domingo, 11 de septiembre de 2016

KHALED - CHEB MARLBORO



MAMI NO LO TENGAS EN CUENTA , QUE AHORA ESTOY AQUÍ PARA TODO LO QUE TU QUIERAS ....

COMENTARIO  :  A REAGRUPARRRRRRRRR.... ESTAMOS EN TIEMPO DE ELLO TODOS LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS QUE HAN PODIDO SALIR AIROSOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DESASTROSO .... CHAPO A TODOS/AS LOS MENAS QUE HAN SOBREVIVIDO ... UN MILAGRO .

sábado, 3 de septiembre de 2016

PRUEBAS DE NACIONALIDAD : MARCELO BELGRADO Y AURELIA ALVAREZ EN A VIVIR , PROGRAMA DE LA SER HABLANDO DE LAS PRUEBAS DE NACIONALIDAD



Muchos de los migrantes, refugiados o deportistas que llegan a España quieren en algún momento tener un pasaporte español, sin embargo, no en todos los casos es igual de sencillo. Conocemos la historia de un migrante económico, de un deportista de élite y de una refugiada política y nos ayudan a entender las dificultades de cada caso Marcelo Belgrado, Coordinador de los servicios de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid y Miembro del Consejo General de la Abogacía Española y Aurelia Álvarez, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León y autora del Blog MigrarConDerechos.com

http://cadenaser.com/programa/2016/08/26/a_vivir_que_son_dos_dias/1472230210_863788.html

 

miércoles, 3 de agosto de 2016

EL ACTA DE AUDIENCIA O ENTREVISTA EN EL EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 12 DE JULIO DE 2016. RETROTRAE EL EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD. LA IMPORTANCIA DEL ACTA DE AUDIENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACION SOCIAL .





ROJ: SAN 2799/2016 - ECLI:ES:AN:2016:2799
Nº Sentencia: 359/2016
Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Nº Recurso: 1063/2015 -- Fecha: 12/07/2016
Tipo Resolución: Sentencia 
Resumen: DENEGACION NACIONALIDAD ESPAÑOLA


(...)

Pues bien, el acta de audiencia ante la Jueza Encargada del Registro Civil de Murcia, levantada el 12 de mayo de 2009, refleja el parecer del Juez sin dejar constancia de la totalidad de las concretas preguntas formuladas al promotor del expediente de nacionalidad ni las respuestas dadas por este a tales preguntas. De modo que tal acta se limita a poner de manifiesto que la compareciente entiende y habla sin dificultad la lengua castellana, lee con dificultad la lengua castellana y no sabe escribirla, así como que está insuficientemente adaptada a la cultura y estilo de vida españoles, como consecuencia de llevar unos diecisiete años residiendo en España desconociendo todo lo referente al sistema de gobierno, autoridades, poderes del Estado, división
territorial, costumbres, fiestas, etc. y que su grado de integración es a todas luces insuficiente.

Pues bien, dadas las características que presenta el acta de audiencia o entrevista de la promotora del expediente de nacionalidad ante el Juez Encargado del Registro Civil, resulta insuficiente para fundamentar per se una resolución denegatoria de nacionalidad española por razón de residencia.

Así es, el acta no permite negar la suficiente integración social de la solicitante en nuestra sociedad, en atención a su falta de conocimiento institucional básico y de la cultura y medio de vida españoles, dado que no refleja las concretas preguntas formuladas y las respuestas dadas por el solicitante de nacionalidad. El acta  se limita a recoger las conclusiones del Juez Encargado del Registro Civil acerca del grado de adaptación del compareciente a la cultura y estilo de vida españoles, poniendo de relieve su parecer al respecto.

La circunstancias expuestas, pese a la especial relevancia que cabe atribuir a la conclusión del Juez Encargado del Registro Civil acerca del grado de integración social de la promotora, privan a esta Sala de la fuente de conocimiento que le permitiría valorar si las preguntas formuladas responden verdaderamente a un nivel básico mínimamente aceptable respecto del conocimiento institucional, cultural y social básico de nuestra comunidad, es decir, si las respuestas a tales preguntas pueden revelar la falta de suficiente integración social en España de quien pretende obtener la nacionalidad española, para lo cual resulta necesario tener conocimiento de la totalidad de las preguntas realizadas y respuestas dadas.

En conclusión, ante la falta de constancia del contenido concreto de la entrevista a la que fue sometida la demandante por el Encargado del Registro Civil que nos permita descartar que la misma no se desarrollara sobre unas premisas de excelencia en el conocimiento y que la misma abarcó la estructura básica institucional y la realidad, cultural, geográfica e histórica del país del que se pretende ser nacional, concluye la Sala que el acta del Encargado no permite afirmar un desconocimiento, desinterés o desvinculación de la entrevistada con la realidad del Estado cuya nacionalidad se pretende obtener.

(...)

Ahora bien, la anterior consideración no puede conllevar la estimación de la pretensión principal de la parte demandante, consistente en la concesión de la nacionalidad española a la recurrente, dada la carencia de elementos de juicio suficientes para apreciar la integración de la promotora del expediente en la sociedad española, cuya prueba constituye, como ya dijimos, carga de la solicitante de nacionalidad y requisito inexcusable para el otorgamiento de la nacionalidad española por residencia.

Por todo ello, la anulación del acto recurrido debe ir acompañada únicamente de la reposición de las actuaciones seguidas en el procedimiento administrativo para que se lleve a cabo un nuevo examen del grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles de la promotora del expediente de nacionalidad, mediante la correspondiente entrevista con el Juez Encargado del Registro Civil, donde conste la totalidad de las concretas preguntas realizadas y sus respuestas, y se dicte una resolución debidamente motivada.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 12 DE JULIO DE 2016 . ESTIMA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD . INTEGRACIÓN SOCIAL . ¿CÓMO LLEGA ESTE EXPEDIENTE A LA AUDIENCIA NACIONAL ? "EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO DE PALO"

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 12 DE JULIO DE 2016 . ESTIMA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD . INTEGRACIÓN SOCIAL . ¿CÓMO LLEGA ESTE EXPEDIENTE A LA AUDIENCIA NACIONAL ? "EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO DE PALO"


ROJ: SAN 2796/2016 - ECLI:ES:AN:2016:2796
Nº Sentencia: 356/2016
Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso 
Municipio: Madrid -- Sección: 1 
Nº Recurso: 1003/2015 -- Fecha: 12/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: DENEGACION NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(...)


Como decíamos, la resolución administrativa recurrida se sustenta en el resultado de la entrevista mantenida por el promotor con el Juez Encargado del Registro Civil de Cornellá de Llobregat, de donde deduce la ausencia de suficiente grado de integración en nuestro país del promotor por el hecho de su deficiente conocimiento del castellano.

