viernes, 25 de mayo de 2018

RUMANOS , CHINOS Y MARROQUÍES PAGAN LAS PENSIONES : LA AFILIACIÓN EXTRANJERA VUELVE A NIVELES PREVIOS A LA CRISIS



Rumanos, chinos y marroquíes pagan las pensiones: la afiliación extranjera vuelve a niveles previos a la crisis

Una de las claves para que el sistema de la Seguridad Social sea viable y las pensiones estén garantizadas es que España atraiga capital humano, que vuelva a ser un país al que trabajadores extranjeros acuden en busca de empleo y que, en consecuencia, eleven las cotizaciones sociales. Por ahora, las cifras en este sentido son todavía insuficientes pero sí hay algunos datos que resultan esperanzadores y que, en ciertos casos, están ya en niveles sólo registrados durante los años previos a la crisis. Y en esta situación están siendo básicos los afiliados procedentes de Rumanía, Marruecos y China

sábado, 19 de mayo de 2018

CHILDISH GAMBINO - THIS IS AMERICA


COMENTARIO :  RACISMO , ARMAS , EXCLUSIÓN SOCIAL , VIOLENCIA , LIBERTAD DE EXPRESIÓN .... MUCHO QUE PENSAR . ESTA CANCIÓN SE HACE EN ESPAÑA Y LA LEY MORDAZA ARRASA CON EL ARTISTA , CON LA LETRA Y LA AUDIENCIA NACIONAL LO SENTENCIA POR DELITO DE ODIO .   AINSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ESTA ES ESPAÑA 

AYAX . DESAHUCIO

jueves, 17 de mayo de 2018

AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA REVOCANDO LA MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAMIENTO DE UN EX- MENA


Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Valencia
Sección: 5
Fecha: 27/04/2018
Nº de Recurso: 398/2018
Nº de Resolución: 385/2018
Procedimiento: Recurso de apelación. Autos de instrucción
Ponente: JOSE ANTONIO MORA ALARCON
Tipo de Resolución: Auto


En este caso, la excepcionalidad de la medida cautelar de internamiento, en cuanto privativa de libertad, y su reserva de aplicación para los casos en los que exista un riesgo de que el extranjero trate de eludir la ejecución de la resolución de expulsión, no se adecua a las circunstancias personales del recurrente, de nacionalidad marroquí, pues consta que ya tuvo residencia legal en España - durante sus estancia en el Centro de Menores, manifestando por ello que quiere de nuevo legalizar su situación - que le fue revocada por el simple hecho de cumplir su mayoría de edad, de manera que desde entonces ha ido realizando distintos trabajos, como la recogida de naranja que refiere en su declaración, y lo que es más importante tiene domicilio fijo en el que al parecer consta empadronado - manifiesta que lo tiene alquilado junto otro amigo habiendo residido anteriormente en Aldaya, Estas circunstancias, unidas al hecho de que su expediente se encuentra en fase de alegaciones, que no constan antecedentes por hechos delictivos del mismo, inclinan a pensar que no cabe afirmar la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión voluntariamente, sin internamiento forzoso.

Todo ello sin perjuicio de lo que resulte del decreto de expulsión que han de enjuiciar los tribunales del orden administrativo y del posible recurso que haya podido interponer el recurrente según manifiesta su abogado.
Existen, pues, datos indiciarios bastantes para entender suficientemente acreditado, a los efectos examinados, que en el recurrente no concurría el riesgo de intentar sustraerse a la actuación administrativa, por lo que procede estimar el recurso y declarar que no es procedente la medida cautelar adoptada al no inferirse cumplidamente la concurrencia de riesgo de que hubiera tratado de impedir mediante la fuga, que la expulsión se hubiera podido llevar a efecto.

