La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pide la retirada del texto del Anteproyecto de la reforma de la ley de extranjería.
Después de haber conocido el Anteproyecto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes para la reforma de la Ley de Extranjería, la valoración que la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía hace es fundamentalmente negativa.
Ya en sus planteamientos iniciales la reforma es incoherente puesto que al tiempo que define como principios de la política migratoria el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan y trabajen legalmente en España, a la hora de regularlos concretamente, crea una peligrosa diferenciación de derechos entre residentes de larga duración y residentes temporales, por ejemplo, en materia de vivienda.
Además de hipócrita, el texto aprobado introduce nuevos recortes de derechos para los inmigrantes y en ese punto destacan dos cuestiones fundamentalmente: el incremento en el número de días para el internamiento que pasa de 40 a 60 y la imposibilidad de reagrupar ascendientes menores de 65 años. Tanto en un caso como otro son restricciones gratuitas, sin un auténtico fundamento lógico que las sustente, como no sea enviar un mensaje a los sectores más extremistas de que el gobierno pretende tener "mano dura" con los inmigrantes.
El incremento en el plazo de internamiento de 40 a 60 días nos sitúa en una deriva tremendamente peligrosa. Pese a haber afirmado por activa y por pasiva que España no se vería afectada por la Directiva de Retorno aprobada en la UE, la primera medida al respecto es un incremento en el internamiento sin que se haya demostrado de ninguna forma que incrementar el período de internamiento en 20 días sirva de alguna forma para una gestión de las migraciones efectiva y respetuosa con los derechos humanos. Más bien al contrario, se incrementa el número de días pero no se interviene por vía legal en la preocupante realidad de los Centros de Internamiento.
Con respecto a la imposibilidad de reagrupar ascendientes de extranjeros menores de 65 años, el texto aprobado por el Consejo de Ministros vuelve a introducir una restricción sin fundamento alguno. Ni siquiera en las más retorcidas teorías economicistas de gasto público estaría justificada una medida de este tipo. Además, esta restricción va a suponer la imposibilidad de estructurar muchísimas familias de inmigrantes y dificultará la creación de las redes familiares de ayuda y atención, que suponen uno de los principales déficits sociales que sufren los inmigrantes en nuestro territorio.
Es cierto que el texto tiene puntos positivos como podría ser la nueva regulación del procedimiento de expulsión, que posibilita a los extranjeros la salida voluntaria de España antes de que se imponga la sanción, evitando así la doble carga de la perniciosa prohibición de regreso. Igualmente la posibilidad de aplazar, suspender o revocar la expulsión por parte de la Administración podrá ser beneficiosa para el respeto de determinadas situaciones de grave riesgo para los derechos humanos.
No obstante, pese a estos matices, el conjunto del texto muestra un marcado cariz restrictivo, prohibicionista y de recorte de derechos con cuestiones tan alarmantes como el establecimiento de tasas por presentar solicitudes en materia de extranjería. En esa misma línea reaccionaria situamos cuestiones tales como introducir dentro del concepto "promover la inmigración irregular" conductas que responden a necesidades familiares o de asistencia social, con las consiguientes sanciones que se fijan y que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros.
Todo ello, además, presidido por una perspectiva utilitarista, centrada exclusivamente en la visión del inmigrante vinculada al mercado laboral y convirtiendo la integración social en un mero recurso retórico de la declaración de principios de la política migratoria, pero a la que no se le concede ninguna virtualidad practica en el marco del texto.
En definitiva, el balance de conjunto que hacemos del texto sólo puede tener una conclusión netamente negativa. En consecuencia, solicitamos al Gobierno la retirada inmediata del texto y el reestudio de un nuevo texto en el que prime el respeto a los derechos humanos, de Convenciones Internacionales como la de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y el cumplimiento íntegro de las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucionales determinados preceptos de la actual Ley de Extranjería.
Andalucía 22 de diciembre 2008
Después de haber conocido el Anteproyecto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes para la reforma de la Ley de Extranjería, la valoración que la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía hace es fundamentalmente negativa.
Ya en sus planteamientos iniciales la reforma es incoherente puesto que al tiempo que define como principios de la política migratoria el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan y trabajen legalmente en España, a la hora de regularlos concretamente, crea una peligrosa diferenciación de derechos entre residentes de larga duración y residentes temporales, por ejemplo, en materia de vivienda.
Además de hipócrita, el texto aprobado introduce nuevos recortes de derechos para los inmigrantes y en ese punto destacan dos cuestiones fundamentalmente: el incremento en el número de días para el internamiento que pasa de 40 a 60 y la imposibilidad de reagrupar ascendientes menores de 65 años. Tanto en un caso como otro son restricciones gratuitas, sin un auténtico fundamento lógico que las sustente, como no sea enviar un mensaje a los sectores más extremistas de que el gobierno pretende tener "mano dura" con los inmigrantes.
El incremento en el plazo de internamiento de 40 a 60 días nos sitúa en una deriva tremendamente peligrosa. Pese a haber afirmado por activa y por pasiva que España no se vería afectada por la Directiva de Retorno aprobada en la UE, la primera medida al respecto es un incremento en el internamiento sin que se haya demostrado de ninguna forma que incrementar el período de internamiento en 20 días sirva de alguna forma para una gestión de las migraciones efectiva y respetuosa con los derechos humanos. Más bien al contrario, se incrementa el número de días pero no se interviene por vía legal en la preocupante realidad de los Centros de Internamiento.
Con respecto a la imposibilidad de reagrupar ascendientes de extranjeros menores de 65 años, el texto aprobado por el Consejo de Ministros vuelve a introducir una restricción sin fundamento alguno. Ni siquiera en las más retorcidas teorías economicistas de gasto público estaría justificada una medida de este tipo. Además, esta restricción va a suponer la imposibilidad de estructurar muchísimas familias de inmigrantes y dificultará la creación de las redes familiares de ayuda y atención, que suponen uno de los principales déficits sociales que sufren los inmigrantes en nuestro territorio.
Es cierto que el texto tiene puntos positivos como podría ser la nueva regulación del procedimiento de expulsión, que posibilita a los extranjeros la salida voluntaria de España antes de que se imponga la sanción, evitando así la doble carga de la perniciosa prohibición de regreso. Igualmente la posibilidad de aplazar, suspender o revocar la expulsión por parte de la Administración podrá ser beneficiosa para el respeto de determinadas situaciones de grave riesgo para los derechos humanos.
No obstante, pese a estos matices, el conjunto del texto muestra un marcado cariz restrictivo, prohibicionista y de recorte de derechos con cuestiones tan alarmantes como el establecimiento de tasas por presentar solicitudes en materia de extranjería. En esa misma línea reaccionaria situamos cuestiones tales como introducir dentro del concepto "promover la inmigración irregular" conductas que responden a necesidades familiares o de asistencia social, con las consiguientes sanciones que se fijan y que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros.
Todo ello, además, presidido por una perspectiva utilitarista, centrada exclusivamente en la visión del inmigrante vinculada al mercado laboral y convirtiendo la integración social en un mero recurso retórico de la declaración de principios de la política migratoria, pero a la que no se le concede ninguna virtualidad practica en el marco del texto.
En definitiva, el balance de conjunto que hacemos del texto sólo puede tener una conclusión netamente negativa. En consecuencia, solicitamos al Gobierno la retirada inmediata del texto y el reestudio de un nuevo texto en el que prime el respeto a los derechos humanos, de Convenciones Internacionales como la de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y el cumplimiento íntegro de las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucionales determinados preceptos de la actual Ley de Extranjería.
Andalucía 22 de diciembre 2008
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