No obstante, el contenido del acta de comparecencia, levantada con fecha 10 de abril de 2013 con motivo de tal entrevista, no sustenta razonablemente las conclusiones que extrae la resolución recurrida y, por ende, no permite apreciar falta de suficiente grado de integración en la sociedad española del promotor por insuficiente conocimiento del castellano.

Así es, en el Auto propuesta del Juez Encargado del Registro Civil de 18 de abril de 2013 afirma que "el promotor/a del expediente NO entiende ni habla el castellano adecuadamente, por lo que NO esta plenamente integrado a las costumbres, valores y realidad económica, social y familiar española", sin que tal afirmación vaya acompañada de motivación alguna que ponga de relieve las concretas circunstancias consideradas para alcanzar tal juicio.

Por el contrario, el acta de comparecencia pone de manifiesto un suficiente conocimiento del castellano por parte del promotor para relacionarse socialmente con normalidad, aun cuando no sepa escribirlo, pues contesta a un elevado número de preguntas formuladas por el Encargado del Registro Civil, con quien mantiene un dialogo coherente acerca de acerca de la realización de cursos de formación o de estudios en España, el colegio donde cursan estudios sus hijos, su integración en el modo de vida y costumbres españolas, su relación con sus vecinos y compañeros de trabajo, su medio de vida y actividad laboral, su buena conducta y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y ciudadanas, su lugar de residencia, sus viajes a Marruecos y sus planes de futuro.

Ciertamente, el promotor del expediente de nacionalidad contesta erróneamente a preguntas sobre los organismos internacionales de que forma parte España, el color de la bandera española, qué día se celebra la fiesta nacional de Cataluña, monumentos de España y qué significa la expresión en casa del herrero cuchillo de palo, tal y como afirma la resolución administrativa recurrida, pero en respuesta a otras preguntas contesta de forma razonablemente acertada a cuestiones relativas a las provincias que integran la Comunidad Autónoma Catalana, los idiomas que se hablan en España, quien es el presidente de Cataluña, quien es el alcalde de su localidad de residencia, también con nombre y apellidos, el significado de las siglas del PSOE, a qué edad alcanzan los hombres y las mujeres la mayoría de edad en España, cada cuantos años se celebran las elecciones generales en España, si pueden adoptar hijos las personas que han contraído matrimonio del mismo sexo, cual es la religión predominante en España y el principio de igualdad de derechos que rige entre hombres y mujeres.

En tales circunstancias habremos de acudir al examen conjunto de las circunstancias acreditadas por el recurrente que pudieran poner de manifiesto su grado de integración en la sociedad española para constatar la concurrencia de este requisito, necesario para obtener la nacionalidad española.

Pues bien, tal y como acredita el contenido del expediente administrativo y la documentación aportada por la parte actora, el promotor reside legalmente en España desde el año 2000, vive en una vivienda de su propiedad, se encuentra casado y tiene tres hijos, dos de los cuales están escolarizados en un colegio público, y convive con su familia. Además, ha trabajado en España, cotizando a la Seguridad Social durante casi todo el tiempo de residencia en España, primero como trabajador por cuenta ajena y después como autónomo, constituyendo su propia empresa que se dedica al sector de la construcción, en diversas ocupaciones, ha realizado cursos de formación en Albañilería y Prevención de Riegos en la Construcción, Segundo Ciclo, impartidos por Gestió Grup Palau SL, presenciales de 20 y 60 horas respectivamente, posee carnet de conducir que ha obtenido en España y aporta documentación justificativa de la presentación de declaración del IRPF.

Por último, el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, obrante en el expediente administrativo pone de manifiesto el arraigo del promotor en España y su conocimiento del idioma español.

En todo caso, debe precisarse que cabe un conocimiento no acabado del idioma, pero ello no significa falta de integración, cuando el grado de manejo del mismo ha resultado idóneo para conocer y poder asumir los valores de esa sociedad, como es evidente que ocurre en el caso que ahora nos ocupa y como pone de relieve el resultado de la entrevista con el Encargado del Registro Civil y la documentación aportada por el interesado sobre su grado de integración en la sociedad española En tales circunstancias, de conformidad con la doctrina jurisprudencial antes expuesta, ha de concluirse que el recurrente muestra armonización de su régimen de vida con los principios y valores sociales, suficiente grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como su arraigo laboral y familiar en nuestro país, lo que conduce a apreciar su suficiente grado de integración en nuestra sociedad.

Por todo lo expuesto, estimándose acreditado el suficiente grado de integración social del recurrente en la sociedad española, exigida por el artículo 22.4 del Código Civil , único requisito para la obtención de la nacionalidad española controvertido, procede la estimación de presente recurso contencioso-administrativo

VISADO REAGRUPACIÓN FAMILIAR

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE JULIO DE 2016. CONCEDE VISADO DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR , PORQUE NADIE IMPUGNO JUDICIALMENTE EL DOCUMENTO EXTRANJERO NO LEGALIZADO Y APOSTILLADO . DOCUMENTO VALIDO QUE PRUEBA EL MATRIMONIO .

ROJ: STS 3735/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3735
Nº Sentencia: 1893/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
Nº Recurso: 3839/2015 -- Fecha: 20/07/2016
Tipo Resolución: Sentencia

Resumen: Extranjería. Visado. Reagrupación familiar. Es posible denegar el visado por la Embajada española en el extranjero por dudar de la autenticidad de algunos documentos presentados pese a que previamente se había concedido el permiso de residencia temporal por reagrupación familiar. Valoración de una sentencia extranjera aportada como prueba documental. Diferencia entre la homologación de un título ejecutivo o sentencia judicial dictada en el extranjero para que produzca efectos en España con la fuerza probatoria de un documento extranjero para acreditar un hecho. Se estima el recurso de casación y se accede al visado solicitado.


(...)

Esta jurisprudencia, posteriormente reiterada en sentencias como la de 25 de abril de 2014 (Recurso: 10/2013 ), ha permitido que la Embajada o Consulado a la vista de la documentación original aportada, no solo la contraste con el original sino que también indague sobre la autenticidad sobre los documentos presentados o, incluso, como ocurre en el supuesto planteado en la STS de 23 de julio de 2014 (Recurso: 2995/2013 ) que se investigue si existen datos que permitan pensar que se trata de un matrimonio fraudulento o de complacencia.

Por ello hemos afirmado también que <>.
(...)

Es por ello que, conforme a una interpretación conjunta de los artículos 56 y 57 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril y en aplicación de la jurisprudencia antes reseñada, es posible denegar el visado de entrada, pese a existir una resolución administrativa concediendo la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar, cuando la Embajada duda de la autenticidad de la documentación presentada tras una actividad instructora adicional en su país de origen, sin que sea necesario proceder a la revisión de oficio de la resolución administrativa que le concedió tal permiso.
(...)

