Extranjería no pedirá las actas matrimoniales actualizadas a inmigrantes
La medida responde a una petición del Defensor del Pueblo y se hará efectiva en residentes de Valencia.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha aceptado una recomendación del Defensor del Pueblo que instaba a su Oficina de Extranjería a no pedir actas matrimoniales actualizadas y legalizadas a los cónyuges de inmigrantes residentes en España que soliciten renovar su permiso, según informó la Oficina del Defensor.
Esta recomendación tiene origen en las quejas recibidas por la institución ante las "dificultades" de cónyuges de ciudadanos extranjeros que habían obtenido la reagrupación familiar y a quienes la Oficina de Extranjería de Valencia exigía como requisito para la renovación la aportación de un certificado registral de matrimonio actualizado.
La institución explica que en función del país de origen, "tal exigencia podía acabar en denegación al no poderse cumplir este requerimiento, por no estar prevista la emisión de certificados" más allá del acta de matrimonio inicial. Además, recuerda que el Reglamento de Extranjería sólo impone como requisito para estas renovaciones la acreditación de medios económicos suficientes para mantener a la familia reagrupada y disponer de cobertura sanitaria para sus miembros.
Por este motivo, el Defensor entendió que "la exigencia generalizada de este documento contrariaba el principio de presunción de buena fe e implicaba contravenir el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos no previstos en las normas aplicables al procedimiento de que se trate".
"El exceso de celo por parte de esta Oficina no puede llegar al extremo de requerir documentos que resultan extremadamente dificultosos o imposibles de conseguir, a menos que existan sospechas de que el vínculo matrimonial se ha roto", explicó la institución.
De este modo, si la Oficina de Extranjeros aplica la recomendación que, según el Defensor, ha derivado la Delegación del Gobierno en la región, sólo se pedirán las actas de matrimonio actualizadas en los casos en que exista "la sospecha fundada" de que la unión conyugal está disuelta.
La medida responde a una petición del Defensor del Pueblo y se hará efectiva en residentes de Valencia.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha aceptado una recomendación del Defensor del Pueblo que instaba a su Oficina de Extranjería a no pedir actas matrimoniales actualizadas y legalizadas a los cónyuges de inmigrantes residentes en España que soliciten renovar su permiso, según informó la Oficina del Defensor.
Esta recomendación tiene origen en las quejas recibidas por la institución ante las "dificultades" de cónyuges de ciudadanos extranjeros que habían obtenido la reagrupación familiar y a quienes la Oficina de Extranjería de Valencia exigía como requisito para la renovación la aportación de un certificado registral de matrimonio actualizado.
La institución explica que en función del país de origen, "tal exigencia podía acabar en denegación al no poderse cumplir este requerimiento, por no estar prevista la emisión de certificados" más allá del acta de matrimonio inicial. Además, recuerda que el Reglamento de Extranjería sólo impone como requisito para estas renovaciones la acreditación de medios económicos suficientes para mantener a la familia reagrupada y disponer de cobertura sanitaria para sus miembros.
Por este motivo, el Defensor entendió que "la exigencia generalizada de este documento contrariaba el principio de presunción de buena fe e implicaba contravenir el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos no previstos en las normas aplicables al procedimiento de que se trate".
"El exceso de celo por parte de esta Oficina no puede llegar al extremo de requerir documentos que resultan extremadamente dificultosos o imposibles de conseguir, a menos que existan sospechas de que el vínculo matrimonial se ha roto", explicó la institución.
De este modo, si la Oficina de Extranjeros aplica la recomendación que, según el Defensor, ha derivado la Delegación del Gobierno en la región, sólo se pedirán las actas de matrimonio actualizadas en los casos en que exista "la sospecha fundada" de que la unión conyugal está disuelta.
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