sábado, 20 de mayo de 2017

TRABAJADORES ALTAMENTE CUALIFICADOS LEY DE MOVILIDAD

DOCUMENTAL COMPLETO : " TARAJAL "




HELENA MALENO : " LA POLÍTICA MIGRATORIA DE EUROPA FOMENTA LAS MAFIAS QUE TRAFICAN CON PERSONAS"

Helena Maleno “La política migratoria de Europa fomenta las mafias que trafican con personas”

La investigadora y experta en migraciones Helena Maleno repasa en esta entrevista las consecuencias de las políticas migratorias de España y la UE, que define como una "guerra de fronteras" responsable de cientos de muertos y desaparecidos que podría evitarse

FUENTE : PUBLICO .ES

http://www.publico.es/sociedad/helena-maleno-politica-migratoria-europa.html


sábado, 13 de mayo de 2017

¿Y QUIEN ME DICE QUE LO QUE PARECE OBVIO NO LO ES .? DETENIDO OTRO OFICIAL DEL EJERCITO ALEMÁN POR PREPARAR UN ATENTADO PARA CULPAR A LOS REFUGIADOS .


Detenido otro oficial del Ejército alemán por preparar un atentado para culpar a los refugiados

El escándalo de la red ultraderechista descubierta en el Ejército alemán revela estremecedores datos a medida que avanza la investigación. Ya son tres los detenidos, dos de ellos oficiales de las Fuerzas Armadas Alemanas, a los que se acusa de preparar un atentado terrorista para atribuírselo a los refugiados, y provocar, de este modo, rechazo hacia dicho colectivo


miércoles, 10 de mayo de 2017

CUANDO LA "BURROCRACIA" SE INTENTA APODERAR DEL AMOR


© Proporcionado por La Vanguardia Ediciones, S.L. Melvin Barett y su esposa, Judit Feliu, en una foto tomada en una playa dominicana poco después de su boda en un juzgado

Las duras condiciones de vida de la República Dominicana hacen del humor un arma de construcción masiva. La familia Barett, que vive de unas pequeñas tierras de cultivo en Samaná, tiene un Mercedes Ven. Ven, no Benz. “Ven”, le dicen al burro Mercedes y el burro se acerca, cargado de cocos, bananas, papayas y maracuyás.

Junto a los Barett, Judit Feliu Giménez descubrió la otra cara del paraíso, lejos de Playa Bávaro o Punta Cana. Eso y el amor. Esta educadora social de Sant Cugat del Vallès acudió por primera vez al país caribeño en el 2014 para colaborar con una oenegé en tareas de alfabetización y refuerzo escolar. Su guía fue Melvin Barett, de 35 años. Ella es unos años mayor, aunque nadie lo diría. Cuando regresó, mantuvieron el contacto por internet. Se acabaron enamorando y hubo más vuelos a la isla

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viernes, 5 de mayo de 2017

X500 PELICULA SOBRE LA INMIGRACIÓN ADOLESCENTE



Al mirar el mapa de América, X Quinientos, un pequeño poblado en el estado de Yucatán, México, aparece justo en medio del continente. Desde este punto de vista imaginario, X Quinientos narra la historia de 3 personajes que viven en países diferentes, pero que están unidos por su relación singular con la muerte, la migración y su necesidad de transformación. Alex es un adolescente afrocolombiano que tiene que crear una versión imaginada de su vida como polizonte en USA para justificar la derrota de volver a Buenaventura tras la muerte de su hermano y compañero de travesía. David es un indígena Mazahua que migra a Ciudad de México tras ser incapaz de enfrentar la muerte de su padre, descubriendo que su única opción para enfrentar la discriminación de ser indígena es adoptar la identidad Punk. María, es una adolescente Filipina quien llega a Montreal para vivir con su abuela después de la muerte de su madre, mientras transforma el imaginario que tenía de vivir en el norte. Desde ese lugar X Quinientos sigue a estos tres adolescentes por tres países, viviendo tres duelos y encontrando tres formas de seguir adelante.’

