sábado, 15 de julio de 2017

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA "SUEÑOS REFUGIADOS" BARCELONA . FOTOS REALIZADAS POR LOS PROPIOS REFUGIADOS/AS . RECOMENDABLE


Sueños Refugiados es un proyecto de fotografía participativa completado por once jóvenes refugiados o demandantes de asilo entre los meses de enero y junio de 2017 en Barcelona. 


https://www.sueñosrefugiados.org/el-proyecto/

“Sueños refugiados”

Dónde:
La plaça de les Glòries Catalanes
Cuándo:
Del 10/06/2017 al 30/09/2017.
Dirección:
Pl Glòries Catalanes, 36
Distrito:
Sant Martí
Barrio:
El Parc i la Llacuna del Poblenou
Código postal:
08018
Exposiciones. Se podrá ver en la plaza de las Glòries Catalanes la muestra del trabajo realizado por once jóvenes refugiados durante el taller de fotografía participativa dirigido por el fotógrafo Héctor Mediavilla, que tuvo lugar entre los meses de enero y junio del 2017 en Barcelona.

Este proyecto tiene el apoyo de las entidades Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social La Caixa.

REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UE Y TARJETA FAMILIAR CIUDADANO DE LA UE VIVIDO DESDE LA PROPIA IMPLICADA . LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS EN LA OFICINA DE EXTRANJEROS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



viernes, 14 de julio de 2017

TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL . COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA .




TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL .COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA

DERECHO A LA REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS . QUE DIGNIDAD



Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga.

1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles.
2. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los españoles.
Se modifica por el art. único.13 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-19949.
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por Sentencia del TC 259/2007, de 19 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1083.
Se declara la inconstitucionalidad del apartado 1 (exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente), con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17, por Sentencia del TC 236/2007, de 7 de noviembre. Ref. BOE-T-2007-21162.
En el mismo sentido se pronuncian:
Sentencia del TC 259/2007, de 19 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1083.
Sentencia del TC 260/2007, de 20 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1084.
Sentencia del TC 261/2007, de 20 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1085.
Sentencia del TC 262/2007, de 20 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1086.
Sentencia del TC 263/2007, de 20 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1087.
Sentencia del TC 264/2007, de 20 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1088.
Sentencia del TC 265/2007, de 20 de diciembre. Ref. BOE-T-2008-1089.
Se modifica por el artículo 1.9 de la Ley 8/2000, de 22 de diciembre de 2000.Ref. BOE-A-2000-23660.

 El derecho a la reunión y manifestación pacífica y sin armas, es un derecho fundamental contemplado en el artículo 21 de la sección primera del capítulo segundo del título I  de la Constitución Española de 1978 y regulado posteriormente en 1983 por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Es un derecho inherente al ser humano, un derecho básico que el ordenamiento jurídico español asegura y debe asegurar a todas las personas. Así, los titulares del derecho previsto en el artículo 21 CE son todas las personas y también los extranjeros residentes, con independencia de su situación administrativa.

EL MINISTRO ZOIDO HACIENDO VOLUNTARIADO EN UN BARCO DE LA GUARDIA CIVIL Y PIDIENDO PERDON



domingo, 2 de julio de 2017

HARD GZ - SECRETOS . ....... NO SE OLVIDA DE LOS REFUGIADOS Y DE LO QUE NOS OCURRE . CROWDFUNDIG BIBLIOTECA EN SENEGAL





Publicado el 30 jun. 2017
Crowdfunding :

https://www.migranodearena.org/es/ret...

Video ONG :

https://youtu.be/5zstaWEQl0Y


SUSCRÍBETE: http://bit.ly/LaUtopiadelNorte

Hard Gz - Secretos

Videoclip de HARD GZ, recibe nombre de " Secretos" y pertenece a su trabajo "KN VOL.2".

Grabación, mezcla y masterización en La Antesala por Paredes.

Prod. por kora

Videoclip por Joan Barbazan ( The north films ).


Contacto:

Contratación: Utopiadelnortecircuito@gmail.com

@Hardgaliza
@lautopiadelnorte

sábado, 1 de julio de 2017

RECORDATORIO . SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 19 DE MAYO DE 2016 . LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA DE FAMILIAR COMUNITARIA TIENEN VIGENCIA TEMPORAL DE 5 AÑOS , Y NO DE UN AÑO .

