Esta decisión ha
sido adoptada por el poder político a través de la Delegación del Gobierno del
Partido Popular, sin garantías ni supervisión judicial alguna. No se han tenido
en cuenta las pruebas documentales y testificales aportadas en contra de las
falsas afirmaciones vertidas en los expedientes policiales. El mismo que
denuncia, el poder ejecutivo, es el mismo que juzga.
Lo que hace
particularmente grave esta expulsión es el uso de una perversa norma legal con
fines aún más turbios. En efecto, la modificación de la Ley de extranjería hecha
por el anterior gobierno del PSOE introdujo un procedimiento sumarísimo que deja
sin amparo la tutela judicial de los derechos políticos de la comunidad
inmigrante, al darle absoluta preeminencia a los informes policiales.
En este caso,
además hemos visto como, en primer lugar por parte del PSOE se encubre e impide
aclarar lo que era el auténtico problema que se dio cuando un funcionario
policial, franco de servicio, fotografió a los participantes en un acto de
recibimiento a los niños saharauis que llegaban a Lanzarote dentro del programa
vacaciones en paz. ¿Actuaba ese policía en una misión al servicio del estado
español o formaba parte de la “intensa colaboración” que se mantiene con las
fuerzas represivas marroquíes?