FUENTE : CENDOJ 

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO MAYO SOBRE LA COMPATIBILIDAD DESDE LA SOLICITUD DE ASILO A LA SOLICITUD DE ARRAIGO SOCIAL


EL TRIBUNAL SUPREMO TAMBIÉN VA A DECIDIR CUALES SON LOS MEDIOS ECONÓMICOS EXIGIBLES CUANDO UN EX MENOR DE EDAD VA A RENOVAR O MODIFICAR SU PERMISO DE RESIDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 197 DEL RD 557/2011

  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 3141/2017
  • Fecha: 25/04/2018
  • Tipo Resolución: Auto
RESUMEN: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que las normas jurídicas a interpretar son el artículo 197 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, en relación con los artículos 46 y siguientes del mismo RD 557/2011 (específicamente su art. 51 puesto en relación con el art. 47). La cuestión casacional a elucidar consistirá en determinar lo siguiente: 1) cuál es el régimen jurídico aplicable a la renovación de una de autorización de residencia temporal no lucrativa, otorgada al amparo del artículo 197 del Real Decreto 557/2011: contenido en el artículo 197 del Real Decreto 557/2011 (como postula el recurrente), o el regulado en los artículos 46 y ss del mismo Real Decreto 557/2011 (específicamente en su art. 51 puesto en relación con el art. 47), con base en los cuales fue denegada por la Administración; 2) cuál es la cuantía de los medios económicos que, en su caso, se deben acreditar y si en ellos deben computarse las posibles prestaciones asistenciales, así como la trascendencia que, a estos efectos, cabe atribuir a los posibles informes positivos presentados por las autoridades competentes ex art. 51.6 y ex art. 197.2.b) del Real Decreto 557/2011.

sábado, 5 de mayo de 2018

AUTO MEDIDA CAUTELAR POSITIVA DEL JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 TOLEDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018 . MEDIDA CAUTELAR POSITIVA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA MENOR DE EDAD HIJO DE RESIDENTE LEGAL

AUTO MEDIDA CAUTELAR POSITIVA DEL JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 TOLEDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018 . MEDIDA CAUTELAR POSITIVA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA MENOR DE EDAD HIJO DE RESIDENTE LEGAL

AUTO MEDIDA CAUTELAR POSITIVA DEL JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 TOLEDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018 . MEDIDA CAUTELAR POSITIVA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA MENOR DE EDAD HIJO DE RESIDENTE LEGAL



(...)

En el presente caso, debe accederse a la medida solicitada pues si bien la efectividad de la sentencia no está comprometida ya que sea cual sea el sentido de su fallo se podrá ejecutar en sus propios términos (se podrá conceder la autorización), si cabe apreciar una posible pérdida de la finalidad legítima del recurso en cuanto a que a la recurrente no se le ha concedido la autorización y hasta que se sustancie el recurso no dispondrá de la misma (si a ello tiene finalmente derecho). Por ello, lo que debemos hacer es ponderar si el interés público puede sufrir una perturbación grave si se accede a la medida interesada y para hacer esa ponderación debemos entender que para conceder una medida positiva como la interesada, excepcionando el criterio jurisprudencial reiterado de que no son susceptibles de suspensión los actos negativos, deben apreciarse situaciones personales excepcionales o de arraigo familiar también excepcionales que nos permitan apreciar claramente una prevalencia del interés del recurrente y de terceros (familiares), sobre el general.

En el presente caso, se advierte esa situación excepcional pues la no concesión de la media provisional daría lugar a la ruptura de las relaciones familiares entre la recurrente (de nacionalidad venezolana) con su madre, debiendo tener en cuenta además que tanto la menor como la madre ostentan a priori fuertes elementos de arraigo con España por residencia anterior, y sólo esta circunstancia revela que no podemos apreciar perjuicio para el interés público si adoptamos la medida cautelar positiva interesada, por lo que debe accederse a la misma

Felicitaciones a la Letrada del Colegio de Abogados de la Palma : Maria Emilia Chiossi Más información

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 . CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA ES VALIDO PARA ACREDITAR LOS AÑOS DE RESIDENCIA PARA EL ARRAIGO SOCIAL . CONTRATO DE HABITACIÓN PRIVADO ES VÁLIDO PARA ACREDITAR LA RESIDENCIA CONTINUADA.

