Conclusiones preliminares de la Comisión de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de Junio de 2014
Integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona hemos constituido una comisión de Observadores de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de Julio.
Desde esta Comisión elevaremos dentro de 15 días, ante la gravedad y urgencia de la situación que nos hemos encontrado, un Informe ante el Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU así como ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. A través del cual se les solicitará que realicen una visita urgente para que evalúen directamente las vulneraciones de derechos en que están incurriendo los Estados Español y Marroquí.
Desde la Comisión, como conclusión de esta visita, queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestras conclusiones preliminares, las cuales serán desarrolladas debidamente en el Informe. Cabe destacar que en su trabajo la Comisión nos hemos reunido con diversas organizaciones locales que trabajan por la protección de los derechos humanos en la zona, entrevistado con personas que están en el CETI, realizado acompañamientos a personas enfermas a centros sanitarios, y recorrido el perímetro fronterizo.
1. Violencia policial a ambos lados de la valla contra la población migrante:
En la visita uno de los puntos centrales ha sido analizar los protocolos de actuación y las prácticas de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, así como las consecuencias de éstas. Hemos constatado las siguientes situaciones o prácticas vulneradoras de derechos:
a. Violencia de las fuerzas auxiliares marroquíes contra la población en tránsito migrante.
Las organizaciones locales e internacionales que llevan años trabajando en la zona han venido denunciado que el uso de métodos de tortura y la aplicación de malos tratos por parte de la policía marroquí es una constante. Mostramos nuestra preocupación por el recrudecimiento de dicha situación, ya que el control policial a los campamentos del Gurugú ha aumentado, así como se han producido actuaciones que se han saldado con numerosas personas heridas. De hecho, las organizaciones están investigando la muerte de al menos 5 personas en los últimos meses. En un video( http://vimeo.com/
Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos. Entendemos que la UE y el Estado español son también responsables de corroborar que en la aplicación de un acuerdo del que son parte no se producen vulneraciones de Derechos Humanos.
b. Violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad españolas
Se ha constatado que en los últimos meses se han producido situaciones de malos tratos, principalmente en el momento de dar el salto a la valla, protagonizadas por las fuerzas policiales españolas. En una de dichas actuaciones, que llevaron a cabo Unidades de Intervención Policial (UIP) el pasado 24 de Abril, se saldó con al menos 50 personas heridas. En dicha intervención policial asimismo se lanzaron gases directamente a la cara de varias personas que se hallaban en la valla, a más de 5 metros de altura, poniendo claramente en riesgo su integridad física. En los días en que la comisión ha estado presente en Melilla no se ha producido ninguna entrada en el Estado español mediante la valla, pero si que hubo un intento en el que la Comisión estuvo presente, en la que uno de los agentes afirmó a estas personas “Tengan cuidado, que estos cuando saltan os pueden pisar, pegar o morder. Váyanse por su propia seguridad”. Entendemos que dicha afirmación es preocupante y podría dejar entrever una falta de control sobre los agentes actuantes en este tipo de situaciones, que corroboran lo manifestado por las organizaciones locales.
c. Instalación de una nueva valla de concertinas en territorio marroquí
La comisión ha visitado Melilla en un momento en que el Gobierno marroquí está construyendo una valla de unos 3 metros de altura que contará con tres filas de concertinas (tipo de cuchilla que también se emplea en la valla española). Queremos denunciar que la instalación de dicho dispositivo puede aumentar significativamente el número y la gravedad de las heridas de las personas que intenten acceder al Estado español por la valla.
d. Las devoluciones en “caliente” ilegales
Las organizaciones locales han documentado en los últimos meses que en la mayor parte de los accesos mediante la valla a Melilla se han producido devoluciones directas a Marruecos, sin respetar el ordenamiento legal vigente. Queremos recordar que recientemente se ha publicado un Informe titulado “Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley2” en el que denuncian la ilegalidad de dicha práctica policial, llegando incluso a afirmar que “la decisión, ejecución y colaboración activa y pasiva con las expulsiones en caliente incurriría en responsabilidad penal y disciplinaria”.
