La UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES denuncia el carácter autoritario, represivo y
antisocial de las reformas que se han acometido en materia penal y de orden público.
Desde la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES consideramos que, tras las reformas
aprobadas (Ley de Seguridad Ciudadana, seguridad privada, enésima reforma del Código
Penal) se esconde el miedo de los gobernantes hacia los gobernados.
Las reformas no contribuyen a crear una sociedad más libre, más igualitaria, más justa y
más plural y desprecian los valores superiores del ordenamiento jurídico consagrados en el
artículo 1 de la Constitución: la libertad, la igualdad , la justicia y el pluralismo político
Es por ello que estas son las reformas del miedo:
1) Miedo a los empobrecidos que se refleja en una criminalización de la pobreza. Así, la
transformación de las faltas contra el patrimonio en delitos leves, la re-introducción como
delito del denominado “top manta” o el mantenimiento de la defraudación de prestaciones
de la Seguridad Social sin ningún límite de cuantía mínima en el artículo 307 bis, suponen
un intolerable ataque a los más desfavorecidos de la sociedad que ven como a ellos se les
aplica con un rigor excesivo el Código Penal en contra de la más elemental concepción del
principio de intervención mínima
2) Miedo a los indignados que se refleja en una criminalización de la protesta social con la
reforma de los delitos contra el orden público en el Código Penal y con la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana ignorando que una democracia no únicamente se construye
mediante una democracia representativa, sino que en una democracia avanzada es
imprescindible respetar y garantizar las vías propias de la democracia participativa entre las
que, sin duda, están la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación
consagrados como derechos fundamentales en la constitución.
3) Miedo a los migrantes mediante una criminalización de la migración que se refleja en la
reforma de la Ley de Extranjería y en la tipificación del delito de hospitalidad o en la
posibilidad que contempla la reforma del Código Penal de que se pueda expulsar a
ciudadanos extranjeros que hayan sido condenados aún cuando estén legales en España o
incluso aunque sean ciudadanos de la Unión Europea.
4) La ultimas reformas en curso, imponiendo un plazo para la instrucción o estableciendo
un extraño procedimiento por decreto, nos colocaran a los fiscales, como actores
principales del proceso penal, con la responsabilidad y sin los medios para impedir el
naufragio de este insoportable sistema procesal que ningún gobierno parece capaz de
modificar.
En definitiva, la UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES denuncia que las reformas
legislativas, lejos de acercarnos a los ideales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo
político consagrados en el artículo 1 de la Constitución, contribuyen a crear una sociedad
esclava, injusta, insolidaria y amordazada.
CONCLUSIONES
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