Lucha contra la inmigración clandestina
La sociedad del siglo XXI, que vive en un marco de respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, inmersa en el Estado del Bienestar, con oportunidades de empleo, prestaciones sociales, derecho a la seguridad, a la educación, a la sanidad, a la alimentación y a la vivienda, quizás no esté en condiciones de comprender la complejidad del fenómeno de la inmigración clandestina porque detrás de ella se encuentra el inmenso abismo existente, en todos los índices de calidad de vida, entre las naciones del Norte y del Sur.
Aunque la llegada de personas en pateras o cayucos a nuestras costas es la imagen más dramática de la inmigración, y nuestro objetivo es siempre salvar vidas, el análisis del fenómeno global es muy complejo.
Canarias lleva más de diez años conviviendo con este drama, que ha dejado de ser coyuntural para incrementarse aún más y convertirse en estructural.
El Gobierno de España ocupado tanto por PP como por PSOE ha fracasado en la lucha contra la inmigración irregular o clandestina. Lo más notorio ha sido la ausencia de una política, la no definición de objetivos y la falta de mensajes claros hacia las mafias que trafican con personas. Es claro que se afronta un fenómeno mundial acrecentado por las desigualdades de la globalización económico-cultural, pero no es menos cierto que una gestión del fenómeno desde la legalidad produce más oportunidades a los inmigrantes, evita que pierdan la vida en el intento y que sean objeto de tráfico por estructuras organizadas, además de producir mayor riqueza en el país de destino y remesas importantes para las familias en los países de origen.
Canarias ha sido sujeto pasivo de los errores en inmigración del Gobierno de España. Dos tercios de los inmigrantes por vía marítima de toda España arribaron a Canarias, el número de muertos en la travesía se cuenta por miles y en la entrada por aeropuertos, la escasez de medios de las Brigadas de Extranjería de la Policía Nacional ocasiona que se establezcan de forma irregular aquellos que entran con visado de turista de forma fraudulenta.
Por tal motivo, resultan imprescindibles un elenco de reformas legales que se dirigen fundamentalmente a adaptar el marco normativo vigente a los problemas y necesidades que el exponencial aumento de los flujos de inmigración clandestina ha puesto de relieve. Además, incluye un conjunto de medidas a implantar por el Gobierno de España con el fin de ordenar y racionalizar los flujos migratorios, reconduciéndolos al ámbito de la legalidad.
Las medidas que, en el Congreso y en el Senado, promoveremos son:
Creación de juzgados especializados en materia de extranjería con la consiguiente adaptación de la planta judicial a la necesidades que derivan del fenómeno de la inmigración clandestina.
Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la persecución del tráfico ilegal de personas conforme al principio de universalidad, es decir, con independencia de que se cometan los delitos fuera del territorio español.
Medidas para impedir fraudes o beneficios legales injustificados:
1. Modificación de la normativa reguladora de los efectos de la inscripción en el Padrón municipal con el fin de impedir que se beneficie a los extranjeros que se encuentren en una situación irregular.
3. Modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, de una parte para dificultar los matrimonios de conveniencia como medio de adquisición de la nacionalidad española y, de otra, para evitar que la intención de evitar las situaciones de apatridia faciliten conductas fraudulentas en orden a la adquisición de dicha nacionalidad.
Adecuación de los plazos y procedimientos existentes en materia de extranjería:
1. Establecimiento de restricciones para la reentrada en España de los inmigrantes que hayan sido objeto de devolución o expulsión.
2. Atribución al Gobierno de España de la tutela legal de los menores no acompañados sobre los que se acuerde su permanencia en España, sin perjuicio de que la guarda y custodia se asigne a las Comunidades Autónomas en el marco de una política global de cooperación entre las distintas Administraciones.
3. Ampliación del plazo máximo de retención en los centros de internamiento (CIEs) de 40 a 70 días
Medidas para fomentar la cooperación y coordinación con las Comunidades Autónomas:
1. Establecimiento de la obligación de comunicar a las Comunidades Autónomas las principales resoluciones adoptadas respecto a los extranjeros internados en centros radicados en las mismas.
2. Establecimiento de la obligación de que los centros de internamiento cuenten con unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, según informe previo de las autoridades competentes en materia de salud pública (Comunidades Autónomas).
3. Legitimación a las Comunidades Autónomas para recurrir aquellas resoluciones sobre extranjeros adoptadas por la Administración General del Estado por incumplimiento de la legalidad vigente en lo relativo a condiciones y plazos para el internamiento, así como a la expulsión y devolución de los inmigrantes.
Obligación del Gobierno de España de aprobar un plan de control de fronteras que prevea un incremento de los efectivos policiales dedicados a la vigilancia y protección de las fronteras, en especial del servicio marítimo y aeroportuario.
Establecimiento de un debate periódico en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe sobre los problemas de la inmigración, las medidas adoptadas en el periodo, y la aplicación de las decisiones de la Unión Europea y de los convenios internacionales aprobados con otros Estados.
Adaptación por el Gobierno de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para incorporar los nuevos juzgados de extranjería, tal y como se refleja en el apartado Justicia de este programa.
Establecimiento de cupos o contingentes especiales para trabajadores africanos, primando especialmente a aquellos países próximos a Canarias y al sur de la península ibérica y que tengan acuerdos y relaciones estables de colaboración con España en las políticas dirigidas a la prevención y represión de la inmigración clandestina.
Creación por el Gobierno de una agencia especializada para las migraciones, que sirva de herramienta, no sólo de análisis y prospectiva, sino también de ejecución de medidas y políticas que contribuyan a la ordenación de los procesos migratorios y a la colaboración entre las distintas Administraciones.
COMENTARIO : ¿ Y ALGO POSITIVO ? PUES BUENO , PUES VALE ..... ÑOS MUCHACHO , AGUITA , ECHATE A CORRER , SE LES FUE EL BAIFO , FUERTE BEROLO PARA LOS INMIGRANTES, QUE BISNES ,CHACHO SE ME ATRAGANTO LA COTUFA , ÑOS ¿PERO ESTABAN ENGRIÑADOS O ENROÑADOS CUANDO ESCRIBIERON EL PROGRAMA?, FUERTE JAREADOS , FUERTE TAJADA ..... EN FIN ESPERO QUE ME ACEPTEN ESTA EMOTIVA SORPRESA ..... LO HE HECHO EN CANARIO , PARA NO HERIR O PARA QUE NO ME EXPULSEN ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario