June Fernández, Fernán Chalmeta
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El endurecimiento de las políticas ante la inmigración se constata también en el caso de los menores extranjeros no acompañados. Varias comunidades autónomas intentan deshacerse de ellos, en vez de proteger sus derechos como menores. Sin embargo, la intervención de diferentes organizaciones sociales está logrando parar las expulsiones.
El endurecimiento de las políticas ante la inmigración se constata también en el caso de los menores extranjeros no acompañados. Varias comunidades autónomas intentan deshacerse de ellos, en vez de proteger sus derechos como menores. Sin embargo, la intervención de diferentes organizaciones sociales está logrando parar las expulsiones.
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Antes de que fuese aprobada la europea ‘Directiva de la Vergüenza’, que instaura el encierro de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta su expulsión, diferentes administraciones españolas habían empezado a decantarse por la mano dura. Así han apostado por repatriaciones ilegales de menores extranjeros no acompañados (MENA) y han acelerado la externalización de los centros de acogida.
Antes de que fuese aprobada la europea ‘Directiva de la Vergüenza’, que instaura el encierro de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta su expulsión, diferentes administraciones españolas habían empezado a decantarse por la mano dura. Así han apostado por repatriaciones ilegales de menores extranjeros no acompañados (MENA) y han acelerado la externalización de los centros de acogida.
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Las comunidades autónomas ejercen la tutela judicial de cada MENA que llega a su territorio. Por ley, tienen que garantizar su derecho a una vivienda digna, sanidad, educación y documentación. Esto rara vez se cumple en los centros de menores españoles, según denuncian diversas organizaciones sociales. Más aún, algunas comunidades practican expulsiones ilegales disfrazadas de reagrupaciones familiares.
Las comunidades autónomas ejercen la tutela judicial de cada MENA que llega a su territorio. Por ley, tienen que garantizar su derecho a una vivienda digna, sanidad, educación y documentación. Esto rara vez se cumple en los centros de menores españoles, según denuncian diversas organizaciones sociales. Más aún, algunas comunidades practican expulsiones ilegales disfrazadas de reagrupaciones familiares.
Madrid concentraba hasta el año pasado el 50% del total de las expulsiones del Estado. Por su parte, en 2006 la Generalitat de Catalunya repatrió a 19 menores, según el Col lectiu Drari. Ceuta, Melilla y Alicante son otros de los territorios que expulsan a menores. Asturias, Andalucía y Euskadi figuran entre los que amenazan constantemente con hacerlo. El 11 de junio, en rueda de prensa, asociaciones andaluzas pro derechos humanos denunciaron la existencia de una circular de la Dirección General de la Infancia y Familia para que los menores con más de 16 años llegados a los centros de acogida no fuesen declarados en situación de desamparo y así evitar tener que tutelarlos. Según Drari, las instituciones asturianas han acordado en una semana órdenes de expulsión para ocho niños. “Dudaban de su edad y decidieron que eran mayores.
Les detuvieron y decretaron su internamiento en el CIE de Valencia”, relata su portavoz, Vincenç Galea. El menor expulsado a menudo ni siquiera llega a su ciudad natal. Le envían a un país que no le acepta y que carece de un sistema de protección. Para maquillar esas consecuencias, se han construido un total de cuatro centros en Marruecos a iniciativa de los gobiernos central, de Madrid y de Cataluña. “Los venden como programas educativos, pero son un fraude y no permiten la intervención de las ONG”, critica Galea.
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