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 . CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA ES VALIDO PARA ACREDITAR LOS AÑOS DE RESIDENCIA PARA EL ARRAIGO SOCIAL . CONTRATO DE HABITACIÓN PRIVADO ES VÁLIDO PARA ACREDITAR LA RESIDENCIA CONTINUADA.


Fecha: 22/12/2017
Nº de Recurso: 147/2017
Nº de Resolución: 475/2017


TERCERO: Se alega por el recurrente error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho de igualdad, del art 14 de la CE , toda vez que por otro juzgado de lo contencioso administrativo de esta capital se admitió un contrato de arrendamiento como medio de acreditación de la residencia en nuestro territorio.

Efectivamente el supuesto excepcional que sustenta su solicitud es el del 124.2 del RD 557/2011, por tanto en primer lugar debe acreditarse la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años, en el presente recurso se acredita su residencia continuada mediante empadronamiento en dos municipios, sin embargo existe un periodo de seis meses en el que no estuvo empadronado en municipio alguno, aportando un contrato de habitación en Las Palmas de GC por tiempo de seis meses, documento que no ha sido considerado por el juzgador a quo como prueba suficiente para acreditar su residencia continuada.

Sin embargo no existe en nuestro ordenamiento una limitación de medios de prueba, por ello deben ser valorados todos aquellos documentos aportados por el recurrente, estimando la Sala que salvo acreditación de su falsedad, el contrato de habitación aportado por el recurrente, es un medio válido que acredita su estancia en territorio español durante esos seis meses en que no estuvo empadronado en ayuntamiento alguno.

Ello nos lleva a estimar el recurso y, por tanto, a entrar en los otros dos aspectos que fueron analizados por la administración en su resolución denegatoria, así, en relación a que no se han aportado certificado de antecedentes penales del país de origen, examinado el expediente administrativo no consta requerimiento alguno para su aportación.

Es cierto que el art 124.2 a) del RD 557/2011 exige para la obtención del permiso solicitado "a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años", habiendo entendido el recurrente que dada la redacción del precepto y teniendo en cuenta que reside en nuestro país desde el 2006, no era necesario la solicitud de antecedentes penales en su país de origen, dado que el artículo señala que deberá presentar dicho certificado o el del país en el que hubiera residido los últimos cinco años, por lo que teniendo en cuenta que durante dicho periodo residió en España había cumplido con la aportación de los certificados de antecedentes penales exigidos en dicho artículo.

Es cierto que la interpretación es razonable, pero si la administración estimó que era preciso la presentación de dos certificados y dada la residencia en nuestro territorio era imprescindible la presentación del de el país de origen, debió haber requerido al recurrente a fin de que lo aportara, cosa que no hizo.

Finalmente, en relación a que la contratante no está al día con sus obligaciones con la Administración tributaria, dicha aseveración no consta en momento alguno del expediente, consta una declaración trimestral pero de ella no se deduce que mantenga deuda alguna, por el contrario se ha aportado un certificado de la AEAT conforme al cual la contratante está al día en el cumplimiento de sus obligaciones.


Por lo anterior, procede estimar el recurso anulando la sentencia impugnada así como la resolución por ella confirmada, a fin de que por la administración se efectúe requerimiento al recurrente a fin de que aporte el certificado de antecedentes penales en su país de origen.  (¿?¿?¿?¿?¿)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE ( GRAN SALA ) 17 DE ABRIL DE 2018 . EL DERECHO A LA PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON RESIDENCIA PERMANENTE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE ( GRAN SALA ) 17 DE ABRIL DE 2018 . EL DERECHO A LA PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON RESIDENCIA PERMANENTE

El  derecho a la protección reforzada contra la expulsión del territorio está sujeto, en particular, al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE  JUSTICIA (Gran Sala)de 17 de abril de 2018 (*)


“Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión Europea - Derecho a residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros - Directiva 2004/38/CE - Artículo 28, apartado 3, letra a) - Protección reforzada contra la expulsión - Requisitos - Derecho de residencia permanente - Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores a la decisión de expulsión del Estado miembro de que se trate - Período de estancia en prisión - Consecuencias sobre la continuidad de la residencia de diez años - Relación con el examen global del vínculo de integración - Momento en el que tiene lugar dicho examen y criterios que han de tenerse en cuenta”

