CRUZ MORCILLO
MADRID. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es partidario de que se levante la moratoria que restringe la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros por cuenta ajena y que acaba el 31 de diciembre, según explicó ayer en el Foro ABC. La semana próxima el Ministerio de Asuntos Exteriores elevará un informe al Gobierno sobre el impacto y la conveniencia o no de prorrogar esta medida, impuesta hace dos años para evitar una posible llegada masiva de trabajadores.
Corbacho apuntó cuál es la posición del Gobierno con varios argumentos. El ministro considera que levantar la moratoria «no tendrá un efecto significativo en el mercado laboral»; no obstante, aboga por que se fije una revisión de balance a los seis meses para evaluar las consecuencias, si jurídicamente es posible.
Apela al Gobierno rumano
El ministro indicó que es el propio Gobierno rumano el que ha adoptado medidas para incentivar la vuelta de sus nacionales y que los rumanos no han sido incluidos en el programa de retorno voluntario para inmigrantes parados porque son ciudadanos de la UE «y no tiene sentido».
En el sí pero no, Corbacho incluyó que la decisión última estará condicionada también por la que adopten otros países del entorno como Francia o Italia.
El texto que supone la enésima reforma de esta ley «está elaborado al 98 por ciento» y lo tiene sobre la mesa la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para consulta. «En las próximas semanas» el proyecto de ley llegará al Congreso de los Diputados donde Corbacho espera «que sea apoyado por el máximo de fuerzas políticas»
El ministro no avanzó nada respecto de las líneas maestras ya conocidas. Se reformará la figura de la reagrupación familiar, ya que «es un elemento positivo pero puede dejar de serlo si no se hace ordenadamente». No es lógico, a su juicio, que los ascendientes (padres) sean reagrupados antes de que el reagrupador tenga la residencia permanente -normalmente a los cinco años del primer permiso-, es decir que estén garantizadas las condiciones de habitabilidad y el sostenimiento económico para todo el núcleo familiar. Corbacho criticó también que se pueda reagrupar a los hijos menores pero no se les permita trabajar entre los 16 y los 18 años, otro de los artículos que está previsto modificar.
El ministro no se refirió a la ampliación del periodo de internamiento para los inmigrantes irregulares -competencia de Interior- pero que se abordará también en esta reforma, aunque dejó claro que la modificación de la norma obedece en parte a una trasposición de la Directiva europea de retorno, la llamada por algunos «directiva de la vergüenza» y a sentencias del Tribunal Constitucional. Los derechos de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita de los extranjeros también estarán presentes en el nuevo texto.
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