Ex menores sin derechos
Los jóvenes africanos se enfrentan a un futuro incierto cuando pierden la tutela de los centros de menoresPúblico, SUSANA HIDALGO, 2009-07-01
Es la Noche de San Juan y los tinerfeños disfrutan de las hogueras prendidas en los descampados. Las calles están repletas de gente, los más pequeños coquetean con el fuego. Antes de medianoche, un grupo de chicos saharauis sale a hurtadillas de una nave industrial abandonada. Les acompañan un par de adolescentes canarias. El grupo se mueve entre las sombras.
Se llaman Hamid, Sayid… Llegaron hace tiempo en cayuco y han cumplido recientemente la mayoría de edad. Hasta entonces, permanecían ingresados en un centro de menores. La falta de recursos de las administraciones públicas les dejó luego en la calle. Al dejar de ser menores, tienen que buscarse la vida. Ahora malviven en una nave industrial en Santa Cruz de Tenerife, sin luz ni agua corriente. Pendientes de que no les pille la Policía, porque se han convertido en inmigrantes irregulares.
Los menores africanos que llegan a las Islas Canarias son tutelados por el Gobierno regional hasta que cumplen la mayoría de edad. Cuando alcanzan los 18 años, muchos de ellos se quedan en situación irregular, como denunció el Defensor del Pueblo en su último informe. Estos chicos tienen, por ley, tres meses para encontrar un trabajo que regularice su situación. Antes, no era demasiado difícil colocarlos en la construcción o en la hostelería. Ahora, con la crisis, no hay trabajo. Y estos jóvenes se están quedando en la indigencia. “Son muertos civiles”
En el Gobierno canario (Coalición Canaria y Partido Popular) culpan de la situación al Gobierno central. “Estos chicos son muertos civiles: el Estado no los repatría, pero tampoco les da los papeles. No pueden trabajar, terminan en la economía sumergida, víctimas de las redes mafiosas”, sostienen fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que cifra el número de afectados por esta situación en unos 300 jóvenes.
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No ha sido así. Su vida pasa ahora por esquivar a la Policía y pasar las horas muertas en el edificio abandonado, a resguardo del calor. Hace dos semanas, Hamid escapó de una redada policial en un comedor social que regentan seis monjas de una media de edad de 70 años. "Los agentes nos estaban esperando a la salida. Abrí la puerta, los vi y me metí corriendo dentro a esconderme en un baño", relata Hamid.
El susto en el cuerpo
Sor Josefina León, de 76 años, madre superiora del convento, aún tiene el susto en el cuerpo. "Vi a un policía fuera, todo tieso, y siguió allí todo el tiempo. Pero como llevaba un chaleco con franjas amarillas, creía que era un barrendero", explica.
La Policía se llevó a 17 inmigrantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría. "Muchos de los que cogió la Policía eran muy jóvenes. Tuvimos que pedir a los agentes que no detuvieran a un inmigrante que está desde hace años con nosotras y nos ayuda", relata sor Josefina. Ella y las otras cinco monjas dan de comer a diario a unas 80 personas sin recursos, la mayoría inmigrantes irregulares.
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