La fuerza probatoria de los documentos extranjeros aparece regulada en otro precepto distinto, el art. 323 de la LEC , en el que bajo la rúbrica "Fuerza probatoria de los documentos extranjeros" se establece que
<< 1º Que en el otorgamiento o confección del documento se hayan observado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado para que el documento haga prueba plena en juicio.

2º Que el documento contenga la legalización postilla y los demás requisito necesarios para su autenticidad en España [...]>>.

En este caso se incorporó una sentencia judicial original con los sellos y que aparentemente está firmada por la autoridad judicial que la expidió y con los certificados correspondientes.

Es cierto que no consta su apostilla o legalización por lo que podría sostenerse que no cumple los requisitos para que tuviese fuerza probatoria propia de un documento público, esto es, prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que se documenta, de la fecha en que se produce y de los identidad de los fedatarios ( art. 319 de la LEC ), pero dicho documento no fue impugnado ni en la vía administrativa ni en la instancia por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, por lo que no existen razones para dudar de su autenticidad del mismo y de su valor probatorio de los hechos que acredita. No debe olvidarse, en tal sentido, que incluso los documentos privados cuya autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique harán prueba plena en el proceso en los términos previstos en el art. 319 para los documentos públicos ( art. 326 de la LEC ).

Es por ello que la sentencia al no entrar a valorar este documento infringió los citados preceptos e incurrió en una incorrecta valoración de la existente, por lo que procede anular la sentencia y entrar a valorar el documento aportado.

ASILO Y PERMANENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS . TRATA DE SERES HUMANOS .

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE JULIO . ASILO VS PERMANENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS . TRATA DE SERES HUMANOS . ARTÍCULO 125 Y 144 DEL RD 557/2011


 
 

ROJ: STS 3821/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3821
Nº Sentencia: 1972/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Municipio: Madrid -- Sección: 3
 Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
 Nº Recurso: 2320/2015 -- Fecha: 26/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: Asilo. Permanencia por razones humanitarias.

La sentencia de instancia denegó el asilo por entender que la recurrente salió de su país de origen por su propia voluntad, aunque engañada por una organización dedicada al tráfico de seres humanos, y no consta que las autoridades nigerianas o sus agentes ejercieran sobre ella tratos inhumanos o degradantes o no le brindaran la protección adecuada. No obstante, aplicando el artículo 31.4 y 5 del Real Decreto 203/1995 o subsidiariamente el art. 125 del Real Decreto 557/2011 considera que concurren razones humanitarias en la recurrente para autorizar su permanencia en España. Y ello por entender que de la prueba existente queda acreditado que se ha sido objeto de un proceso de trata de mujeres




SEGUNDO . El recurso resulta contradictorio en los términos en los que se plantea. Los razonamientos jurídicos en los que se sustenta muestran que la discrepancia se centra en el precepto legal aplicado por la sentencia impugnada para conceder la permanencia en España por razones humanitarias, pero mostrándose conforme con la decisión alcanzada. De hecho, se afirma que <>. Y ello por entender que el cauce normativo propuesto por el representante del Estado es más ventajoso y tuitivo para la recurrente.

Sin embargo, se termina solicitando de este Tribunal Supremo que se case y anule la sentencia recurrida y, en su lugar, <>, lo que conllevaría no solo la denegación del asilo solicitado sino también la permanencia en España. En efecto, la resolución administrativa, cuya confirmación se solicita, denegó el asilo y la protección subsidiaria a la solicitante sin concederle la permanencia por razones humanitarias, por lo que de accederse a lo solicitado en el suplico la recurrente en la instancia se vería privada de la posibilidad de permanecer en España por razones humanitarias, posibilidad que, sin embargo, no combate el representante del Estado, es más, la acepta expresamente, llegando incluso a sostener que su recurso combate el cauce normativo utilizado por la sentencia de la Audiencia Nacional porque va en perjuicio de solicitante y reduce la protección que le dispensa la normativa de extranjería.

Existe, por tanto, una patente contradicción entre lo argumentando y el suplico de su recurso de casación, que lo hace inviable en los términos planteados, pues no es posible acceder a lo solicitado en base a los argumentos jurídicos esgrimidos en el mismo.

Pero, con independencia de esta contradicción, y aunque atendiésemos tan solo a los razonamientos jurídicos de su recurso, tampoco podría estimarse el mismo. El recurso discrepa del artículo aplicado por el tribunal sentenciador para conceder la permanencia en España, entendiendo que en lugar del art. 125 debería haber aplicado el art. 144 del Reglamento de extranjería, por cuanto el aplicado reduce <>.

De modo que, planteado en tales términos, el recurso estaría destinado a discutir la fundamentación jurídica pero no el fallo y lo haría en defensa de la legalidad y de los intereses de la solicitante. Pero ni el recurso de casación es un cauce adecuado para discrepar de algunos de los razonamientos contenidos en la fundamentación jurídica, si se muestra conforme con la decisión alcanzada, ni el Abogado del Estado ostenta legitimación para defender los intereses de terceros, en este caso los de la solicitante de asilo ( STS 2 de febrero de 2000, recurso 1379/1995 y ATS 16 de septiembre de 2014, (recurso 2036/2013 ), sin olvidar que la afectada ni ha recurrido la sentencia de instancia ni se muestra conforme con la tesis del Abogado del Estado
a la que expresamente se opone en casación.

Y todo ello independientemente de que la previsión del art. 46.3 de la Ley 12/2009 , autorizando la permanencia en España por razones humanitarias <>, esto
es, por razones humanitarias. Lo cual no es óbice para que pueda accederse a esta protección por otras vías, tal y como contempla el 144 del Real 557/2011, de 20 de abril, que regula la obtención de la autorización de residencia y trabajo referida a los supuestos en los que la víctima de trata de un delito de trata de seres humanos haya colaborado con la investigación del delito o tomando en consideración su situación personal


Bajo la dirección letrada de Don Pablo de Antonio Hernanz

CIRCUNSTANCIAS HUMANITARIAS VINCULADAS O NO CON UNA SITUACIÓN DE RIESGO , CONFLICTO O INESTABILIDAD EN SU PAÍS DE ORIGEN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE JULIO DE 2016 . LAS RAZONES HUMANITARIAS VINCULADAS O NO CON UNA SITUACIÓN DE RIESGO , CONFLICTO O INESTABILIDAD EN SU PAÍS DE ORIGEN .VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE DE ASILO EN NUESTRO PAÍS .


ROJ: STS 3836/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3836
Nº Sentencia: 1973/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE  Nº Recurso: 374/2016 -- Fecha: 26/07/2016
Resumen: Asilo. Permanencia por razones humanitarias. Presencia en España de un hijo menor de nacionalidad española. Utilización de este cauce para impedir el cumplimiento de una orden de expulsión por motivos de orden público.



