SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE ( GRAN SALA ) 17 DE ABRIL DE 2018 . EL DERECHO A LA PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON RESIDENCIA PERMANENTE
El derecho a la protección reforzada contra la expulsión del territorio está sujeto, en particular, al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanenteSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)de 17 de abril de 2018 (*)
“Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la
Unión Europea - Derecho a residir y circular libremente en el territorio
de los Estados miembros - Directiva 2004/38/CE - Artículo 28, apartado
3, letra a) - Protección reforzada contra la expulsión - Requisitos -
Derecho de residencia permanente - Residencia en el Estado miembro de
acogida durante los diez años anteriores a la decisión de expulsión del
Estado miembro de que se trate - Período de estancia en prisión -
Consecuencias sobre la continuidad de la residencia de diez años -
Relación con el examen global del vínculo de integración - Momento en el
que tiene lugar dicho examen y criterios que han de tenerse en cuenta”
En los asuntos acumulados C-316/16 y C-424/16,
El Asunto C-424/16, Vomero
En 1985 Franco Vomero, de nacionalidad italiana, se trasladó al Reino
Unido con su esposa, de nacionalidad británica. La pareja se separó en
1998; el Sr. Vomero abandonó entonces el domicilio conyugal y se
trasladó a vivir con el Sr. M.
El Sr. Vomero mató al Sr. M el 1 de marzo de 2001. En 2002 fue condenado a ocho años de prisión por homicidio. Fue puesto en libertad en julio de 2006.
Mediante resolución de 23 de marzo de 2007, confirmada el 17 de mayo de 2007, el Ministro del Interior británico (Secretary of State for the Home Department) decidió expulsar al Sr. Vomero, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre inmigración del Reino Unido de 2006. El Sr. Vomero fue mantenido en prisión hasta el mes de diciembre de 2007 a la espera de su expulsión.
La Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), que conoce de este litigio, considera que el Sr. Vomero no había adquirido un derecho de residencia permanente antes de ser objeto de la medida de expulsión. Sin embargo, ese tribunal observa que el Sr. Vomero lleva residiendo en el territorio del Reino Unido desde el 3 de marzo de 1985, lo que la lleva a preguntarse si podría estimarse que ha residido en dicho Estado miembro “durante los diez años anteriores”, en el sentido de la Directiva, de modo que podría, en su caso, gozar de la protección reforzada contra la expulsión.
(...)
El Sr. Vomero mató al Sr. M el 1 de marzo de 2001. En 2002 fue condenado a ocho años de prisión por homicidio. Fue puesto en libertad en julio de 2006.
Mediante resolución de 23 de marzo de 2007, confirmada el 17 de mayo de 2007, el Ministro del Interior británico (Secretary of State for the Home Department) decidió expulsar al Sr. Vomero, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre inmigración del Reino Unido de 2006. El Sr. Vomero fue mantenido en prisión hasta el mes de diciembre de 2007 a la espera de su expulsión.
La Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), que conoce de este litigio, considera que el Sr. Vomero no había adquirido un derecho de residencia permanente antes de ser objeto de la medida de expulsión. Sin embargo, ese tribunal observa que el Sr. Vomero lleva residiendo en el territorio del Reino Unido desde el 3 de marzo de 1985, lo que la lleva a preguntarse si podría estimarse que ha residido en dicho Estado miembro “durante los diez años anteriores”, en el sentido de la Directiva, de modo que podría, en su caso, gozar de la protección reforzada contra la expulsión.
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
1) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de
los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento
(CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y
93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la
protección contra la expulsión prevista en dicha disposición está sujeto
al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de
residencia permanente en el sentido de los artículos 16 y 28, apartado
2, de dicha Directiva.
2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores” que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.
3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores”, en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial.
2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores” que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.
3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores”, en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial.
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