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POR LOS DERECHOS DE L@S PERSONAS MIGRANTES
POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática:
DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:
El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. Esta reforma intensifica las medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.
Exigimos que se trabaje para lograr la equiparación de derechos de todas las personas, que implique al conjunto de la población, y que efectivamente se oriente a la protección de sus derechos y libertades.
Son inadmisibles las sanciones discriminatorias contra la población, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión, la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo.
Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 €. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico reconocido por la propia Constitución Española.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.
El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor”.
El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona se verá perjudicado, limitando el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión, en contra del derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, supeditando la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. No se establecen avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.
El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental, además de clave en materia de integración social.
Por todo lo denunciado:
MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.
LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.
SANTA CRUZ DE TENERIFE A 14 DE OCTUBRE DE 2009
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