo aquellos casos que quedaron injustamente excluidos de su acceso tras las últimas reformas en la materia. Velaremos por los derechos de la ciudadanía española en el exterior, a fin de eliminar cualquier agravio comparativo entre los descendientes y sus familias.
- Redoblaremos la colaboración con los países del Magreb, África y Oriente Medio para contribuir a su estabilidad y crecimiento sostenible. Impulsaremos acuerdos de asistencia técnica para reforzar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, favorecer la creación de empleo y crear oportunidades para la población joven en estos países.
- Haremos que cada euro invertido en Cooperación para el Desarrollo y la Agenda 2030 tenga mayor impacto. Queremos hacer la cooperación española más eficiente y efectiva eliminando los instrumentos que no funcionan. Facilitaremos la cooperación público-privada en proyectos internacionales con el objetivo de alcanzar un 0,7% del PIB destinado a cooperación en 2030. Haremos que las reformas estructurales en España tengan en cuenta la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Redoblaremos la colaboración con los países del Magreb, África y Oriente Medio para contribuir a su estabilidad y crecimiento sostenible. Impulsaremos acuerdos de asistencia técnica para reforzar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, favorecer la creación de empleo y crear oportunidades para la población joven en estos países.
- Haremos que cada euro invertido en Cooperación para el Desarrollo y la Agenda 2030 tenga mayor impacto. Queremos hacer la cooperación española más eficiente y efectiva eliminando los instrumentos que no funcionan. Facilitaremos la cooperación público-privada en proyectos internacionales con el objetivo de alcanzar un 0,7% del PIB destinado a cooperación en 2030. Haremos que las reformas estructurales en España tengan en cuenta la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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