PP, PSOE y PNV niegan el derecho de las mujeres inmigrantes a recibir información veraz sobre las consecuencias de denunciar violencia sexista
El PP y el PSOE pidieron ayer la retirada inmediata de una guía para mujeres inmigrantes porque desaconsejaba a éstas denunciar situaciones de violencia de género ante la Policía Nacional porque si lo hacían podrían ser expulsadas del país. A estos partidos, el segundo promotor de la reforma de la Ley de Extranjería y el primero el único que pide endurecerla aún más, no les ha indignado el hecho de que a las mujeres que denuncian malos tratos se les abra una orden de expulsión, sino que esa información objetiva resulta “difamatoria” para el Cuerpo de la Policía Nacional.
No les inquietan tanto los mensajes difamatorios que estos mismos partidos vierten contra las personas inmigrantes. Ayer mismo, el portavoz del PP en el Senado Eugenio Jesús Gonzálvez declaró que “un inmigrante irregular es un delincuente”, acusación completamente falsa, ya que no tener papeles no es un delito sino una falta administrativa.
El Ayuntamiento ha retirado la Guía, a pesar de que la explicación de la edil Nekane Alonso, responsable de la misma, se ajusta completamente a la realidad: “Cualquier actuación ante el Cuerpo Nacional de Policía, que es el único cuerpo que tiene competencias en materia de extranjería, conlleva la apertura de un expediente sancionador que puede llevar aparejada la expulsión si la solicitud de orden de protección no se concede o si, aún concediéndose, la sentencia no resulta condenatoria”.
El PSOE ha vendido la reforma de la Ley de Extranjería, que se aprobó recientemente en el Congreso y se votará en el Senado la semana que viene, como una Ley garantista que incrementa la protección a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Sin embargo, como bien explicó ayer la concejala, la reforma explicita (y eleva por tanto a grado de Ley Orgánica) que a las víctimas se les abrirá al denunciar “expediente administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a) irregular que quedará suspendido hasta la resolución del procedimiento penal”. “Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido”, añade el texto.
Es decir, se propone que las mujeres inmigrantes en situación irregular denuncien malos tratos sabiendo de antemano que se les abrirá una orden de expulsión que será reanudada si la sentencia no les da la razón. Todo indica que las enmiendas presentadas por grupos como Izquierda Unida o Entesa Catalana de Progrés para eliminar toda amenaza de expulsión que actúe como obstáculo a la hora de denunciar no van a prosperar.
PP, PSOE, PNV (accediendo a retirar la guía) y Ezker Batua (por omisión, ya que no se han posicionado pese a formar parte del Consistorio bilbaíno) están negando a las mujeres inmigrantes el derecho a recibir información veraz sobre las consecuencias que tiene denunciar a la Policía Nacional. Por todo ello, SOS Racismo-Bizkaiko SOS Arrazakeria y Harresiak Apurtuz exigimos:
Que la nueva reforma garantice sin condiciones la protección a las víctimas de violencia de género. En primer lugar, no abriendo expediente sancionador por estancia irregular y, en segundo, habilitando un mecanismo alternativo a la denuncia, como el reconocimiento por parte de personal sociosanitario.
Que los partidos que afirman defender los derechos de las mujeres se posicionen ante la enmienda presentada en el Senado en la que se exige que ante las denuncias de malos tratos no se pueda iniciar un procedimiento de expulsión.
Que, en todo caso, todas las instituciones, incluidos el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco y el central, proporcionen a las mujeres inmigrantes información veraz sobre las consecuencias que supone denunciar violencia de género.
Expresamos nuestro contundente rechazo a toda Ley de Extranjería, cuya esencia se basa en reconocer derechos diferentes a las personas en base a su origen; política que quebranta la igualdad de derechos creando diferentes categorías de ciudadanas y ciudadanos. Es una ley injusta, inhumana e ineficaz que castiga especialmente a las mujeres inmigrantes, quienes sufren una doble discriminación por razón de origen y género. El miedo real a ser expulsadas dificulta que denuncien formas de violencia tales como los malos tratos por parte de su pareja o ex pareja, ser víctimas de trata sexual o de agresiones sexuales. Los colectivos que firmamos este texto apostamos por una sociedad en la que todas las personas sean iguales en derechos, independientemente de su género u origen nacional. Las normativas de extranjería chocan con este principio democrático básico y obstaculizan la lucha contra todas las formas de violencia machista.
SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria HARRESIAK APURTUZ
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