Y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, establece en su artículo 125 que << Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en los artículos 37.b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado en la normativa sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos que prevea la norma de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre>>.

Es por ello que conforme a la normativa vigente, la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen.

Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería.


TERCERO.-

(...)

Y solo cuando se encontraba en un centro de internamiento para proceder a su expulsión de nuestro territorio presentó una solicitud de asilo basada en una supuesta persecución en su país de origen a raíz de unos hechos acaecidos durante una visita a Ecuador dos años antes (2011), relacionada con una pelea entablada con otras personas, incluyendo entonces como motivo de permanencia por razones humanitarias el ser padre de un niño de nacionalidad española residente en España.

El hecho de tener un hijo de nacionalidad española sin duda puede ser tomado en consideración para ponderar la proporcionalidad de una medida de expulsión, tal y como se desprende de la STS de 26 de enero de 2005 (rec. 1164/2001 ) y de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional al afirmar, respecto a la correcta interpretación y aplicación del derecho a la vida familiar, derivado de los artículos 8.1 CEDH y art. 7 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 10.1 , 39.1 y 39.4 de la Constitución , que <>
.
Pero esta ponderación se ha de producir al tiempo de discutir la legalidad de la orden de expulsión, pues es allí donde se puede evaluar la importancia y gravedad de las razones que han llevado a acordar su expulsión del territorio español frente a la situación personal, económica y familiar en la que quedaría su hijo.

No es este el caso que nos ocupa, en el que el recurrente no consta impugnase la orden de expulsión ni que adujera entonces ser padre de un menor de nacionalidad española, circunstancia que, sin embargo, invoca al hilo de una petición de asilo carente de toda consistencia y que ha sido rechazada tanto en vía administrativa como en la sentencia de instancia, sin que el recurrente cuestione en casación la denegación del asilo.

La existencia de un hijo menor de nacionalidad española, como causa que justifique su permanencia en nuestro país por razones humanitarias, planteada con motivo de su petición de asilo, no puede analizarse desvinculada de los antecedentes expuestos, ni convertirse en un hecho autónomo que permita eludir el cumplimiento de la orden de expulsión por motivos de orden público -no en vano tanto el art. 37.b como el art. 46.3 de la Ley de asilo al prever la permanencia por razones humanitarias se remiten a las previsiones de la ley de extranjería-, pues ni puede ponderarse en este proceso la legalidad y proporcionalidad de la orden de expulsión en su día acordada, ajena al objeto del recurso que nos ocupa, ni la simple alegación de ser padre de un menor de edad de nacionalidad española, sin acreditar ninguna otra circunstancia relacionada con la custodia, alimentos, residencia de su otro progenitor etc.., puede ser evaluada como una causa de permanencia de carácter excepcional, tratándose más bien de un último intento de eludir el cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión por motivos de orden público, cuya legalidad no fue rebatida en su día.

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES POR COLABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE JULIO DE 2016 . DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COLARABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

ROJ: STS 3800/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3800
Nº Sentencia: 1993/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Municipio: Madrid -- Sección: 3
 Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
 Nº Recurso: 2920/2015 -- Fecha: 27/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: COLABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.



 ROJ: STS 3803/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3803
Nº Sentencia: 1990/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Municipio: Madrid -- Sección: 3
 Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
 Nº Recurso: 3856/2015 -- Fecha: 27/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: COLABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.



Ya esta Sección ha tenido ocasión de manifestar (sentencia de 25 de septiembre de 2013, dictada en el recurso 2667/2102 ), que "la expresión PODRÁ que le otorga un carácter graciable en cuanto expresa un derecho a "pedir" pero no a "obtener" previa valoración de circunstancias y con informe de la Secretaria de Estado de la Seguridad" lo que nos lleva, como expresamos en nuestra sentencia de 10 de mayo de 2013 (recurso 2003/2012 ), a sostener que "Esta discrecionalidad no implica que la Administración no motive la denegación de esa autorización, ya que está obligada legalmente a ello a fin de evitar la arbitrariedad prohibida en nuestra carta magna (artículo 9 )" y ello máxime cuando lo que se está valorando es una situación de hecho que sirve de base para la concesión o denegación. Sentado lo anterior, ha de resaltarse que la resolución recurrida motiva la denegación de la solicitud del recurrente por el argumento esencial de que no se ha acreditado la supuesta colaboración con las autoridades administrativas sino que lo que se ha producido es el cumplimiento de una orden judicial de desalojo sin incidencias.

domingo, 31 de julio de 2016

LOS VIENTRES DE ALQUILER . LA FILIACIÓN DE LOS NACIDOS . LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL . ¿ APATRIDAS ? . LUIS JAVIER CAPOTE PEREZ . UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA




JUSTICIA Debe indemnizar a los padres de los tres niños

El Tribunal de Derechos Humanos condena a Francia por no reconocer a unos hijos de vientres de alquiler

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/21/5790c307268e3e57168b4607.html

El presidente luso promulga la ley de vientres de alquiler tras anterior veto

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/13/actualidad/1463141605_818846.html

SAVE THE CHILDREN Still The Most Shocking Second A Day


domingo, 24 de julio de 2016

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : INCLUSIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ COMO ACREDITACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESIDENCIA COMUNITARIA

Inclusión de las pensiones no contributivas de invalidez como acreditación de recursos suficientes para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea

Tipo de resolución:
Recomendación
Fecha:
25/02/2016
Administración:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración
Respuesta de la Administración:
Pendiente
Queja número:
16000826

Resumen

Se ha constatado que ciudadanos españoles con discapacidad reconocida legalmente, y con matrimonio inscrito en el Registro Civil español, están sufriendo una discriminación directa al no haberse previsto ajustes razonables en la normativa de extranjería para que las pensiones no contributivas de invalidez consten como acreditación suficiente de los recursos necesarios para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. La valoración de la situación personal y familiar de los solicitantes con discapacidad en los procedimientos de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea no puede quedar a los criterios de oportunidad de las diferentes delegaciones y subdelegaciones de Gobierno.