EN LA PIEL DE LA INMIGRACIÓN . OCHO EXTRANJEROS VINCULADOS AL CEAR CANARIAS COMPARTEN SUS HISTORIAS CON ALUMNOS

En la piel de la inmigración

Ocho extranjeros vinculados al CEAR en Canarias comparten sus historias con los alumnos de 4º de ESO del IES La Vega de San José


En la piel de la inmigración
La biblioteca del IES La Vega de San José no es especialmente grande, pero tiene el tamaño justo para poder reunirse en ella. Las estanterías llenas de libros flanquean las paredes y el espacio central lo ocupan las sillas que se distribuyen en pequeños grupos circulares improvisados sobre la marcha. La proyección de un colorido mapa del mundo preside la estancia donde el ambiente es distendido. Los murmullos se entremezclan y enseguida se percibe la presencia de acentos que suenan distinto

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2017/05/05/piel-inmigracion/935632.html

EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CIE DE ALGECIRAS " UN REFERENTE DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA" A INMIGRANTES

 Interior anuncia la construcción del nuevo CIE de Algeciras, "un referente de la atención humanitaria" a inmigrantes

El ministerio de Zoido y el Ayuntamiento de la localidad firman un convenio para la construcción del nuevo centro. Costará 20 millones y será, afirma el secretario de Estado, el primero del nuevo modelo que quiere implantar.

http://www.publico.es/sociedad/interior-anuncia-construccion-del-nuevo.html

COMENTARIO : ¿UN REFERENTE DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA? PUAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  AGGGGGGGGGGGGGGGG

miércoles, 3 de mayo de 2017

IGNACIO GONZALEZ PIDE LA EXCARCELACIÓN PORQUE TIENE UN NOTORIO ARRAIGO EN ESPAÑA . EDMUNDO SOBRINO TIENE UN NOTORIO ARRAIGO FAMILIAR



Afirma, entre otras razones, que huir de la justicia sería "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".


Así se señala en el recurso, adelantado por la Ser y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa de González alude además a la debilidad de las pruebas de que dispone el instructor del caso, Eloy Velasco, para justificar una medida tan gravosa como es su prisión incondicional.



El expresidente de Inassa y hombre fuerte de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente en prisión sin fianza, ha pedido su excarcelación alegando falta de motivación y arraigo familiar


COMENTARIO: IGNACIO NO VES QUE TODOS SOMOS INMIGRANTES Y TENEMOS QUE ACREDITAR NUESTRO ARRAIGO SOCIAL , LABORAL , ECONÓMICO Y FAMILIAR PARA QUEDARNOS EN CASITA. LA VIDA ...COMO ES LA VIDA 

TUS LABIOS PA MI - MONCHO CHAVEA -ORIGINAL ELIAS - OMAR MONTES -LION SITTE - JCA - EL PUTO COKE .....MESTIZAJE AL PODER Y LO AUTENTICO





vengo de tierras lejanas donde gritaban los sueños
como siñelo gitano y hazme una trenza en el pelo



yo me visto de lunar y cuando salgo yo bailando las cositas de mi padre

tus labios pami mi “humma” mi girl
tus labios pami mi girl ,mi girl
tus labios pami mi “humma” mi girl
tus labios

vengo de tierras lejanas acompañao de mi gitana
pañuelo de lunnare que “dike” por la ventana
solo contigo gitana y un puchero con hinojos que me preparo la mama
y esque me “merelo" cuando la “dikelo” cuando baila por tangos y zarandea su pelo dueño de su pañuelo si la tocan me rebelo mi gitana por ella yo me busco un duelo

el pensar en ti y tu no se detiene cuando paso por domi despiertas tu mi mente mi bella gitana mi bella durmiente como tu ninguna no se comparan vente
que es lo que tu tienes no se que es lo que tu tienes desde que te vi “cali” tu eres pa mi que se quiten todos “sefini” que cojo la pistola y voy “palli”
que lo sepan todos que tus labios son pa mi gitana bonita gitana “lady”
que estas mas rica que los “chocapi”con su cara bonita “siñela lachi”

