Menores extranjeros no acompañados en Europa
Por Simone Troller
Se podría pensar que en Europa Occidental, donde la mortalidad infantil es casi nula, la educación y la atención a la salud están garantizadas, y los servicios y las instituciones sociales están bien desarrollados, los derechos del niño serían uno de los temas menos controvertidos para los responsables de la formulación de políticas. Parece que no es así cuando se trata de los menores extranjeros no acompañados.
Con demasiada frecuencia, los miles de menores no acompañados que llegan a Europa sin sus padres o tutores se encuentran atrapados en su condición de migrantes, mientras los gobiernos europeos tienen poca consideración por sus vulnerabilidades y necesidades como menores. Muchos acaban sin recibir el trato humano que Europa afirma defender. En cambio, pueden sufrir detenciones prolongadas, intimidación y conducta policial abusiva, registro y tratamiento como adultos después de exámenes poco fiables para determinar su edad, obstáculos burocráticos para acceder a la educación, maltrato durante la detención o internamiento en instituciones y, con demasiada frecuencia, explotación.
Para colmo de males, muchos sufren la carencia predominante de defensa jurídica que les impide reclamar sus derechos. Es posible que no puedan pedir resarcimiento en caso de maltrato, recurrir su detención, presentar un recurso contra una decisión negativa a su petición de asilo o designar simplemente a un abogado para que defienda sus derechos.
Los menores extranjeros no acompañados representan una fracción minúscula de todos los migrantes que entran a Europa, y los gobiernos son incapaces de ofrecer datos fiables.[1] Sin embargo, los representantes de los gobiernos de todo el continente hablan de una "llegada masiva" o "avalancha" de niños. No es sorprendente que estos niños se hayan convertido en principal preocupación regional, entre otras razones porque se consideran una carga para los recursos.
Vacíos jurídicos intencionados
Dentro de cada país, las acciones en torno a los menores extranjeros no acompañados se basan habitualmente en dos conjuntos de leyes diferentes y, con frecuencia, contradictorias: la legislación sobre inmigración y la legislación sobre protección del menor. Con demasiada frecuencia, las autoridades recurren primero a las leyes de inmigración y después a las leyes de protección del menor, lo que tienen consecuencias directas y terribles para los niños.
Francia representa uno de los peores ejemplos de lo que ocurre cuando se trata sobre todo como migrantes irregulares a los menores
Se podría pensar que en Europa Occidental, donde la mortalidad infantil es casi nula, la educación y la atención a la salud están garantizadas, y los servicios y las instituciones sociales están bien desarrollados, los derechos del niño serían uno de los temas menos controvertidos para los responsables de la formulación de políticas. Parece que no es así cuando se trata de los menores extranjeros no acompañados.
Con demasiada frecuencia, los miles de menores no acompañados que llegan a Europa sin sus padres o tutores se encuentran atrapados en su condición de migrantes, mientras los gobiernos europeos tienen poca consideración por sus vulnerabilidades y necesidades como menores. Muchos acaban sin recibir el trato humano que Europa afirma defender. En cambio, pueden sufrir detenciones prolongadas, intimidación y conducta policial abusiva, registro y tratamiento como adultos después de exámenes poco fiables para determinar su edad, obstáculos burocráticos para acceder a la educación, maltrato durante la detención o internamiento en instituciones y, con demasiada frecuencia, explotación.
Para colmo de males, muchos sufren la carencia predominante de defensa jurídica que les impide reclamar sus derechos. Es posible que no puedan pedir resarcimiento en caso de maltrato, recurrir su detención, presentar un recurso contra una decisión negativa a su petición de asilo o designar simplemente a un abogado para que defienda sus derechos.
Los menores extranjeros no acompañados representan una fracción minúscula de todos los migrantes que entran a Europa, y los gobiernos son incapaces de ofrecer datos fiables.[1] Sin embargo, los representantes de los gobiernos de todo el continente hablan de una "llegada masiva" o "avalancha" de niños. No es sorprendente que estos niños se hayan convertido en principal preocupación regional, entre otras razones porque se consideran una carga para los recursos.
Vacíos jurídicos intencionados
Dentro de cada país, las acciones en torno a los menores extranjeros no acompañados se basan habitualmente en dos conjuntos de leyes diferentes y, con frecuencia, contradictorias: la legislación sobre inmigración y la legislación sobre protección del menor. Con demasiada frecuencia, las autoridades recurren primero a las leyes de inmigración y después a las leyes de protección del menor, lo que tienen consecuencias directas y terribles para los niños.
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