Madrid- No es la primera vez que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pone la lupa sobre la situación de los menores inmigrantes y encuentra «fallos» en la aplicación de la ley. La última queja que ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial pone al descubierto algunos incumplimientos de la ley por parte de policías y jueces, a los que acusa de tratar como adultos a menores extranjeros cuando llegan a Canarias, aunque no aclara en cuántas ocasiones. Es decir, se les incoa una orden de expulsión y son trasladados a centros de internamiento de la Península sin que les realicen ninguna prueba ósea cuando, en realidad, todo foráneo con menos de 18 años debería pasar a ser tutelado por una comunidad y a un centro de protección de menores. A los nueve meses dispondría de la residencia legal. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y SOS Racismo fueron los que pusieron sobre aviso a Múgica. Fue entonces cuando la institución decidió abrir una investigación que confirmó el motivo de la denuncia, aunque no da cifras de casos. Después de pedir informes a la Delegación del Gobierno en Canarias y a la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo ha sacado como conclusión que la prueba ósea para determinar si un extranjero tiene menos de 18 años se realiza porque el propio indocumentado dice que es menor o porque el juez percibe que podría serlo y al preguntarle por esta circunstancia el foráneo responde que si. Ahora bien, el que a un juez simplemente le haya podido parecer un inmigrante menor no ha dado lugar a que, de oficio, el magistrado le envíe al hospital para que le realicen las pruebas radiológicas correspondientes. Incluso Múgica ha pedido a la Policía que pregunte sobre la edad a los menores.
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