dame de tus labios primita que son pa mi que yo me ciego y no quiero compartir pegare aquí que ese cuerpo tiene delito estoy en tu oreja
cantandote algo bonito,malito mepones malito oye al tonto que se interponga del medio yo me lo quito mis gypsys están de party botellas por toda la mesa sus labios son para mi sus labios sabor fresa

tus labios pami mi “humma” mi girl
tus labios pami mi girl ,mi girl
tus labios pami mi “humma” mi girl
tus labios

ando con la glock chipete de cincuenta por si quieren problemas extensible de cebra si toca a mi gitana te vacío el peine trenta tus labios para mi no me creo lo que inventan le voy a tener que parar pa que la gente en la via de mi gitana no tengan que hablar…..

sábado, 29 de abril de 2017

SENTENCIA DEL TSJ BALEARES DE 7 MARZO DE 2017 . A LOS CÓNYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE UN NACIONAL ESPAÑOLA NO SE LE PUEDE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DURANTE SU PERMISO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 7 DEL RD 240/2007. VS LARGA DURACIÓN EN RÉGIMEN GENERAL

Roj: STSJ BAL 145/2017 - ECLI: ES:TSJBAL:2017:145

Id Cendoj: 07040330012017100084 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Fecha: 07/03/2017 Nº de Recurso: 375/2016 Nº de Resolución: 99/2017 Procedimiento: CONTENCIOSO - APELACION Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON Tipo de Resolución: Sentencia




QUINTO: Pues bien, sentada esa matización importante, el requisito que es exigible para la obtención de la tarjeta de residente de larga duración conforme al artículo 148 del Real Decreto 557/2011 es haber residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años. 

No puede la Administración ampararse en que la recurrente no ha residido legalmente durante ese plazo por no cumplir con los requisitos del artículo 7 del RD 240/2007 ya que dicho artículo no es aplicable al caso de autos en atención a lo ya expuesto. 

Por lo tanto debemos anular la resolución dictada que no le reconoce ese plazo temporal por ese motivo. Pero tampoco estamos en disposición de poder valorar si cumple efectivamente con el requisito de los 5 años de residencia legal continuada, en tanto que solamente conocemos en el expediente que la recurrente estaba en poder de un permiso de residencia por familiar de ciudadano comunitario con vigencia hasta el 19 de octubre de 2014, sin saber cuándo fue expedido ese permiso, sabiendo también que dicha situación cambió al existir sentencia de divorcio, anterior a la fecha de presentación de la solicitud de residencia de larga duración. 

Por ello anulamos la resolución dictada y debemos retrotraer las actuaciones al momento de que la Administración valore de nuevo la petición planteada conforme a la situación fáctica creada, y resuelva conforme a derecho, valorando exclusivamente si a fecha de la presentación de la solicitud la recurrente tenía acreditados 5 años de residencia legal continuada en España, sin necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 del RD 240/2007 . De tener esa residencia legal deberá expedir el permiso de residencia de larga duración. Y para el caso de no cumplir con dicho plazo temporal se le denegará el permiso de residencia de larga duración solicitado


Llegados a este punto cumple estimar la apelación, revocamos la sentencia de instancia y estimamos parcialmente el recurso contencioso interpuesto por la Sra.  Lorena  . Anulamos la Resolución de la Delegación de Gobierno de 26 de marzo de 2015 confirmada en reposición por Resolución de 24 de agosto de 2015. Y en su lugar acordamos la retroacción del procedimiento de forma que la Delegación de Gobierno procederá a su resolución valorando si la recurrente al tiempo de la presentación de la solicitud de residencia de larga duración cumplía con el requisito de 5 años de residencia legal continuada, sin necesidad de cumplir con los requisitos fijados en el artículo 7 del RD 240/2007 . De cumplirlos procederá a expedir dicha tarjeta, y la denegará en el caso de que no posea esos 5 años de residencia legal continuada en España

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8000161&links=EXTRANJERIA&optimize=20170427&publicinterface=true