Texto

Se ha recibido escrito en el que el interesado manifiesta que la Subdelegación del Gobierno en Toledo ha denegado la tarjeta de familiar de nacional comunitario a su cónyuge, doña… al no quedar acreditado que cuenta con recursos económicos suficientes de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 240/2007. Se adjunta copia de la resolución. Asimismo el recurso de alzada interpuesto frente a la resolución denegatoria fue desestimado recientemente. El interesado es beneficiario de una pensión no contributiva de invalidez, como queda acreditado en el certificado de pensión mensual expedido por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, cuya copia se adjunta.
Consideraciones
1. El derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, es el objeto del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Uno de sus principios es la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad y el de la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. En su artículo 63 se establece que «se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas».
2. De la situación de hecho expuesta ante esta institución se desprende que un ciudadano español con discapacidad reconocida legalmente y con su matrimonio inscrito en el Registro Civil español, está sufriendo una discriminación directa al no haberse previsto ajustes razonables en el procedimiento para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
3. El interesado ha sufrido también una discriminación indirecta puesto que, a pesar de que el contenido de la Orden PRE/1490/2012 tiene una naturaleza aparentemente neutra, ha ocasionado una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad. Asimismo, doña… habría sufrido una discriminación por asociación que es la que resulta cuando una persona o grupo en que se integra, es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.ç
4. La Orden PRE/1490/2012 establece los requisitos para ejercer el derecho de residencia superior a tres meses y la documentación necesaria tanto para la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, como para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Se ha de acreditar la disposición de recursos suficientes, para sí y para los miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia. La valoración de la suficiencia de medios deberá efectuarse de manera individualizada y en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante (artículo 3 2.c. 2ª).
5. En el presente caso la Subdelegación del Gobierno en Toledo no ha tomado en consideración la situación personal y familiar del interesado y no ha adoptado medidas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad.
6. Con esta misma fecha se ha dirigido una Sugerencia a la Subdelegación del Gobierno Toledo para la revocación de la denegación de la tarjeta de familiar de nacional comunitario a doña… y se proceda a su efectiva concesión salvo que, por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se concluya la imposibilidad de su concesión.
7. Con independencia del presente caso y, en cumplimiento del principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad (por el cual todas las actuaciones que desarrollan las administraciones públicas tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad), es preciso impartir instrucciones de carácter general para desarrollar el contenido de Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, puesto que no puede dejarse la valoración de la situación personal y familiar de los solicitantes con discapacidad en los procedimientos de adjudicación de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, a un criterio de oportunidad de las diferentes delegaciones y subdelegaciones de Gobierno.
8.-Esta queja reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en los artículos 1, 9 y 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta institución.
Decisión
De conformidad con los artículos 28 y 30 de la citada Ley Orgánica, reguladora del Defensor del Pueblo, se formula a esa Secretaría General la siguiente:
RECOMENDACIÓN
Impartir instrucciones específicas para incluir las pensiones no contributivas de invalidez como acreditación de recursos suficientes a fin de obtener la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En la seguridad de que esta Recomendación será objeto de atención por parte de esa Secretaría General.

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : REVOCACIÓN DE LA DENEGACIÓN DE LA TARJETA DE UN FAMILIAR NACIONAL COMUNITARIO CON DISCAPACIDAD . PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ

Revocación de la denegación de la tarjeta de un familiar de nacional comunitario

Tipo de resolución:
Sugerencia
Fecha:
25/02/2016
Administración:
Subdelegación del Gobierno en Toledo
Respuesta de la Administración:
Pendiente
Queja número:
16000826

Resumen

Se denegó la tarjeta de familiar de nacional comunitario al cónyuge de un ciudadano español con discapacidad porque la cantidad correspondiente a la pensión no contributiva de invalidez no cumplía con el requisito de la acreditación de suficiencia económica previsto en el Real Decreto 240/2007. La Subdelegación del Gobierno en Toledo no tomó en consideración la situación personal y familiar de los interesados, ni adoptó medidas para corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirectamente menos favorable que otra que no lo sea por motivos de discapacidad.

Texto

Se ha recibido escrito en el que el interesado manifiesta que le ha sido denegada la tarjeta de familiar de nacional comunitario a su cónyuge, doña… al no quedar acreditado que cuenta con recursos económicos suficientes, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 240/2007. Se adjunta copia de la resolución. Asimismo el recurso de alzada interpuesto frente a la resolución denegatoria ha sido desestimado. El interesado es beneficiario de una pensión no contributiva de invalidez, como queda acreditado en el certificado de pensión mensual expedido por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, cuya copia se adjunta.
Consideraciones
1. El derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, es el objeto del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Uno de sus principios es la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad y el de la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. En su artículo 63 se establece que «se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas».
2. De la situación de hecho expuesta ante esta institución se desprende que un ciudadano español con discapacidad, reconocida legalmente y con matrimonio inscrito en el Registro Civil español, está sufriendo una discriminación directa al no haberse previsto ajustes razonables en el procedimiento para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
3. El señor… ha sufrido también una discriminación indirecta puesto que el contenido de la Orden PRE/1490/2012, que tiene una naturaleza aparentemente neutra, ha ocasionado una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad. Asimismo, doña…habría sufrido una discriminación por asociación que es la que resulta cuando una persona o grupo en que se integra, es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
4. La Orden PRE/1490/2012 establece los requisitos para ejercer el derecho de residencia superior a tres meses y la documentación necesaria tanto para la inscripción en el Registro Central de Extranjeros como para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Se ha de acreditar la disposición de recursos suficientes, para sí y para los miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia. La valoración de la suficiencia de medios deberá efectuarse de manera individualizada y en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante (artículo 3 2.c. 2ª).
5. En el presente caso la Subdelegación del Gobierno en Toledo no ha tomado en consideración la situación personal y familiar de don… y no ha adoptado medidas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad.
6. Esta queja reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en los artículos 1, 9 y 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta institución.
Decisión
De conformidad con los artículos 28 y 30 de la citada Ley Orgánica, se formula a esa Subdelegación del Gobierno la siguiente:
SUGERENCIA
Revocar la denegación de la tarjeta de familiar de nacional comunitario al cónyuge de ciudadano español, doña… y proceder a su efectiva concesión salvo que, por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se concluya la imposibilidad de su concesión.
En la seguridad de que esta Sugerencia será objeto de atención por parte de esa Subdelegación del Gobierno

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : TRAMITACIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Tramitación en el plazo establecido de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados

Tipo de resolución:
Recordatorio
Fecha:
04/03/2016
Administración:
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Subdelegación del Gobierno en Cádiz
Respuesta de la Administración:
Sin Seguimiento
Queja número:
15010743

Resumen

La interesada estuvo dos años a disposición de los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía, cumpliendo la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia que le correspondía en su condición de menor extranjera no acompañada en situación de desamparo.

