Durante este fin de semana, y a petición de PRODEIN, una comisión representativa de la Asociación de Abogados Extranjeristas se ha trasladado a Melilla para estudiar la situación denunciada de que, arguyendo distintos subterfugios legales, las autoridades melillenses están denegando el derecho constitucional a la educación a menores residentes en la ciudad autónoma, derecho garantizado categóricamente por la Ley, tanto la ley del menor como la de extranjería, por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, y por la normativa internacional.
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