CONSECUENCIAS DE LA ELECCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PREFERENTE EN VEZ DE UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO . INVALIDEZ , DISTINTAS CONSECUENCIAS. VOTO PARTICULAR DE LA SENTENCIA DEL TSJ DE BALEARES DE 7 MARZO DE 2017

Roj: STSJ BAL 174/2017 - ECLI: ES:TSJBAL:2017:174
Id Cendoj: 07040330012017100103 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Fecha: 07/03/2017 Nº de Recurso: 374/2016 Nº de Resolución: 111/2017 Procedimiento: Recurso de Apelación Ponente: ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRIGUEZ Tipo de Resolución: Sentencia



VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS D. Fernando Socías Fuster Y Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez, 

CONFORME AL ARTÍCULO 260 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL , FRENTE A LA SENTENCIA RESOLVIENDO EL RECURSO DE APELACIÓN 374/2016, REPRODUCCIÓN DEL VOTO PARTICULAR FORMULADO EN LA SENTENCIA Nº 17/2017, DE 24 DE ENERO (ROLLO DE APELACIÓN 346/2016).


PRIMERO. El art. 63.1º de la LO 4/2000, de 11 de enero , precisa que en el supuesto de infracciones del art. 53.1.a), el procedimiento preferente "será aplicable" cuando concurran alguna de las tres circunstancias siguientes: 
"a) riesgo de incomparecencia; 
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos; 
c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional", luego, el procedimiento preferente "no será aplicable" cuando no concurra alguna de las circunstancias mencionadas. 

Discrepo del criterio mayoritario en cuanto niega trascendencia invalidante: 

1º) a la no indicación, en el seno del procedimiento sancionador, de la o las circunstancias que en el caso justifican la aplicación del procedimiento preferente; y,

 2º) a que se aplique el procedimiento preferente aunque no concurra alguna de las mencionadas circunstancias. La sentencia reconoce que la Administración incumple sistemáticamente la obligación de señalar en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador la razón por la que aplica el preferente, como también reconoce que dicha Administración decide iniciar la modalidad preferente del procedimiento sancionador en todo supuesto de infracción grave del art. 53.1,a), concurra o no alguna de las tres circunstancias del art. 63,1º de la LO 4/2000 . 

Pero luego, considera que ello no son sino unas irregularidades no invalidantes, al no causar indefensión. 

Sobre esta última aseveración se centra mi discrepancia


SEGUNDO. Coincido con el criterio mayoritario en que la falta de indicación de las circunstancias que justifican la aplicación del procedimiento preferente, como la aplicación de dicho procedimiento aunque no concurra alguna de las circunstancias del art. 63,1º de la LO 4/2000 , no es un supuesto de nulidad de pleno derecho del art. 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , pues no hay una omisión total del procedimiento establecido en los términos exigidos por la Jurisprudencia. Me remito a la argumentación del Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia 17/2017. 

TERCERO. En la sentencia de la que se discrepa se afirma que la deficiencia consistente en la falta de indicación de cuál de las tres circunstancias del art. 63,1º de la LO 4/2000 es la que motiva acudir al procedimiento preferente, sólo constituiría un supuesto de anulabilidad ( art. 48,2º de la Ley 39/1995 ), si causase indefensión. Pero a continuación ya advierte que no la hay si el interesado pudo oponerse a este modo de proceder en trámite de alegaciones al acuerdo de iniciación. Y como dicho trámite siempre está presente, nunca habrá indefensión. 

Con la interpretación del criterio mayoritario, se convalida así la práctica administrativa que antes se ha reconocido como generalizada: acudir sistemáticamente al procedimiento preferente en los supuestos de la infracción del art. 53.1,a) de la L.O. 4/2000 , sin necesidad de indicar en ninguno de los trámites del procedimiento, cuál de las tres circunstancias de su art. 63,1º lo permite. 

En discrepancia con el criterio mayoritario, entiendo que la falta de la más mínima mención acerca de cuál de las circunstancias del art. 63,1º de la LO 4/2000 es la que ha llevado a la Administración a aplicar el procedimiento preferente, ya causa indefensión al interesado, pues le priva de la posibilidad de discrepar respecto a la posible concurrencia de aquella circunstancia habilitante que ignora. 