En los asuntos acumulados C-316/16 y C-424/16,


El Asunto C-424/16, Vomero En 1985 Franco Vomero, de nacionalidad italiana, se trasladó al Reino Unido con su esposa, de nacionalidad británica. La pareja se separó en 1998; el Sr. Vomero abandonó entonces el domicilio conyugal y se trasladó a vivir con el Sr. M.
El Sr. Vomero mató al Sr. M el 1 de marzo de 2001. En 2002 fue condenado a ocho años de prisión por homicidio. Fue puesto en libertad en julio de 2006.
Mediante resolución de 23 de marzo de 2007, confirmada el 17 de mayo de 2007, el Ministro del Interior británico (Secretary of State for the Home Department) decidió expulsar al Sr. Vomero, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre inmigración del Reino Unido de 2006. El Sr. Vomero fue mantenido en prisión hasta el mes de diciembre de 2007 a la espera de su expulsión.
La Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), que conoce de este litigio, considera que el Sr. Vomero no había adquirido un derecho de residencia permanente antes de ser objeto de la medida de expulsión. Sin embargo, ese tribunal observa que el Sr. Vomero lleva residiendo en el territorio del Reino Unido desde el 3 de marzo de 1985, lo que la lleva a preguntarse si podría estimarse que ha residido en dicho Estado miembro “durante los diez años anteriores”, en el sentido de la Directiva, de modo que podría, en su caso, gozar de la protección reforzada contra la expulsión.

(...)


En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:


1) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la protección contra la expulsión prevista en dicha disposición está sujeto al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente en el sentido de los artículos 16 y 28, apartado 2, de dicha Directiva.

2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores” que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.

3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores”, en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial.

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 3 DE PAMPLONA DE 20 DE ABRIL DE 2018 . ESTIMA RECURSO . EXPULSIÓN : NO DEBE SER TENIDA EN CUENTA LA PENA EN ABSTRACTO

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 3 DE PAMPLONA DE 20 DE ABRIL DE 2018 . ESTIMA RECURSO . EXPULSIÓN : NO DEBE SER TENIDA EN CUENTA LA PENA EN ABSTRACTO


Sentencia del Juzgado de lo Contencioso núm. 3 de Pamplona/Iruña de 20 de abril de 2018. Estima el recurso. Expulsión: no debe ser tenida en cuenta la pena en abstracto.

Ponente: Dña. Ana Irurita Diez de Ulzurrum
Sentencia: 102/2018

Nuestro agradecimiento y felicitación a la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, Lourdes Etxeberria Zudaire.
Comentario:

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso núm. 3 de Pamplona/Iruña de 20 de abril de 2018. Se estima el recurso. Estima el recurso. Expulsión: no debe ser tenida en cuenta la pena en abstracto. Remite a la Sentencia del TSJ Madrid en Sentencia de 27 de septiembre de 2017 

FUENTE : MIGRACONDERECHOS Más información

SENTENCIA DEL TJUE DE 24 DE ABRIL DE 2018 . CONCEDE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA DE UNA VÍCTIMA DE TORTURAS PASADAS

SENTENCIA DEL TJUE DE 24 DE ABRIL DE 2018 . CONCEDE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA DE UNA VÍCTIMA DE TORTURAS PASADAS

Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 53/18 Luxemburgo, 24 de abril de 2018
Sentencia en el asunto C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department: (Protección subsidiaria de una víctima de torturas pasadas)


