¿CONTRATÓ LA INFANTA CRISTINA A PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR ? ARTÍCULO DE OPINIÓN.

¿Contrató la infanta Cristina a personas en situación irregular?

La semana pasada, el blog “inmigración una oportunidad”[1] destacaba, mostrando extractos del auto del juez Castro, que la infanta Cristina contrató, al parecer, a personas en situación irregular para trabajo doméstico y las pagó “en negro”. La primera reacción podría ser la condena y el distanciamiento de tal comportamiento.

Si estuviese en vigor el proyecto de ley de reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso se le podría aplicar el nuevo artículo 311 bis que castigará con penas de prisión o multa severa a quien, de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.

¿Pero es esto bueno para las personas “sin papeles”?

Un dato importante es que el Código penal ya contiene otro artículo para quienes empleen a “súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos”.

Este tipo de preceptos confunden porque, de primeras, cualquiera mostraría su oposición al trabajo “en negro”. Pero aumentar las penas, introducirlas en el código penal y hacer tipos específicos para extranjeras no tiene por qué beneficiar a las víctimas. Al contrario, las condenan al ostracismo. Seguirá siendo una conducta que hasta las princesas realizan, pero no se podrá hablar de ella, ya que merece el castigo de la prisión.

¿No son suficientes y adecuadas las medidas generales para quien contrata sin dar de alta en la seguridad social? Y por otra parte, si contratar a una persona sin darla de alta es una falta grave pero no un delito, ¿por qué debería ser un delito en el caso de que la persona trabajadora esté sin papeles?

Volviendo al caso de la Infanta, el mismo auto dice que posteriormente, a petición de las trabajadoras, regularizó su situación ofreciéndoles contratos de trabajo. Ahí entra en juego la hoy famosa Aizoon, pero eso es ya otro cuento.

Es posible que esto nos suene familiar porque conozcamos a personas que han dado trabajo a una persona en situación irregular o han conseguido los papeles de esa manera. La Ley de extranjería exige, además de 3 años de empadronamiento, una oferta de trabajo de un año de duración con un salario de, al menos, 750 € al mes para conseguir un permiso de residencia. ¿Alguien cree que en la actual situación económica se pueden cumplir esos requisitos? ¿Quién ofrecería un contrato de trabajo de un año de duración a alguien a quien nunca ha empleado?

Si queremos luchar contra el trabajo irregular es necesario flexibilizar los requisitos de acceso a los papeles de manera que respondan a la realidad. También deberíamos oponernos a una reforma del Código Penal que establece delitos especiales en función de la situación administrativa.

Porque además, hasta las infantas lo hacen pero, seguramente, quien vivirá con el miedo o recibirá el castigo será alguna pobre súbdita.

Patxi de la Fuente

Militante de Bizkaiko Sos Arrazakeria