Para llegar a esta conclusión, tomo como referencia que nos encontramos con un procedimiento sancionador, en el que las garantías procedimentales deben respetarse con mayor rigurosidad

Pero también, y principalmente, porque la elección entre el procedimiento preferente o el ordinario, no es irrelevante para el interesado

No sólo afecta a aspectos de celeridad procedimental -traslado del acuerdo de iniciación por 48 horas para alegar y proponer pruebas, frente a los 15 días del procedimiento ordinario- sino que afecta al régimen de ejecutividad de la resolución de expulsión que se vaya a dictar, pues en el procedimiento preferente dicha expulsión se efectuará de forma inmediata (Art. 63,7º LOEX) en contraposición al procedimiento ordinario que incluye la fijación de un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. 

Plazo de cumplimiento voluntario que "podrá prorrogarse durante un tiempo prudencial en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, como pueden ser, la duración de la estancia, estar a cargo de niños escolarizados o la existencia de otros vínculos familiares y sociales" (art. 63 bis 2 LOEX). 

La diferencia en la aplicación del procedimiento procedente afecta también al régimen de las medidas cautelares (art. 63,2º LOEX). Es decir, seguir una tramitación u otra en vía administrativa no solo trae consecuencias procedimentales (cuya irregularidad se liga a la posible indefensión) sino que tiene unas claras consecuencias sustantivas. Así pues, el interesado tiene derecho a conocer el motivo por el que se le aplica el procedimiento preferente de tan drásticas consecuencias respecto al ordinario. Conocimiento, que es el elemento previo a poder defender lo contrario. O lo que es lo mismo: el incumplimiento de la obligación de indicar en el acuerdo de iniciación el motivo por el que se elige el preferente, ya causa indefensión al interesado que no puede oponerse a unos motivos que se le ocultan. 

La falta de indicación y motivación de la razón por la que la Administración aplica un procedimiento especial frente al ordinario, constituye motivo de invalidez de la resolución final. Así lo aprecia el TS en un supuesto similar al que nos ocupa: cuando se acude al procedimiento expropiatorio de urgencia frente al ordinario. En tal supuesto, el TS exige que la Administración justifique y motive la concurrencia de las razones que le permiten acudir al procedimiento de urgencia, de modo que el silencio al respecto, comporta invalidez. Véase la STS 27 de febrero de 2013 (rec. 1888/2010 ) y las que en ellas se citan. Dicha Jurisprudencia afirma que la elección del procedimiento no es una facultad discrecional de la Administración, de modo que es necesaria la concurrencia de alguna de las circunstancias excepcionales que cita el art. 52 de la LEF y, además, que se manifiesten con la exposición de dichas circunstancias. 

Con mayor razón, en un procedimiento administrativo sancionador, añado. 

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que en la extrapolación de garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador, debe incluir las procedimentales. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2003, de 24 de marzo determina que: " la reiterada doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1981, de 8 de junio (FJ 2), que ha declarado, no sólo la aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE , considerando que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, sino que también ha proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE , no mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto. Ello, como se ha afirmado en la STC 120/1996, de 8 de julio (FJ 5), "constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancionadora de la Administración en el Estado social y democrático de Derecho". 

Por último, resulta obvio que el escrito de contestación a la demanda en el proceso contencioso-administrativo -o de oposición a la apelación- no es el cauce adecuado para que la Administración invoque y justifique, por primera vez, que concurre alguna de las tres circunstancias del art. 63,1º LOEX. 

No es el expulsado quien ha de probar cuál es el procedimiento que corresponde, sino que es la Administración la que debe probar que corresponde el preferente, haciéndolo mediante el señalamiento de la concurrencia de la causa legal que habilita su empleo en procedimiento tramitado a tal fin

CUARTO. Mi discrepancia con el criterio mayoritario se acentúa cuando admite que la resolución adoptada en procedimiento preferente será válida, aunque no fuese el procedimiento adecuado por no concurrir alguna de las tres circunstancias del art. 63.1º de la LOEX. 