2. CETI →
A través de diversas entrevistas con las personas y organizaciones que trabajan en Melilla hemos tenido conocimiento de que el CETI de Melilla registra una ocupación tres veces superior a su capacidad máxima (480 plazas). Esta situación genera hacinamiento e imposibilidad de proporcionar la asistencia social y sanitaria adecuada y propicia un incremento de la tensión entre las personas internas y el consiguiente aumento de la conflictividad.
Sobre el terreno hemos podido detectar el importante número de personas sirias susceptibles de protección internacional, en tanto que desplazadas por el conflicto bélico desencadenado en su país de origen. Estas personas no ejercen su derecho a la solicitud de asilo ya que saben que comporta permanecer en Melilla durante meses antes de recibir una respuesta. Se trata de familias con hijos e hijas de corta edad (470 menores según datos de ACNUR). Una gran parte de estos menores no estarían debidamente escolarizados.
Los módulos que han tenido que habilitarse para dar cobijo al exceso de personas internas carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y comportan la supresión de espacios que deberían emplearse para otro tipo de actividades como guardería, formación y educación.
La insuficiencia de espacios, además, impide que las familias puedan desarrollar adecuadamente una vida en común. Los niños y niñas carecen de instalaciones adecuadas a sus necesidades y no pueden estar con ambos progenitores salvo en el degradado descampado que rodea al centro. Denunciamos en este sentido la pasividad de las autoridades en el acondicionamiento y el mantenimiento del entorno del CETI en condiciones dignas.
Finalmente también presenciamos actitudes y comportamientos intolerables por parte de algunos trabajadores de la empresa de seguridad del CETI que, no cohibidos por nuestra presencia, profirieron insultos racistas a personas internas.
3. Situación de los menores extranejeros no acompañados (MENA)
Hemos constatado, tal y como afirma la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), el absoluto abandono por el cuidado y la protección de los menores no acompañados que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla. El incumplimiento de la legislación tanto internacional como estatal en materia de protección de menores (por desamparo, no asunción de su tutela y la correspondiente irregularidad administrativa) se traduce en maltrato institucional y aboca a muchos de estos niños y niñas a la supervivencia callejera, con las consecuencias que esto conlleva: falta de escolarización o abandono paulatino de ésta, desasistencia sanitaria básica, exposición a las violencias asociadas a la situación de calle (trata, mendicidad, hambre, enfermedades, consumos y delictividad, etc.).
4. Asistencia sanitaria a personas migrantes
El contacto con la población migrante y las organizaciones de defensa de los DDHH que trabajan en la zona nos ha permitido conocer de primera mano situaciones de vulneración flagrante de la legalidad en lo que respecta a la asistencia sanitaria, en un doble sentido.
a. A las personas extranjeras en situación irregular, que según el art. 3.1 del RDL 16/2012 tienen derecho a la asistencia de urgencia sin facturación, se les exige, con carácter previo al ingreso en el servicio de urgencias, la firma de un compromiso de pago de los gastos que pueda generar la atención. Esta práctica, que se presenta como una mera formalidad, constituye un instrumento disuasorio del ejercicio de un derecho legalmente reconocido. Además, la asistencia que se presta en Urgencias resulta claramente insuficiente.
La atención que se dispensó a un joven marroquí al que acompañamos con una fractura abierta en la pierna (el extremo óseo de la tibia podía observarse a simple vista) y una infección importante y dolorosa consistió en la aplicación de yodo, cambio del vendaje y recomendación de que fuera a un centro médico marroquí.
b. Los menores extranjeros, que deben ser equiparados en el acceso al sistema sanitario con los nacionales españoles, tampoco están recibiendo la atención que la ley les garantiza. También a ellos se les pretende derivar de los servicios de urgencia a centros del otro lado de la frontera.
Al menor marroquí al que acompañamos al Hospital Comarcal, enfermo de sarcoma de Ewing con metástasis, se le había denegado, durante las dos semanas previas, el ingreso en el Centro y el traslado al hospital en la Península en el que podría recibir el tratamiento médico que pueda salvar su vida. Sólo la presión a los responsables del Centro ha logrado que, por el momento, el niño esté hospitalizado y sujeto a las pruebas médicas pertinentes.
En Melilla a 7 de julio de 2014
Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs
Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura
Grupo de Acción Comunitaria
Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona
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