La Coalición por el derecho a la Salud en Canarias denuncia que cientos de personas han perdido el derecho a la Salud
La realidad desmiente a la
consejera
A pesar de las continuas declaraciones de la
consejera de Sanidad insistiendo en que nadie se queda sin atención sanitaria en
Canarias, siguen produciéndose denegaciones de asistencia a menores de edad y a
mujeres embarazadas -cuando ésta es obligatoria-, facturaciones de la asistencia
en Urgencias, casos de personas con enfermedades crónicas sin seguimiento, falta
de acceso a los tratamientos y medicinas necesarias para luchar contra
enfermedades graves, e imposibilidad de detectar situaciones como la violencia
de género al haberse quedado miles de personas sin acceso a la atención
primaria, donde se identifican la mayoría de estas situaciones.
Una regresión que nos afecta a todas las
personas
No solo las personas migrantes en situación
administrativa irregular, personas que, recordemos, contribuyen a la
financiación de la sanidad como el resto de la ciudadanía, también el resto de
la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo,
puesto que han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La Situación de
precariedad económica de muchas familias en Canarias hace que los copagos
supongan una barrera infranqueable para el acceso a los fármacos, que les impide
en ocasiones completar sus tratamientos.
La Tarjeta Sanitaria Especial canaria,
vuelta a la ineficiencia y parche para menos de 200 personas
La Tarjeta Sanitaria Especial, es un parche
consecuencia de la pérdida del derecho a la salud Universal tras la entrada en
vigor de los reales decretos sanitarios en el año 2012. Esta medida afectó en
Canarias a más de 48.000 personas a las que la Consejería de Sanidad retiró su
tarjeta sanitaria y con ello el acceso a una atención normalizada, y de las que,
dos años después, menos de 200 han logrado obtener esta tarjeta sanitaria
especial. Además esta tarjeta no asegura el acceso a medicamentos, ya que las
personas que la obtienen, cumpliendo el requisito de ser personas con escasos
recursos, tienen que pagar el 100% de los fármacos, lo que en gran cantidad de
casos imposibilita el acceso al tratamiento, cuestión indisoluble en el
cumplimiento del Derecho a la Salud de estas personas. La Coalición considera
inaceptable y poco riguroso que la consejera haya culpabilizando a las personas
excluidas del derecho a la salud, de una situación provocada por el propio
Gobierno de Canarias.
Tras 24 meses de vulneración de derechos humanos
y discriminación para muchas personas, aún no se han tomado las medidas
necesarias para garantizar el derecho humano a la salud, ni se ha atendido
nuestra principal demanda: la vuelta al principio de universalidad de la
Sanidad, como derecho humano universal e inalienable y la derogación inmediata
de las medidas que han contribuido al deterioro y ruptura de la asistencia
sanitaria universal.
Casos de Vulneración del Derecho a la
Salud en Canarias
Antonia tiene 83 años. Presenta antecedentes de
cáncer de útero con diversas complicaciones, padece cardiopatía y es portadora
de colostomía. Actualmente se encuentra sin posibilidad de cobertura sanitaria y
sin posibilidad de hacer frente a los gastos de la vida diaria y a los gastos en
términos de cuidados en salud que precisa, que superan los 120 euros mensuales.
La exclusión sanitaria a la que se expone esta mujer de 83 años es insostenible
en términos de salud.
Lucía tiene 27 años y padece epilepsia desde los
12. Lleva 12 años residiendo en Canarias. A raíz de la entrada en vigor del RDL
16/2012, en su Centro de Salud se le niega asistencia en varias ocasiones,
teniendo que firmar varios compromisos de pago por la atención en el Servicio de
Urgencias tras repetidas crisis de epilepsia. Desde Diciembre del 2012, y tras
diversos intentos fallidos de tramitación de la tarjeta sanitaria especial para
personas con escasos recursos, es en el mes de Marzo del año 2014, cuando por
fin se logra la obtención de dicha tarjeta. Sin embargo sigue sin poder acceder
a la medicación que precisa, que mensualmente supera los 100 €, medicación que
es imprescindible para evitar las crisis de epilepsia, así como para prevenir
las consecuencias de los mismos y la progresión del deterioro de su estado de
salud.
Martín y Sabrina, Matrimonio de 80 y 76 años
respectivamente. Obtienen permiso de residencia por cuatro años en diciembre de
2013. Martín padece enfermedad crónica pulmonar y, al no tener alternativas, se
han visto obligados a solicitar el convenio "especial" canario, por el que deben
pagar 314 euros mensuales, además del precio de las medicinas, que ronda los
80-150 euros mensuales. Reciben entre los dos una pensión de su país de 384
euros al mes. Y deben hacer frente además al resto de gastos de su vida diaria.
NO salen las cuentas.
María y Gisela tienen 5 y 7 años. Tienen
enfermedades respiratorias: asma y rinitis alérgica. Sus padres llevan 8 años
viviendo en Canarias pero a raíz de la entrada en vigor del RDL 16/2012 se les
retira la tarjeta sanitaria y también la de las niñas. Desde hace un tiempo,
toda la familia consiguió la tarjeta sanitaria especial para personas con
escasos recursos. Sin embargo, las constantes recaídas de las enfermedades de
las niñas hacen imposible afrontar el gasto farmacéutico de los tratamientos
prescritos. Esto hace que nunca lleguen a recuperarse por completo con el
consecuente absentismo escolar y continua preocupación de los padres".
Comunicado del la Coalición por el derecho a la
Salud en Canarias.
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