Aisha es una mujer marroquí. Con motivo de la crisis perdió su trabajo y con ello el permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos años y medio cuando estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron quimioterapia. Ahora va al médico cada dos meses. Sin tarjeta de residencia no podrá continuar su tratamiento.
Carmen es chilena y se encuentra en situación administrativa irregular. Necesita diálisis porque sus riñones sólo funcionan al 22 por ciento. Si pierde el acceso al sistema sanitario no podrá asumir el coste de la máquina de diálisis de la que depende su tratamiento.
La reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas.
La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para las personas españolas constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas.
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