Antecedentes.
Recordatorio de los hechos.
Cuando en Noviembre de 1998, gobernando el PP en la comunidad autónoma, tres policías locales denuncian públicamente la expulsión ilegal y el maltrato de menores marroquíes saltó, a la opinión pública la existencia de un fenómeno hasta ahora oculto: "los niños de la calle" en Ceuta y la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades tanto de la administración central como de la administración autonómica.Documentos, fotos y testimonios aportados por estos policías demostraban que desde hacía tiempo se venía practicando la sistemática detención y expulsión ilegal de menores en situación de desamparo por parte de miembros de la Policía Local auxiliados por un grupo "parapolicial" denominado Agentes de Atención Directa, "AAA". Estas actuaciones se hacían por instrucciones directas de los mandos policiales y de las autoridades de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno en Ceuta.Según está comprobado, las detenciones eran efectuadas en las calles tanto por la Policía Local como por los "AAA", los niños eran introducidos en vehículos tipo Z y trasladados al garaje de las dependencias de la Policía Local.
Tras tomarles la filiación, los menores eran introducidos en un furgón policial que era utilizado en general para la retirada de pescados y verduras procedentes del decomiso de venta ambulante y que tenía pésimas condiciones de salubridad.A la espera de su traslado, o hasta que se llenaba el furgón, los menores debían permanecer en ocasiones durante horas en este furgón. Posteriormente eran trasladados al paso fronterizo del Tarajal y, tras el trámite de rellenar para la Policía Nacional un impreso titulado "entrega de menores marroquíes", los niños, frecuentemente junto a adultos detenidos, eran entregados a la Policía de Marruecos.Esta denuncia supuso a los Policías Locales que la realizaron la separación del servicio y un sinnúmero de vejaciones y persecuciones por parte de las autoridades y también de muchos compañeros y otros ciudadanos ceutíes, a lo que parece conformes con el maltrato y la actitud racista hacia estos menores. La Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de investigar y tomar cartas en el asunto, comenzaron una campaña de difamación de estos policías honestos y contra todas las ONGs que divulgan estas actividades delictivas.
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