Texto

Se acusa recibo de su escrito sobre el asunto arriba indicado, en el que se comunica que no constan en esa Subdelegación del Gobierno datos acerca de la interesada, ignorando el motivo por el que no se ha solicitado su autorización de residencia.
Consideraciones
1. El artículo 196.1, del reglamento de extranjería dispone que una vez se haya acreditado la imposibilidad de repatriación del menor, y en todo caso, transcurridos nueve meses desde que haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, se le otorga la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Asimismo, se especifica que la Oficina de Extranjería de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que esté fijado el domicilio del menor iniciará, de oficio, por orden superior o a instancia de parte, el procedimiento relativo a la autorización de residencia.
2. En el presente caso, la menor fue puesta a disposición de los servicios de protección de menores el 16 de noviembre de 2012, y su desamparo fue declarado nueve meses después, el 19 de agosto de 2013. El grupo de menores de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado de que la menor no se encuentra inscrita en el Registro Central de Menores extranjeros no acompañados.
3. La Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía ha comunicado que solicitó a esa Subdelegación del Gobierno la concesión de cédula de inscripción, a la vista de la indocumentación de la menor. Sin embargo, tras recibir el 7 de abril de 2014 desde Nigeria su partida de nacimiento, se paralizó la solicitud, iniciando los trámites para obtener su pasaporte, lo que finalmente no fue posible.
4. Se comprueba el incumplimiento de las previsiones de los artículos 191 y siguientes, del reglamento de extranjería. El citado incumplimiento ha permitido que la interesada alcance la mayoría de edad estando indocumentada y que, a pesar de haber estado más de dos años bajo la tutela de la entidad de protección de menores, su situación fuese desconocida por esa Subdelegación del Gobierno.
Decisión
1. Se ha considerado necesario dar traslado del presente asunto a la Fiscalía General del Estado.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, se le RECUERDA EL DEBER LEGAL que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, y por tanto, tramitar, en el plazo establecido, la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados, cuyos efectos se han de retrotraer a la fecha de su puesta a disposición de los servicios de protección de menores.
En la seguridad de que este Recordatorio de deberes legales será objeto de atención por parte esa Subdelegación del Gobierno.

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : CONFIDENCIALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REFORMA ADOPTADAS CON LOS MENORES

Confidencialidad de las medidas de reforma adoptadas con los menores

Tipo de resolución:
Recordatorio
Fecha:
22/04/2016
Administración:
Subdelegación del Gobierno en Cádiz
Respuesta de la Administración:
Pendiente
Queja número:
16003220

Resumen

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz denegó la autorización de residencia de un menor tutelado con base a un informe policial en el que se hacía referencia a las medidas judiciales adoptadas en un procedimiento de reforma iniciado durante su minoría de edad.

Texto

Se ha dirigido a esta institución la Fundación (…) mostrando su disconformidad con la resolución denegatoria de la autorización de residencia del menor arriba indicado al haber sido objeto de medidas judiciales de internamiento, según informe emitido por la Policía.
Consideraciones
El artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone que se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad, sin hacer depender dicha residencia regular de ninguna otra circunstancia.
Esta cuestión ya fue trasladada a V.I. en un caso similar (expediente 13023603).
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, en su artículo 48.2 referido al expediente personal de las personas sometidas a la ejecución de medidas, especifica que “dicho expediente tendrá carácter reservado y solamente tendrán acceso al mismo el Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad autónoma, los jueces de menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, también tendrán acceso al expediente”.
La disposición adicional tercera de la citada Ley Orgánica, relativa al registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en dicha norma, especifica que los datos de estas sentencias solo podrán ser utilizados por los jueces de menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 6, 30 y 47 de la ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que no resulta ajustada a derecho la utilización de dichos datos por otros organismos, ni a otros efectos que los establecidos.
La Instrucción 11/2007, de 12 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que aprueba el protocolo de actuación policial con menores, alude expresamente a la necesidad de tener en cuenta sus derechos en cualquier actuación policial. En este sentido, estipula que los registros policiales donde conste la identidad y otros datos que afecten a la intimidad tienen un carácter estrictamente confidencial, no pudiendo ser consultados por terceros, pudiendo únicamente tener acceso a ellos las personas que participen directamente en la investigación de un caso en trámite o que, en ejercicio de sus competencias, autorice expresamente el Juez de Menores o el Fiscal de Menores.
Decisión
El Defensor del Pueblo en el ejercicio de las responsabilidades que le confieren los artículos 54 de la Constitución y 1 y 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta institución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.1 de aquella Ley Orgánica, reitera el deber legal que le incumbe de respetar la estricta confidencialidad de las reseñas de los menores y la prohibición de utilizar datos obtenidos de los expedientes tramitados bajo la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, en otro tipo de procedimientos.
En atención a lo establecido en el citado artículo 30.1, se formula la siguiente:
SUGERENCIA
Revocar la resolución de 16 de febrero de 2016, por la que se denegó la autorización de residencia temporal no lucrativa inicial solicitada por el interesado, dictando otra que estime la solicitud, retrotrayendo sus efectos al momento en el que debió renovarse la anterior autorización concedida. Asimismo, la resolución dictada no debe tomar en consideración las medidas policiales o judiciales que, en el ámbito de la Ley de responsabilidad penal del menor, se hayan podido adoptar.

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : ESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA FORMULADA POR UN MENOR NO ACOMPAÑADO EN BASE A UN INFORME POLICIAL ( CON MEDIDAS JUDICIALES )

Estimación de la solicitud de autorización de residencia formulada por un menor extranjero no acompañado

Tipo de resolución:
Sugerencia
Fecha:
22/04/2016
Administración:
Subdelegación del Gobierno en Cádiz
Respuesta de la Administración:
Pendiente
Queja número:
16003220

Resumen

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz denegó la autorización de residencia de un menor extranjero tutelado con base a un informe policial en el que se hacía referencia a las medidas judiciales adoptadas en un procedimiento de reforma iniciado durante su minoría de edad.

Texto

Se ha dirigido a esta institución la Fundación (…) mostrando su disconformidad con la resolución denegatoria de la autorización de residencia del menor arriba indicado al haber sido objeto de medidas judiciales de internamiento, según informe emitido por la Policía.
Consideraciones
El artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone que se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad, sin hacer depender dicha residencia regular de ninguna otra circunstancia.
Esta cuestión ya fue trasladada a V.I. en un caso similar (expediente 13023603).
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, en su artículo 48.2 referido al expediente personal de las personas sometidas a la ejecución de medidas, especifica que «dicho expediente tendrá carácter reservado y solamente tendrán acceso al mismo el Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad autónoma, los jueces de menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, también tendrán acceso al expediente».
La disposición adicional tercera de la citada Ley Orgánica, relativa al registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en dicha norma, especifica que los datos de estas sentencias solo podrán ser utilizados por los jueces de menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 6, 30 y 47 de la ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que no resulta ajustada a derecho la utilización de dichos datos por otros organismos, ni a otros efectos que los establecidos.
La Instrucción 11/2007, de 12 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que aprueba el protocolo de actuación policial con menores, alude expresamente a la necesidad de tener en cuenta sus derechos en cualquier actuación policial. En este sentido, estipula que los registros policiales donde conste la identidad y otros datos que afecten a la intimidad tienen un carácter estrictamente confidencial, no pudiendo ser consultados por terceros, pudiendo únicamente tener acceso a ellos las personas que participen directamente en la investigación de un caso en trámite o que, en ejercicio de sus competencias, autorice expresamente el Juez de Menores o el Fiscal de Menores.
Decisión
El Defensor del Pueblo en el ejercicio de las responsabilidades que le confieren los artículos 54 de la Constitución y 1 y 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta institución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.1 de aquella Ley Orgánica, reitera el deber legal que le incumbe de respetar la estricta confidencialidad de las reseñas de los menores y la prohibición de utilizar datos obtenidos de los expedientes tramitados bajo la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, en otro tipo de procedimientos.
En atención a lo establecido en el citado artículo 30.1, se formula la siguiente:
SUGERENCIA
Revocar la resolución de 16 de febrero de 2016, por la que se denegó la autorización de residencia temporal no lucrativa inicial solicitada por el interesado, dictando otra que estime la solicitud, retrotrayendo sus efectos al momento en el que debió renovarse la anterior autorización concedida. Asimismo, la resolución dictada no debe tomar en consideración las medidas policiales o judiciales que, en el ámbito de la Ley de responsabilidad penal del menor, se hayan podido adoptar.