Concretamente en la sentencia se afirma que si en el acuerdo de iniciación se consigna indebidamente la circunstancia legal que justifica el procedimiento preferente -es decir, si se invoca una que no concurre- ello solo provoca invalidez si el afectado justifica que por la tramitación del preferente en lugar del ordinario, ha padecido una verdadera experiencia de indefensión material. Pero luego se afirma que "la disposición por el afectado del trámite de alegaciones respecto a ese mismo acuerdo de iniciación del procedimiento ya descarta toda idea de una posible experiencia de indefensión". Por lo tanto, conforme al criterio mayoritario, si la Administración opta por el procedimiento preferente aunque no concurra alguna de las tres circunstancias del art. 63,1º, ello sólo supone una irregularidad cuya trascendencia invalidante depende de que cause indefensión. Pero a continuación ya advierte que no la hay si el interesado pudo oponerse a ello en trámite de alegaciones al acuerdo de iniciación. Y como dicho trámite siempre está presente, nunca habrá indefensión. En definitiva, según el criterio mayoritario, nunca será inválido el acuerdo de expulsión dictado en procedimiento inadecuado. 

Me remito al fundamento jurídico anterior, en cuanto a que la tramitación por una u otra vía administrativa no solo trae consecuencias procedimentales (cuya irregularidad se liga a la posible indefensión) sino que tiene unas claras consecuencias sustantivas en cuanto al modo de ejecución de la resolución de expulsión

QUINTO. La sentencia de la que se discrepa parte de la premisa de que conforme al art. 48,2º de la Ley 39/2015 , los defectos procedimentales sólo determinan la anulabilidad cuando dé lugar a la indefensión de los interesados, centrándose luego en la argumentación del por qué no se causa indefensión. 

Pero el art. 48,2º fija otro supuesto más en que los defectos de procedimiento determinan la anulabilidad: "cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin". Cuando hay riesgo de incomparecencia del extranjero, o de que evite o dificulte la expulsión, o de que represente un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, queda justificada la razón de ser de un procedimiento preferente que por tales motivos permitirá acordar el internamiento del extranjero, el acortamiento de plazos del procedimiento y la ejecución de la expulsión de forma inmediata (Art. 63,7º LOEX). 

Pero cuando no concurran estas causas legalmente establecidas, faltaran los requisitos indispensables que justifican el fin perseguido con la tramitación del procedimiento preferente. Por tanto, si no concurre alguna de las tres circunstancias del art. 63.1º de la LOEX, haya o no indefensión -que la hay a mi juicio- la resolución de expulsión por infracción del art. 53.1,a) dictada en procedimiento inadecuado, ya incurre en supuesto de anulabilidad del art. 48,2º de la Ley 39/2015 .

SEXTO. En la sentencia de la que se discrepa se explica con acierto que la doctrina jurisprudencial sobre los efectos de las deficiencias procedimentales se construye sobre la premisa de negarles consecuencias invalidantes cuando la resolución que termina el procedimiento no hubiera sido distinta si el trámite omitido hubiera sido cumplido. Por esto la sentencia, después de negada la posible indefensión, otorga validez al acuerdo de expulsión que de igual modo se hubiera dictado en el procedimiento ordinario, pues el distinto procedimiento no altera la realidad de que el extranjero estaba incurso en el supuesto infractor del art. 53.1.a de la LOEX. 

Pero la resolución final sí es distinta en uno y otro procedimiento

Concretamente, la resolución de expulsión dictada en procedimiento de urgencia incorporará una orden de expulsión inmediata (art. 63,7º LOEX) frente a la simple intimación de salida voluntaria y prorrogable de la resolución de expulsión dictada en el procedimiento ordinario (art. 63,bis.2 LOEX). 

La diferencia entre los dos procedimientos no está en una simple celeridad procedimental (que frecuentemente no es tal), sino en que cada uno conduce a una resolución de expulsión distinta, por lo que la elección de uno u otro procedimiento no es irrelevante.

