miércoles, 13 de junio de 2007

EL GOBIERNO FRANCES SE DISPONE A ENDURECER AÚN MÁS LA LEGISLACIÓN PARA CONTROLAR LOS FLUJOS MIGRATORIOS

El Gobierno conservador francés se dispone a endurecer aún más la legislación para controlar los flujos migratorios con una ley que refuerza las obligaciones de integración y de control de la lengua francesa para los demandantes de la reagrupación familiar
para el reagrupamiento familiar

- Tendrán que ganar 1,200 euros brutos mensuales
- Un nivel del conocimiento del idioma

París .- El Gobierno conservador francés se dispone a endurecer aún más la legislación para controlar los flujos migratorios con una ley que refuerza las obligaciones de integración y de control de la lengua francesa para los demandantes de la reagrupación familiar, como prometió el presidente, Nicolas Sarkozy.
Este proyecto de ley, de 14 artículos, va a ser enviado al Consejo de Estado por el ministro de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, según informó el diario “Le Figaro”, que dice tener una copia del texto.

La nueva ley, que será una de las primeras que se debatirán este verano en la Asamblea Nacional (cámara de diputados) salida de las elecciones legislativas del próximo domingo, endurece los requisitos para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes legales.
El texto prevé que para autorizar el reagrupamiento el demandante deberá justificar unos ingresos más elevados que los exigidos hasta ahora, y serán equivalentes o superiores al salario mínimo (unos 1.200 euros brutos mensuales) en función del tamaño de la familia.
Los extranjeros que soliciten entrar a Francia por reagrupamiento familiar deberán superar, por su parte, una prueba en su país de origen sobre su nivel de conocimiento del idioma y de los valores republicanos franceses.

Ese proyecto de ley crea además un “contrato de acogida y de integración para la familia” del demandante que obliga a los padres a favorecer “la buena integración de sus hijos recién llegados a Francia” y, si no se respeta, un juez para menores podría dictaminar la confiscación de ayudas públicas de las que pudieran beneficiarse.
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