Roj: STSJ ICAN 1031/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:1031
Id Cendoj: 38038330012016100216 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Santa Cruz de Tenerife Sección: 1 Fecha: 19/05/2016 Nº de Recurso: 39/2016 Nº de Resolución: 244/2016 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: MARIA DEL PILAR ALONSO SOTORRIO Tipo de Resolución: Sentencia



TERCERO: Ha de indicarse en primer lugar, que el sustento de la administración para limitar la duración de la validez de la tarjeta de residencia se funda, conforme a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada, en los medios económicos de la apelada y su esposo español. Sobre la exigencia de dicho requisito, el de suficiencia de medios económicos, en relación a los ciudadanos españoles casados o unidos sentimentalmente a extranjeros que solicitan la tarjeta aquí discutida, se ha pronunciado esta Sala de modo reiterado en diversas sentencias, entre otras la recaída en el recurso de apelación nº 190.15 y 183/2015 que "En relación a la aplicación del art. 7 u 8 a los cónyuges de españoles que soliciten permiso de residencia como familiar de comunitario esta Sala ya ha señalado en sentencia recaída en el recurso de apelación seguido bajo el número 167/2015 que "La Directiva 2004/38/CE señala en su artículo 3 que la misma será de aplicación a "cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él", es decir solo y en tanto en cuento el nacional de un país, se traslade o resida en otro estado miembro distinto de que es nacional, en caso alguno será de aplicación, por tanto, en el presente supuesto, en el que lo que se pretende es la obtención en España de una tarjeta de residente de familiar de ciudadano de la UE, al estar casado y ser padre de un menor de edad, ambos de nacionalidad española y residentes en España. Siendo lo cierto que la Constitución Española reconoce el derecho a contraer matrimonio y residir en territorio español, serán dichos principios los que hayan de servirnos para la interpretación de los art. 7 y 8 del RD 240/2007 . Añadiendo que "En la sentencia recaída en el recurso de apelación seguido bajo el número 36/2015 dijimos, en relación a la cuestión suscitada en el presente recurso, que "Por lo que se refiere a la suficiencia de recursos, se trata de un requisito que el artículo 7.1.b) exige a los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, para residir en España por tiempo superior a tres meses, que no es trasladable a sus familiares, menos aún cuando se trata del cónyuge de un ciudadano o ciudadana españoles. En este sentido se pronuncian los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 1ª, de 11 de diciembre de 2013 (recurso 328/2013 ) al señalar que " pues parece obvio que si el ciudadano residente en España, con el que la actora trata de reunirse, ostenta la nacionalidad española, carece de sentido que aquel tenga que acreditar su solvencia económica. Por la misma razón esta exigencia cesa en relación a la persona, en este caso la actora, que, unida por vínculo de afectividad análogo al conyugal -familiar directo- (artículo 2.b del Reglamento) -circunstancia que en modo alguno se discute-, trata de reunirse y convivir con él en España, habiendo 2 adjuntado además la documentación requerida por el apartado 3 del expresado artículo 8 y contando con favorable informe policial. De ahí que los requisitos contemplados en el artículo 7 no puedan ser extrapolados, a modo de exigencia, a supuestos englobados en el artículo 8. Esa y no otra es la interpretación que cabe inferir, como apunta la resolución apelada, de la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de fecha 1 de junio de 2010 " y de Cantabria, sentencia de 26 de diciembre de 2013 (recurso 201/2013 )" Fundamentos que son plenamente aplicables al presente recursos, donde la limitación del periodo de validez se funda en la falta de ingresos económicos suficientes, cuya acreditación no es exigible cuando se trate de tarjetas de residencia de familiar de ciudadano español. Por otra parte acierta el juez a quo en la interpretación que del art. 8,5 del RD 24082007 efectúa, al señalar que " La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha de su expedición, o por el período previsto de residencia del ciudadano de la Unión o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, si dicho periodo fuera inferior a cinco años" dado que cuando prevé una duración inferior teniendo en cuenta el periodo previsto de residencia del ciudadano de la unión, es evidente que en modo alguno se refiere al periodo de residencia de un nacional español en territorio español, pues no queda limitado en el tiempo en modo alguno, por tanto, parece que hace referencia a la situación de un ciudadano de alguno de los estados de la Unión diferente al Español con un periodo de residencia que prevé tener en nuestro país, del que no es ciudadano, inferior al plazo general de cinco años, en cuyo caso si cabrá fijar una duración inferior, pero en modo alguno, al supuesto del nacional que reside en el país del que es nacional. 