Así, aquella doctrina que se invocaba para diluir la importancia de los defectos procedimentales que se reconocen que concurren, lejos de avalar el criterio mayoritario de la sentencia, lo desvirtúa. En definitiva, si no concurre alguna de las circunstancias del art. 63,1º LOEX, se dictará acto que carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, con lo que se incurre en supuesto de anulabilidad del art. 48,2º de la Ley 39/2015 . Anulabilidad que no impide la iniciación de un nuevo procedimiento ajustado a derecho y en el que se dictará la resolución procedente. 

En Palma de Mallorca, a 1 de febrero de 2017.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 6 DE ABRIL DE 2017. NO PUEDE TENER CONSECUENCIAS PENALES EL MATRIMONIO DE CONVENIENCIA , NI SUS CONSECUENCIAS SI NO MEDIA ANIMO DE LUCRO . UN MATRIMONIO ES VALIDO Y SURTE EFECTOS HASTA QUE EL ORDEN CIVIL NO DIGA LO CONTRARIO .

  • Nº de Resolución: 261/2017
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 649/2016
  • Fecha: 06/04/2017
  • Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: Matrimonio religioso celebrado en España de ciudadana dominicana con DNI español con ciudadano dominicano que la Audiencia Provincial en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida afirma "contraído de forma simulada, y por lo tanto inexistente", con el único fin de legalizar la situación del acusado; la inscripción en el Registro Civil se califica de mendaz; afirmaciones que también se proyectan sobre la declaraciones realizadas en el expediente para obtener las tarjetas de residente de familiar comunitario de las hijas del "novio", que considera en la propia declaración de hechos probados como genuinas, pero inauténticas. 

En la fundamentación se califica el matrimonio celebrado de "falsedad" y se condena a ambos contrayentes como autores de un delito continuado de falsedad documental ideológica y de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros -sic- del art. 318 bis. Se casa la sentencia y se absuelve a ambos contrayentes de ambos delitos. Ni toda simulación integra nulidad en el ámbito civil; ni todo negocio nulo civilmente por simulación, es falso penalmente. Incluso, en el ámbito civil, no cuenta con una consideración doctrinal única, la prevalecencia de la voluntad interna sobre la declaración emitida. Además en materia matrimonial no devienen absolutamente equiparables ni todas las normas ni todas las categorías que sobre la nulidad resultan previstos en el ámbito contractual. La inexistencia, debe entenderse como equivalente a nulidad absoluta, pues carecen de efecto diferenciado alguno. 

La STS, Sala Primera, núm. 993/1999, de 25 de noviembre, con motivo de analizar la validez de un matrimonio civil celebrado en el extranjero, se califica de «deletérea distinción» la concurrente entre actos jurídicos inexistentes y nulos. 

El pronunciamiento sobre la nulidad del matrimonio no encuentra cobertura en la normativa sobre responsabilidad civil del delito (arts. 110 y ss. CP), en cuanto que no es una medida de carácter patrimonial en sentido estricto. El orden penal carece de jurisdicción para pronunciamientos sobre validez del matrimonio y estado civil, salvo existencia de norma específica atributiva como el art. 193 CP. El art. 5 LECr, impone el criterio excluyente y devolutivo de las cuestiones prejudiciales (su remisión y resolución por Juez o Tribunal civil): cuando sean referentes a la validez de un matrimonio, o cuando traten sobre la supresión de estado civil. 

Donde la sentencia civil determina la penal, no como consecuencia de la cosa juzgada, que no trasciende al proceso penal, sino por los efectos jurídico-materiales que produce la sentencia civil 'constitutiva'; por su eficacia como hecho jurídico, esto es, cuando la sentencia es tomada por la norma sustantiva como presupuesto de hecho de la norma jurídica, y la eficacia probatoria de la misma. Sea cual fuere el alcance derogatorio del art. 10 LOPJ, en relación a la normativa de la LECr sobre cuestiones prejudiciales y la jurisprudencia recaída al respecto, así como del remedio rescisorio integrado en el actual art. 954 e) LECr a las potenciales disfunciones ocasionadas por la exclusividad del art. 10 LOPJ, es doctrina referida siempre al art. 4 LECr -vd. por todas la STS 1490/2001, de 24 de julio-; resta la singularidad jurisdiccional de los pronunciamientos sobre validez de un matrimonio o supresión de estado civil, del art. 5 LECr. Así la STS 60/2005, de 17 de enero: "el Tribunal penal se ha excedido en el ejercicio de su Jurisdicción cuando ha declarado la nulidad del matrimonio como consecuencia del delito, decisión que corresponde a la Jurisdicción Civil, a la que deberá acudir la parte legitimada para ello"

