jueves, 1 de mayo de 2014

EXPERTA RELATORA DE LA ONU , SRA. SEPULVEDA ALERTA DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA PARA LOS INMIGRANTES .

Magdalena Sepúlveda (Chile) fue nombrada Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en mayo de 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como Relatora Especial, la Sra. Sepúlveda es independiente de cualquier gobierno u organización. Para más información sobre el mandato y las actividades de la Relatora Especial, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx






Experta de la ONU pide a España “un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos para todos”


GINEBRA (29 de abril de 2014) – “Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, declaró hoy la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, al reiterar su llamado a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.


Sra. Sepúlveda advirtió: “El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.

La experta agradeció el compromiso de las autoridades españolas de continuar la cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, refutó el argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.

“Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”, la Relatora señaló. “Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”.

La experta de derechos humanos de la ONU se vio alentada por la información recibida que indica que las autoridades locales y los profesionales de la salud siguen suministrando atención sanitaria en muchos casos. Sin embargo, advirtió al Gobierno que eso no cumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

“Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables”, enfatizó la experta.
“No sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando”, dijo.


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