FELICIDADES : A NUESTRA COMPAÑERA SISSI CALVO ROJAS , abogada del Illustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife 

SENTENCIA DEL TSJ CATALUÑA DE 6 DE ABRIL DE 2017 .RECONOCIENDO LA MINORÍA DE EDAD MEDIANTE CERTIFICADO DE NACIMIENTO Y DILIGENCIA FINAL DE COMPROBACIÓN AL CONSULADO PARA COMPROBAR LA AUTENTICIDAD DE LA COPIA DEL PASAPORTE APORTADA DONDE CONSTABA LA MINORÍA DE EDAD

Roj: STSJ CAT 3471/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:3471
Id Cendoj: 08019330022017100297 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Barcelona Sección: 2 Fecha: 06/04/2017 Nº de Recurso: 252/2016 Nº de Resolución: 315/2017 Procedimiento: CONTENCIOSO - APELACION Ponente: JAVIER BONET FRIGOLA Tipo de Resolución: Sentencia



TERCERO.- El artículo 35 de la LOE , en sus apartados 3 y 4, dispone que: "3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. 4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle.". 

Ciertamente, como aduce el ABOGADO DEL ESTADO, en el transcurso del expediente administrativo y ante la posible minoría de edad del Sr.  Justino  , la Fiscalía de Barcelona emitió informe en fecha 31-10-2013 (folios 13 y 14 del expediente), en el que se consideró a  Justino  como mayor de edad, a la vista de la prueba radiológica y ortopantomografía practicadas, y del informe médico forense. 

Sin embargo ya inmediatamente se aprecia que tal informe es erróneo pues en el mismo se hace constar que con posterioridad a las anteriores prueba e informe "se remitió vía fax a la Fiscalía una fotocopia de un certificado de nacimiento relativo a  Justino  en el que consta que nació en Pakistán en fecha  NUM000  /96", por lo que una simple operación aritmética hubiera permitido apreciar que en el momento de informar el Ministerio Público era menor de edad. 

Por otra parte, resulta sorprendente la alegación del ABOGADO DEL ESTADO según la cual la actividad probatoria desarrollada por el Ministerio Fiscal y el informe del mismo se deberían imponer a la actividad probatoria desarrollada ante la Magistrada de instancia, pues implica desconocer las más elementales reglas de valoración de la prueba realizadas en un proceso con las debidas garantías de contradicción e inmediación, tal y como exige el artículo 289LEC , aplicable supletoriamente al presente procedimiento ( DF 1ª LJCA ). 

En efecto, la Magistrada de instancia acordó como diligencia final, con suspensión del plazo para dictar Sentencia, dirigir oficio al Consulado General de Pakistán en Barcelona para que informara sobre la autenticidad de la copia del pasaporte aportado por el Sr.  Justino  , respondiendo un mes después el Consulado en el sentido de confirmar que el pasaporte fue emitido en favor del Sr.  Justino  , hijo de D.  Alfonso  (folios 61 y 62 de los autos). Por tanto, si la fecha de nacimiento de  Justino  es el  NUM000  /1996, en fecha 28/1/2014 cuando se acuerda su expulsión, contaba únicamente con 17 años y era menor de edad, por lo que tal expulsión resultaba improcedente. 



CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN 11 VIDAS EN 11 MALETAS DE LA FUNDACIÓN ABOGACÍA EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE TENERIFE


domingo, 11 de junio de 2017

QUE ESTO SE TENGA QUE DISCUTIR EN LA UE ... ES INCOMPRENSIBLE . PERLA NEREA GARCÍA ORMAZABAL VUELVE A ESPAÑA CON TU MARIDO PERO CON DINERO O TRABAJO QUE AQUÍ TAMPOCO LE DAMOS EL PERMISO A TU ESPOSO SR. LOUNES SI NO VIENES CON DINERO

Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 56/17 Luxemburgo, 30 de mayo de 2017


Conclusiones del Abogado General en el asunto C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Según el Abogado General Bot, un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano ha residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado y de desarrollar una convivencia familiar


A fin de garantizar el efecto útil de los derechos conferidos por la ciudadanía de la Unión, los requisitos de concesión de ese derecho de residencia derivado no deberían ser, en principio, más estrictos que los establecidos en la Directiva relativa al derecho de libre circulación de los ciudadanos de la Unión


El Sr. Toufik Lounes, de nacionalidad argelina, entró en el Reino Unido en 2010 con un visado de turista de seis meses de vigencia. Transcurrido ese período, permaneció ilegalmente en territorio británico. La Sra. Perla Nerea García Ormazábal, nacional española, se trasladó al Reino Unido como estudiante en 1996 y comenzó a trabajar allí a tiempo completo en 2004. Adquirió la nacionalidad británica por naturalización en 2009.


