MANIFIESTO
" PARA QUE EL DERECHO NO SE DETENGA
A LAS PUERTAS DE LOS CIE "
Las personas, organizaciones y colectivos abajo firmantes queremos manifestar públicamente nuestra gran preocupación por las condiciones jurídicas y materiales en que se desarrolla el internamiento de extranjeros que prevé la Ley de Extranjería. Según ésta, un inmigrante, simplemente por su situación administrativa irregular, puede ser privado de libertad hasta cuarenta días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), mientras se tramita un procedimiento administrativo susceptible de concluir con la sanción de expulsión. Durante este tiempo es custodiado por la policía, sin que se garantice un auténtico control judicial, ni esté suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de estos centros. A la opacidad de estos lugares se suman el hacinamiento, las deficientes condiciones materiales y la especial vulnerabilidad de las personas allí encerradas. Por éstas y otras razones, la situación de los CIE ha sido objeto de duras denuncias por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de acreditada solvencia.
El Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, lejos de corregirla, supondría una sustancial agravación de la situación descrita. De acuerdo con el Proyecto, el internamiento podrá prolongarse hasta sesenta días, pudiéndose suspender su cómputo cuando se interpone habeas corpus o se solicita el asilo. La ampliación del plazo de internamiento supondrá un empeoramiento de las condiciones de los CIE, sin que sea previsible un incremento relevante del número de expulsiones que justifiquen el gran coste económico de la medida y el deterioro de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Por su parte, la posibilidad de ampliar aún más el plazo en los supuestos de habeas corpus y solicitud de asilo, además de su negativo mensaje en el sentido de penalizar el ejercicio de derechos fundamentales, resulta jurídicamente inviable por contradecir la Directiva de retorno.
Por las razones expuestas, solicitamos a todos aquéllos que intervendrán en el actual proceso de reforma de la Ley de Extranjería:
PRIMERO. Que se opongan firmemente a la ampliación del plazo de internamiento y a la posibilidad de suspender su cómputo.
SEGUNDO. Que aprovechen la ocasión para mejorar las condiciones jurídicas del internamiento. Entre otras medidas, resulta imprescindible garantizar un auténtico y efectivo control judicial de esta privación de libertad y completar la normativa sobre régimen y funcionamiento de los CIE.
TERCERO. Que reconsideren la legitimidad de privar de libertad a una persona con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.
Si quieres adherirte a este manifiesto
" PARA QUE EL DERECHO NO SE DETENGA
A LAS PUERTAS DE LOS CIE "
Las personas, organizaciones y colectivos abajo firmantes queremos manifestar públicamente nuestra gran preocupación por las condiciones jurídicas y materiales en que se desarrolla el internamiento de extranjeros que prevé la Ley de Extranjería. Según ésta, un inmigrante, simplemente por su situación administrativa irregular, puede ser privado de libertad hasta cuarenta días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), mientras se tramita un procedimiento administrativo susceptible de concluir con la sanción de expulsión. Durante este tiempo es custodiado por la policía, sin que se garantice un auténtico control judicial, ni esté suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de estos centros. A la opacidad de estos lugares se suman el hacinamiento, las deficientes condiciones materiales y la especial vulnerabilidad de las personas allí encerradas. Por éstas y otras razones, la situación de los CIE ha sido objeto de duras denuncias por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de acreditada solvencia.
El Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, lejos de corregirla, supondría una sustancial agravación de la situación descrita. De acuerdo con el Proyecto, el internamiento podrá prolongarse hasta sesenta días, pudiéndose suspender su cómputo cuando se interpone habeas corpus o se solicita el asilo. La ampliación del plazo de internamiento supondrá un empeoramiento de las condiciones de los CIE, sin que sea previsible un incremento relevante del número de expulsiones que justifiquen el gran coste económico de la medida y el deterioro de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Por su parte, la posibilidad de ampliar aún más el plazo en los supuestos de habeas corpus y solicitud de asilo, además de su negativo mensaje en el sentido de penalizar el ejercicio de derechos fundamentales, resulta jurídicamente inviable por contradecir la Directiva de retorno.
Por las razones expuestas, solicitamos a todos aquéllos que intervendrán en el actual proceso de reforma de la Ley de Extranjería:
PRIMERO. Que se opongan firmemente a la ampliación del plazo de internamiento y a la posibilidad de suspender su cómputo.
SEGUNDO. Que aprovechen la ocasión para mejorar las condiciones jurídicas del internamiento. Entre otras medidas, resulta imprescindible garantizar un auténtico y efectivo control judicial de esta privación de libertad y completar la normativa sobre régimen y funcionamiento de los CIE.
TERCERO. Que reconsideren la legitimidad de privar de libertad a una persona con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.
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