"La policía es cómplice de una expulsión ilegal"
El marroquí, marido de española y con sus papeles en trámite, está internado en Francia
Público, DANIEL AYLLÓN, 2010-02-04
Javier Galparsoro, el abogado del marroquí F. B., acusó ayer a la policía españo-la de ser “cómplice” y “responsable” de la repatriación ilegal de su cliente, que hoy cumple 15 días internado en el Centro de Detención de Extranjeros de Hendaia (Francia), a la espera de su expulsión. El hombre, casado con una española, quedaría en libertad si España comunicase a los agentes galos su estado civil o les aclarase que su proceso de regularización está en trámite, según el letrado.
La Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa renunció ayer a explicar por qué no contacta con el servicio francés o si, por el contrario, ya lo ha hecho. “Nos limitamos a acatar la ley y la orden del juzgado”, aseguraron fuentes oficiales. Tras visitar a sus padres en París, la Policía del Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Irún denegó su entrada a España al hombre alegando que no reunía “los requisitos legales establecidos”, aunque él asegura haber cruzado con la misma documentación otras veces “sin problema”.
Al considerar que se encontraba en situación irregular, los agentes franceses lo detuvieron y el Tribunal de Grande Instance de Bayona dictó su internamiento. El 26 de enero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Donostia-San Sebastián ordenó la “suspensión de la ejecución de la actuación” del tribunal francés y su “readmisión por parte de España”, al considerar que reunía los requisitos. Temor a la repatriación
Galparsoro aseguró ayer que teme la “inmediata” repatriación de F. B. a Marruecos, por lo que ya ha empezado a preparar la reclamación. El internamiento máximo en Francia es de 35 días, pero el plazo no se suele agotar en el caso de los marroquíes. Si se le expulsa, “España deberá hacerse cargo de devolverle a su domicilio en Bilbao, junto a su mujer, y sufragar los gastos del viaje”, dijo el letrado.
Un abogado francés se sumó ayer a la defensa y denunciará el incumplimiento del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar.
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