El Sr. Lounes y la Sra. García Ormazábal contrajeron matrimonio a principios de 2014. Tras contraer matrimonio, el Sr. Lounes solicitó al Ministro del Interior la expedición de un permiso de residencia como miembro de la familia de un nacional del Espacio Económico Europeo (EEE). El 14 de mayo recibió una notificación, acompañada de una decisión de expulsión del Reino Unido, por haber sobrepasado la duración de la estancia autorizada en el Reino Unido contraviniendo los controles en materia de inmigración.


Además, mediante escrito de 22 de mayo de 2014, el Ministro del Interior informó al Sr. Lounes de que su solicitud de permiso de residencia había sido denegada. Este escrito indicaba que, según la ley británica, la Sra. García Ormazábal ya no era considerada «nacional» del EEE, puesto que había adquirido la nacionalidad británica. Por lo tanto, ya no se beneficiaba de los derechos conferidos por la Directiva relativa a la libre circulación, 1 de modo que el Sr. Lounes no podía obtener un permiso de residencia como miembro de la familia de un nacional del EEE.
El Sr. Lounes interpuso un recurso contra la decisión contenida en el escrito de 22 de mayo de 2014 ante la High Court of Justice (England and Wales) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Reino Unido]. Al albergar dudas sobre la compatibilidad de la normativa británica con el Derecho de la Unión, este órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre esta cuestión.
En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Yves Bot empieza destacando que existe un vínculo indisociable entre el ejercicio de los derechos que la Directiva confirió a la Sra. García Ormazábal y la adquisición por parte de ésta de la nacionalidad británica. Si bien los requisitos de adquisición y pérdida de la nacionalidad son competencia de cada Estado miembro, esta competencia debe ejercerse respetando el Derecho de la Unión, y las normas nacionales deben respetar este último.                                              
A continuación, el Abogado General considera que la Directiva limita claramente su ámbito de aplicación personal a los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro distinto al de su nacionalidad.
De ahí que concluya que, a pesar del vínculo evidente que existe entre el ejercicio de los derechos conferidos por la Directiva a la Sra. García Ormazábal y la adquisición por parte de ésta de la nacionalidad británica, la situación jurídica de ésta se ha visto profundamente modificada debido a su naturalización, tanto respecto del Derecho de la Unión como del Derecho nacional.
Por lo tanto, el Abogado General opina que la Sra. García Ormazábal ya no está comprendida en el concepto de «beneficiario» en el sentido de la Directiva. Por ello, su cónyuge no puede disfrutar, sobre la base de la Directiva, de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que ahora es nacional su cónyuge.
Sin embargo, el Abogado General destaca que, con arreglo al artículo 21 TFUE, los Estados miembros están obligados a permitir que los ciudadanos de la Unión que no posean su nacionalidad circulen o residan en su territorio con sus cónyuges y, en su caso, otros miembros de su familia que no son ciudadanos de la Unión. A este respecto, el Abogado General se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual, a fin de garantizar el efecto útil de este artículo, procede aplicar por analogía las disposiciones de la Directiva relativas al regreso del ciudadano de la Unión a su Estado miembro de origen.
Dado que, al optar por adquirir la nacionalidad del Estado miembro de acogida (el Reino Unido), la Sra. García Ormazábal manifestó su voluntad de vivir en este Estado de la misma manera en que viviría en su Estado miembro de origen, creando lazos duraderos y sólidos con el Estado miembro de acogida, el Abogado General propone aplicar por analogía esa jurisprudencia al presente asunto.
Por consiguiente, el Abogado General considera que el efecto útil de los derechos conferidos por el artículo 21 TFUE exige que un ciudadano de la Unión, como la Sra. García Ormazábal, pueda proseguir la convivencia familiar que mantenía hasta entonces con su cónyuge en el Estado miembro del que ha adquirido la nacionalidad.
El Abogado General concluye que los requisitos de concesión de un derecho de residencia derivado a un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, no deberían ser, en principio, más estrictos que los establecidos en la Directiva.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia. El texto íntegro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura. Contactos con la prensa: Cristina López Roca  (+352) 4303 3667

FALCO Y LA RAIZ