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE MENAS , MINAS , ACREDITADA LA IMPOSIBILIDAD DE RETORNO CON SU FAMILIA O AL PAÍS DE ORIGEN

Tramitación de la autorización de residencia de menores extranjeros no acompañados, acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen

Tipo de resolución:
Recordatorio
Fecha:
09/05/2016
Administración:
Generalitat de Cataluña. Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
Respuesta de la Administración:
Sin Seguimiento
Queja número:
15004407

Resumen

Se iniciaron actuaciones con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia por la falta de tramitación de la autorización de residencia de tres menores extranjeros tutelados por los servicios de protección de la Generalitat de Cataluña, tras las que se constató la demora en iniciar dicha tramitación pese a estar acreditada la imposibilidad de retorno de los menores a su país.

Texto

Se acusa recibo de su escrito, en el que se informa que (…), (…) y (…) obtuvieron autorizaciones de residencia mediante resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona de 5 de mayo de 2015, de 27 de junio de 2015 y de 27 de octubre de 2015, respectivamente.
Consideraciones
De la información remitida por V.I. así como de la proporcionada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, se observa lo siguiente:
1. (…), expediente 15004407, fue puesto por segunda vez a disposición de esos servicios de protección el 12 de septiembre de 2014, sin que se presentase la solicitud de autorización de residencia hasta el 26 de junio de 2015. La autorización solicitada se concedió mediante Resolución de 27 de octubre de 2015.
2. (…), expediente 15004545-01, fue puesto a disposición de los servicios de protección el 25 de septiembre de 2014, sin que se instase la tramitación de su residencia. Con fecha 24 de febrero de 2015, la Subdelegación del Gobierno solicitó a esa entidad de protección la documentación para iniciar la tramitación de su residencia, que se concedió el 5 de mayo de 2015.
3. (…), expediente (15004545-02), ingresó en los servicios de protección el 24 de diciembre de 2014, sin que se tramitase su autorización de residencia hasta que, con fecha 12 de marzo, la Subdelegación del Gobierno interesó de ese organismo la remisión de la documentación que constase del menor para iniciar dicho trámite. Finalmente, con fecha 15 de mayo de 2015, se presentó la correspondiente solicitud de residencia.
Decisión
El Defensor del Pueblo en el ejercicio de las responsabilidades que le confieren los artículos 54 de la Constitución y 1 y 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta institución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la citada Ley Orgánica, RECUERDA EL DEBER LEGAL que incumbe a los servicios de protección de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, instando la tramitación de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.
En la seguridad de que este Recordatorio de deberes legales será objeto de atención por parte de ese organismo, se informa a la entidad compareciente del resultado de las actuaciones practicadas con motivo de la tramitación de la presente queja, y se dan por FINALIZADAS las mismas.
Le saluda muy atentamente,

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO , POR EL REAGRUPANTE , DE LOS REQUISITOS ECONÓMICOS EXIGIDOS

Autorización de residencia por interés superior del menor así como el cumplimiento, por el reagrupante, de los requisitos económicos exigidos

Tipo de resolución:
Sugerencia
Fecha:
10/05/2016
Administración:
Subdelegación del Gobierno en Alicante
Respuesta de la Administración:
Pendiente
Queja número:
15014661

Resumen

La Subdelegación del Gobierno en Alicante denegó las autorizaciones de residencia solicitadas por la esposa e hija del interesado, debido a la escasa cuantía de los ingresos obtenidos durante los doce meses anteriores a la solicitud, pese a contar con medios económicos superiores a los exigidos en el momento de la solicitud.

Texto

Se acusa recibo de su escrito en el que se informa sobre la denegación de las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar solicitadas a favor de la esposa e hijos del interesado, debido a la escasa cuantía de los ingresos obtenidos durante los doce meses anteriores a la solicitud, todo ello, pese a contar con medios económicos superiores a los exigidos reglamentariamente.
Consideraciones
1. El Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de extranjería, en su artículo 54 referido a los medios económicos a acreditar para obtener la residencia por reagrupación familiar, dispone la cuantía que se debe aportar, con carácter de mínima, especificando que la misma se encuentra referida al momento de solicitar la autorización. El punto 2 de dicho artículo estipula la denegación de la solicitud si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior, concretando que dicha previsión de mantenimiento se determinará teniendo en cuenta la evolución de los obtenidos por el reagrupante en los seis meses previos a la presentación de la solicitud.
2. A la vista de la normativa citada, no es posible compartir la afirmación de esa Subdelegación de que «aunque la cuantía de los recursos resultante de la estimación anterior sea suficiente, la solicitud deberá ser denegada si no existe una perspectiva de mantenimiento de la fuente de ingresos», toda vez que es precisamente dicha valoración de ingresos de los seis meses anteriores a la solicitud, la que el Reglamento dispone específicamente que se debe tener en cuenta para determinar la perspectiva de mantenimiento de medios durante el año siguiente. Por tanto, no se entiende ajustada a derecho la valoración de períodos de tiempo más amplios de los reglamentariamente dispuestos «porque el Reglamento no lo prohíbe».
3. Se informa de la minoración de la cuantía exigida en un veinticinco por ciento, en caso de que los solicitantes sean menores, así como la posibilidad de minorar un porcentaje mayor en caso de concurrir circunstancias excepcionales acreditadas en base al interés superior del menor. Sobre este asunto, el artículo 39.4 de la Constitución española dispone que «Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos», declarando el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño». Asimismo, el artículo 10 de la Convención dispone que «… toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva…».
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, a la que el Reglamento se remite para establecer las circunstancias en las que dicho interés superior aconseje la minoración, dispone en su artículo 11.2 a) como principio rector de la acción administrativa, «la supremacía del interés del menor», recogiendo los apartados b), c) y d) los principios de mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, de integración familiar y social, así como de prevención de las situaciones perjudiciales para su desarrollo personal.
4. El señor (…)  cumpliría en el momento de presentar las solicitudes los requisitos económicos fijados reglamentariamente, incluso sin minorar las cuantías exigidas en base a la condición de menores de los solicitantes. Asimismo, no puede determinarse de manera indubitada que no exista perspectiva de mantenimiento de los ingresos aportados, teniendo en cuenta los obtenidos en los seis meses anteriores, según dispone la normativa citada.
5. Al igual que se ha comunicado con ocasión de otras actuaciones anteriores, esta institución entiende que no es preciso argumentar el interés de los menores a convivir con sus padres, ya que la mención de su edad y de su separación resulta suficiente, salvo que se acrediten circunstancias que no lo hicieran aconsejable. Precisamente este interés superior motivó la inclusión en el Reglamento de la minoración de las cuantías exigidas para la reagrupación de menores de edad.
Decisión
Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular a esa Subdelegación del Gobierno la siguiente:
SUGERENCIA
Revocar las resoluciones denegatorias de las autorizaciones de residencia solicitadas por la esposa e hijos del interesado, dictando otras en las que se concedan dichas autorizaciones, a la vista del
Autorización de residencia por  interés superior del menor así como el cumplimiento por el reagrupante de los requisitos económicos exigidos.
Autorización de residencia por  interés superior del menor así como el cumplimiento por el reagrupante de los requisitos económicos exigidos.
En la seguridad de que esta Sugerencia será objeto de atención por parte de esa Subdelegación del Gobierno,
le saluda muy atentamente,