Una persona que haya sido víctima en el pasado de torturas en su país de origen puede acogerse a la «protección subsidiaria» si corre un riesgo real de verse deliberadamente privada de un tratamiento adecuado a su estado de salud física o mental en ese país
La expulsión a dicho país puede asimismo ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos
MP, nacional de Sri Lanka, llegó al Reino Unido como estudiante en enero de 2005. En 2009 presentó una solicitud de asilo en la que alegaba que había sido miembro de la organización «Tigres para la Liberación de la Patria Tamil» (LTTE), que había sido detenido y torturado por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka y que corría el riesgo de sufrir nuevamente maltrato si regresaba a dicho país. Las autoridades británicas denegaron la solicitud de asilo de MP y decidieron asimismo no concederle la protección subsidiaria basándose en que no había quedado probado que se hallase nuevamente amenazado en caso de regresar a su país de origen.
Una Directiva de la Unión 1 establece las normas mínimas relativas a la «protección subsidiaria» con el fin de completar la protección internacional conferida por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. La protección subsidiaria se concede a todo aquel que no goce del estatuto de refugiado pero se halle expuesto en su país de origen a alguna amenaza grave como la pena de muerte, la tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes. A los beneficiarios de la protección subsidiaria se les concede una autorización de residencia de duración limitada. En cuanto a los nacionales de Estados no miembros de la Unión que no gocen de la protección subsidiaria, un Estado miembro puede discrecionalmente autorizarlos a residir en su territorio por compasión o por razones humanitarias, debiendo tenerse en cuenta que tales nacionales no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

LEER MAS : COMUNICADO DE PRENSA Más información

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA : MEDIACIÓN INTERCULTURAL

Fecha de impartición: -
Horas teóricas presencial: 6
Horas prácticas presencial: 6
Horas lectivas: 12
Horas trabajo autónomo del alumnado: 13
ECTS: 1
Plazas disponibles: 29
Aula: Centro de Visitantes Chinyero (Avda. La Iglesia, 26), SANTIAGO DEL TEIDE
Categoría: Curso de Extensión ULL

Descripción

Objetivos
- Lograr que el asistente al curso adquiera conocimientos básicos sobre mediación intercultural.
- Apuntalar y fortalecer las relaciones sociales en la comunidad, favoreciendo la responsabilización del ciudadano en la gestión y resolución de los problemas de convivencia social.
- Aportar conceptos y herramientas que favorezcan la creación de espacios de diálogo y participación ciudadana.
- Empoderar a las personas a fin de que puedan identificar sus capacidades para afrontar y proponer soluciones a sus propios conflictos.
 
Horario:
  • Miércoles 16:00 20:00
  • Jueves 16:00 20:00
  • Viernes 16:00 20:00
 
Profesorado:
  • Candelaria Luque Linares
  • Carmen Laura Hernández Perera
  • Manuel Hernández Hernández
  • Amanda Negrin Plata
 
Metodología docente
Además de las exposiciones teóricas, habrán ejercicios prácticos, trabajos en grupo, debates, ensayos, lectura de materiales, proyecciones de vídeo y tareas individuales.
 
Programa
  • Abriendo el apetito
    Concepto y principios de la mediación.
    La diferencias con la mediación comunitaria.
    Co-construyendo las definiciones con el alumnado asistente a partir de sus creencias y realidades.
    Imparten:
    - Candelaria Luque Linares
    - Manuel Hernández Hernández, Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Información y Trabajo Social, ULL
  • Herramientas que ayudan
    Mediación comunitaria preventiva orientada a asimilar la cultura del acuerdo en la comunidad, poniendo en práctica herramientas que fomenten la convivencia pacífica entre la ciudadanía. A partir de ejercicios prácticos aprender a observar el conflicto como una oportunidad de crecimiento y cambio individual y de la comunidad en su conjunto.
    Imparte: Amanda Negrín Plata
  • Mezclando colores
    Mediación comunitaria intercultural resolutiva y círculos restaurativos aplicados a la comunidad desde una visión práctica.
    Imparte: Carmen Laura Hernández Perera
 
Criterios de evaluación
Se expedirá un certificado de asistencia a aquellos que asistan a un mínimo del 80% de las horas lectivas (control mediante firmas). Además, el alumnado que presente satisfactoriamente el trabajo autónomo recibirá un certificado de aptitud y convalidación por ECTS.
Trabajo autónomo del alumnado: Entrevistas a personas de diversa procedencia (familiares, vecinos, compañeros de trabajo...). Presentación de una memoria del curso.
 
Observaciones
Curso organizado por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad y el Ayuntamiento de Santiago del Teide