El pleno del Senado, por unanimidad, pidió hoy al Gobierno que estudie la posibilidad de conceder a los inmigrantes indocumentados autorizaciones de residencia y de trabajo 'de carácter extraordinario', hasta el momento en el que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio nacional.
La iniciativa surgió a partir de una moción de Entesa Catalana de Progrés, que puso de manifiesto ante el pleno el creciente problema de los inmigrantes que no pueden ser devueltos a sus países, la mayoría de origen subsahariano, y que tras pasar cuarenta días en un centro de internamiento quedan en libertad sin ningún tipo de documentación, lo que les impide trabajar legalmente.El problema, del que, por su propia naturaleza, no hay cifras, afecta a todas las Comunidades Autónomas, lo que propició el consenso de los grupos parlamentarios.Todos suscribieron una enmienda transaccional para pedir al Gobierno que evalúe individualmente los casos de los inmigrantes indocumentados que puedan acogerse a los mecanismo previstos en la normativa vigente de extranjería, y para que estudie también otras posibilidades para concederles permisos extraordinarios.El Gobierno, según la moción, debería realizar un seguimiento 'exhaustivo' de ese colectivo de inmigrantes sin documentación para conocer 'su situación y sus especiales circunstancias'.El Senado instó asimismo al Ejecutivo a coordinar a las Comunidades Autónomas en el marco de la Comisión Mixta de traslados, en la que se gestiona la acogida 'ordenada y cooperativa' de los inmigrantes desplazados desde Canarias a la península cuando pasan los cuarenta días de internamiento y no pueden ser expulsados.Según explicó el portavoz socialista, José Antonio Alonso, la normativa actual prevé fórmulas para conceder permisos de residencia temporales por arraigo, colaboración con la justicia o circunstancias humanitarias o excepcionales y destacó en concreto la disposición adicional primera del reglamento de la ley de extranjería.Según ese apartado, a propuesta de la Secretaría de Estado de Inmigración, previo informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Consejo de Ministros puede dictar instrucciones para conceder autorizaciones de residencia temporal y de trabajo, bajo determinados requisitos y con plazos concretos.La propia Secretaría de Estado de Inmigración podría otorgar autorizaciones individuales de residencia temporal 'cuando concurran circunstancias excepcionales no previstas' en el reglamento.Para los senadores, esas circunstancias excepcionales son las actuales, ya que, como destacó el portavoz de CiU, Lluis Badía, no hay estadísticas oficiales sobre el número de indocumentados y 'no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen, no sabemos de qué viven'.El defensor de la moción fue el senador de Entesa Josep María Esquerda, quien destacó la paradoja legal que supone que sea el propio Estado el que deja en el espacio nacional, y también en el europeo, a miles de ciudadanos indocumentados, 'candidatos idóneos' para la economía sumergida y la explotación.Esquerda pidió que, sin incumplir las normas aprobadas como salvaguarda de la convivencia, se busquen soluciones para lograr que la vida de esas personas sea digna.El portavoz del PP, José Blas Fernández, recalcó el apoyo de su partido a la moción, para dejar constancia de que está 'donde está el débil y un problema desmesurado', y recordó que esa situación 'angustiosa' afecta a todas las Comunidades Autónomas.Tras criticar que el Gobierno vaya 'a remolque' de los problemas en política migratoria, Fernández destacó las medidas que prevé la legislación de extranjería para atender circunstancias excepcionales de carácter individual, aunque, aseguró, son 'muchos' los que necesitan una solución.El único que planteó alguna duda a la moción, a pesar de respaldarla, fue el portavoz del PNV, Víctor Bravo, quien advirtió de los problemas que puede generar el abrir expectativas de regularidad a una persona 'para terminar después dándole el portazo', y reclamó 'un verdadero plan de integración para todos los inmigrantes'