Un debate urgente, serio y profundo sobre los CIE
Hoy ha sido noticia el CIE de Aluche, donde varias personas se han encaramado al tejado. Ayer lo fue el de Valencia y antes el de Murcia, el de Las Palmas o el de Barcelona. Es evidente que algo está pasando en unas instalaciones demasiado opacas en las que el respeto de los derechos de las personas internadas está más que en entredicho.
La Abogacía Española ha pedido en reiteradas ocasiones el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La última en junio de este año, en los Encuentros de Abogados de Extranjería y Asilo celebrados en Burgos, en cuyas Conclusiones se pedía que se sustituyeran “por medidas alternativas menos limitadoras de la libertad de las personas sometidas a procedimientos de repatriación”.
Numerosos informes acreditan sobradamente que los CIE no cumplen la función para la que fueron creados. Según el último informe del Defensor del Pueblo, apenas el 41,3% de los internados fueron expulsados en 2015.
Existe, pues, abuso de la reclusión en unas instalaciones policiales que tienen graves carencias o notables deficiencias, como falta de enfermería o de cobertura de necesidades básicas como ropa y calzado. Más grave aún es que se haya constatado la reclusión de menores con documento original de su país que fueron tomados por adultos, víctimas de trata, posibles refugiados o personas con discapacidad.
Ni siquiera se garantiza el derecho de asilo de las personas internas, que no disponen de los medios suficientes para presentar las solicitudes, e incluso se ha llegado a expulsar a solicitantes de asilo.
La Abogacía ha pedido reiteradamente que, en tanto no desaparezcan los CIE, es urgente que se desarrollen todas las previsiones recogidas en el Reglamento de funcionamiento que, a día de hoy, no se han desarrollado.
Las actuaciones administrativas deben estar sometidas a un exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados. Asimismo, deben regularse los procedimientos para que puedan ejercer todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, como el derecho a la integridad física y a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes; derecho a la asistencia jurídica en su idioma (derecho al intérprete); secreto de las comunicaciones y derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita.
No podemos seguir ignorando esta vulneración constante de derechos. Es hora ya de solucionar este tremendo problema de una vez.
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