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : RENOVACIÓN DE RESIDENCIA DE UN MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO QUE HA ACCEDIDO A LA MAYORÍA DE EDAD

Renovación de residencia de un menor extranjero no acompañado que ha accedido a la mayoría de edad

Tipo de resolución:
Sugerencia
Fecha:
20/05/2016
Administración:
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Respuesta de la Administración:
Subjudice
Queja número:
16001377

Resumen

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real denegó la renovación de la autorización de residencia a un ex menor tutelado, pese a estar incluido en un programa de una Fundación que le proporciona vivienda y sustento y contar con un Informe Social positivo emitido por el Ayuntamiento de la localidad en la que reside.

Texto

Se acusa recibo de su escrito, en el que se comunican los motivos de la denegación de la renovación de la residencia de don (…).
Consideraciones
1. El artículo 197 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de extranjería, establece que los menores tutelados por la Administración una vez que acceden a la mayoría de edad, renovarán su residencia de acuerdo con el procedimiento para la renovación de una autorización de residencia temporal de carácter no lucrativo. Se establecen determinadas particularidades referidas a la cuantía a acreditar como medios económicos para su sostenimiento, así como a la toma en consideración de los informes positivos que, en su caso y a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas competentes.
2. En el presente caso, el interesado está incluido en el Programa de autonomía y vida independiente patrocinado por la Fundación (…), que le proporciona vivienda, sustento y una asignación monetaria mensual de 120 euros. Asimismo cuenta con el Informe Social emitido por el Ayuntamiento de Daimiel en sentido positivo y acredita inserción en la sociedad española, a tenor de lo estipulado en el citado artículo 197 en su punto 3, que relaciona las circunstancias que se tendrán en especial consideración para determinar dicho grado de inserción: respeto a las normas de convivencia, conocimiento de la lengua, existencia de lazos familiares con ciudadanos extranjeros residentes, tiempo sujeto a tutela por la Administración, continuidad en los estudios y participación en itinerarios de formación.
Decisión
Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular a esa Subdelegación la siguiente:
SUGERENCIA
Revocar la resolución denegatoria de la renovación de autorización de residencia del interesado, dictando otra en la que se conceda la solicitud presentada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento de extranjería, referido al acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de una autorización de residencia.
En la seguridad de que esta Sugerencia, será objeto de atención por parte de esa Subdelegación del Gobierno,
le saluda muy atentamente,

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

Autorización de residencia por razones humanitarias y certificado de antecedentes penales

Tipo de resolución:
Sugerencia
Fecha:
20/05/2016
Administración:
Subdelegación del Gobierno en Toledo
Respuesta de la Administración:
Pendiente
Queja número:
15009034

Resumen

Ante las dificultades de obtención de un certificado actualizado de antecedentes penales de un ciudadano extranjero de origen africano por motivos ajenos al solicitante, el Defensor ha realizado una sugerencia para que esta dificultad no impida la concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias dadas las circunstancias médicas de gravedad en las que se encuentra el solicitante.

Texto

Se acusa recibo de su escrito sobre el asunto arriba indicado, en el que se comunica que se ha solicitado el certificado de antecedentes penales del país de origen de don (…) e informe clínico emitido en los términos recogidos en el Reglamento de extranjería.
Consideraciones
1. En el escrito del Defensor del Pueblo de 22 de octubre de 2015 se le participó que al señor (…) le había sido imposible la obtención del certificado de antecedentes penales puesto que la Embajada de la República de Mali en España no tramita certificados penales. Es necesario realizar este trámite en Mali, o bien que algún familiar lo realice en su nombre en el mencionado país. Ninguna de las dos opciones es posible en el caso del señor (…).
2. Se le reitera que el Defensor del Pueblo intervino ante la Dirección General de Inmigración con motivo de la problemática relativa a las dificultades de obtención de certificado de antecedentes penales de ciudadanos extranjeros de origen africano, en concreto nigerianos, que se encontraban irregularmente en España y pretendían acogerse a alguno de los supuestos de autorización de residencia por circunstancias excepcionales y sin que fuese posible aportar el mencionado certificado ya que su obtención requería necesariamente viajar a Nigeria para solicitarlo personalmente. Esta institución se dirigió a dicha Dirección General a fin de articular las vías existentes en nuestro ordenamiento jurídico para posibilitar una solución satisfactoria a la situación que se planteaba. En el año 2011 se impartieron instrucciones a todas las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno en el sentido de tomar en consideración para determinar la validez del certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen la fecha de su primera presentación ante la Administración española, tal y como se acredita en la copia de la Dirección General de Inmigración adjunta.
3. De la documentación proporcionada por Médicos del Mundo se desprende que don (…) se encuentra en un recurso social debido a la enfermedad que padece desde el año 2012, fecha en la que obtuvo el certificado de antecedentes penales.
Decisión
Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular a esa Subdelegación del Gobierno la siguiente:
SUGERENCIA
Impartir instrucciones para permitir la aportación del certificado de antecedentes penales del año 2012 en el procedimiento de autorización de residencia por razones humanitarias de don (…).
Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, que a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la Sugerencia, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.