En su consecuencia, aunque el matrimonio adolezca de alguna o algunas causas que afectan a su validez, mientras no haya una declaración judicial en el orden jurisdiccional civil que así lo declare y devenga firma, el matrimonio como tal es válido y produce los efectos que le son propios. 

Así la propia Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de extranjería, solo contemplaba actuación del Ministerio Fiscal ante los matrimonios simulados en el ámbito civil, en forma preventiva y si ya se hubiese inscrito el matrimonio, a través del ejercicio de la acción de nulidad ante la jurisdicción civil; y si la actuación de quienes conciertan estos matrimonios pudiera ser tipificada como delito de inmigración ilegal lo procedente indica la Circular, será, una vez haya sido declarada la nulidad del matrimonio por simulación, solicitar la deducción del correspondiente testimonio del procedimiento civil y su remisión al Juzgado de Instrucción competente, al efecto de incoar las oportunas diligencias penales. 

Los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a falsedad alguna, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión STSS núm. 1004/1997, de 9 de julio y núm. 985/1995, de 17 de noviembre). 

Tampoco tras el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26 de febrero de 1999, y la interpretación lata del concepto de 'autenticidad'. El acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto objetivamente celebrado, el matrimonio in fieri, o ceremonia en forma reconocida. Su contenido tampoco trastoca ninguna de las funciones a que el documento debe responder: perpetuación de las declaraciones emitidas, identificación de sus autores y la estrictamente probatoria de los extremos que son trasladados al Registro Civil

Otrora cuestión sería la declaración, por ejemplo, en expediente de reconstrucción de asiento registral, de haber contraído matrimonio, a efectos de lograr un certificado de unas nupcias que nunca existieron. 


Desde la reforma operada por la LO 1/2015, la acusación que impute el delito del artículo 318 bis 1 del Código Penal habrá de identificar, no solamente la conducta probada, sino la concreta infracción administrativa y la razón por la que ésta adquiere relevancia penal más allá de una antijuridicidades meramente administrativa (STS 646/2015, de 20 de octubre). En autos, ninguna entrada (o tránsito) ilegal se describe y en todo caso, dada la relación familiar directa, con finalidad exclusiva de reagrupación familiar, la hija de muy corta edad y el padre del coacusado, concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad. 

Sí existiría ayuda para permanecer en España, pero la tipicidad del art. 318 bis.2, exige ánimo de lucro, que en autos no concurre. Cuando el matrimonio de conveniencia o reconocimiento de un niño, con el fin de de obtener o hacer obtener un título de residencia, evitar la expulsión, de adquirir o hacer adquirir o hacer adquirir la nacionalidad, quiere sancionarse en todo caso, surge la necesidad de tipificarse específicamente; y así en Francia (art. L623-1 del Código de entrada y de residencia de los extranjeros y del derecho de asilo), Bélgica (art. 79 bis Ley de acceso al territorio, residencia, establecimiento y expulsión de extranjeros: y 79 ter para parejas de hecho -cohabitación legal-) o Portugal (art. 186 de la Ley sobre las condiciones y procedimientos de entrada, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del territorio portugués), con una extensión punitiva muy diversificada. 

Nuestro legislador ha optado por considerar ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito [art. 53.2.b) LO Extranjería], sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros [art. 55.1.b)], en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro.

TUTORIAL EN ARABE :COMO SOLICITAR CITA EN EXTRANJERÍA

LOS TORNOS QUE HAN PUESTO EN MELILLA.¿ MEDIO MILLÓN DE EUROS ?