El funcionario de Extranjería no cobró por regularizar inmigrantes
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, ha archivado provisionalmente el caso del funcionario de Extranjería que supuestamente cobraba a marroquíes por regularizar su situación en España. Considera que no están probadas las sospechas de la Guardia Civil por las que este hombre, Joaquín María Pascual, formaba parte de organización dedicada a la inmigración ilegal. Había 15 imputados.
El juez reconoce que "podrá parecer que la actitud del trabajador de la Delegación del Gobierno en Aragón a la hora de facilitar información es más o menos correcta" o que "compartir el tiempo libre con personas que tienen un grado de interés en los asuntos que tramita es más o menos discutible", pero que no es delito.
También señala que este hombre, defendido por la abogada Constanza Dufol, "no ha percibido ninguna dádiva o sustancia estupefaciente a cambio" y que no existía ningún tipo de banda, sino que "compartía su tiempo libre con esas personas, llevando a cabo determinadas actividades de ocio y esparcimiento".
Por tanto, el juez no solo exonera al funcionario de Extranjería, sino también a los tres marroquíes con los que fue arrestado. Sus abogados, Mariano Montaner, Celia Gil Lagunas y Ana Herrando habían solicitado el sobreseimiento. La investigación hablaba de 19 regularizaciones ilegales
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