martes, 21 de diciembre de 2010

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS DE TENERIFE
Por la infancia desprotegida de Tenerife, el Martes, 21 de diciembre de 2010 a las 14:16.Contra la desaparición de los servicios especializados de atención a los menores y sus familias del Cabildo Insular de Tenerife



Los trabajadores de las entidades colaboradoras que ejecutan proyectos de atención especializada para el Cabildo de Tenerife, queremos mostrar nuestra más profunda preocupación ante la decisión del Cabildo de Tenerife de eliminar la atención especializada a los menores de la isla que se encuentran en situación de riesgo y desamparo y a sus familias. Más de 2.000 beneficiarios de estos proyectos dejarán de recibir el apoyo y la atención especializada que recoge la Ley 1/1997 de Atención Integral al Menor y más de 70 técnicos entre psicólogos, pedagogos, educadores y trabajadores sociales pasarán a engrosar las listas del paro el 1 de enero de 2011.



El desmantelamiento de losa servicios especializados de atención a la infancia y la familia en la isla de Tenerife, supone un retroceso de más de 30 años si tomamos como referencia la Ley 5/1987 de 28 de abril de Servicios Sociales.



El 15 de diciembre, desde el Cabildo de Tenerife, se comunica la ausencia de financiación para 2011 y consecuentemente, la finalización de los servicios especializados que estas entidades colaboradoras desarrollan y que durante más de 10 años se habían ejecutado al amparo de de la Unidad de Infancia y Familia del IASS, y que había situado a la isla de Tenerife a la vanguardia de la atención a la infancia en situación de riesgo y/o desamparo y a sus familias.



Los trabajadores de las cinco organizaciones no gubernamentales que vamos a perder nuestro puesto de trabajo no alcanzamos a comprender como se va a tomar una decisión de estas características y que no se hayan planteado alternativas de solución que eviten un daño irreparable a los niños y niñas más vulnerables de nuestra isla y a sus familias.



Trabajamos y ayudamos a menores víctimas de maltrato, en riesgo de exclusión, focalizando el esfuerzo humano y presupuestario allí donde es más efectivo. Eliminar esta atención va a suponer, en el mejor de los casos, una pobre ejecución de las competencias atribuidas a la corporación insular a través de la Ley 1/1997 de Atención Integral al Menor, dejando en una situación de indefensión completamente inasumible al sector más frágil de nuestra sociedad: la infancia; precisamente en unos tiempos de crisis, donde los más vulnerables son los primeros en caer en la exclusión y la marginación.



El dinero no puede ser la excusa. Nuestra infancia no puede ser la víctima de esta crisis. No podemos hipotecar su futuro eliminando partidas económicas imprescindibles en el sistema de protección infantil.



Esto no sólo constituye un daño irreparable a los más de 2.500 usuarios afectados, ni tampoco se circunscribe a los 70 profesionales especializados, los cuáles pasarán a incrementar las listas de desempleo de Canarias. Supone un daño directo a los municipios donde residen esos niños, a los centros escolares, a sus vecinos y, en definitiva, a la sociedad en la cual los colectivos más vulnerables aprenden a convertirse en ciudadanos.






El sistema de protección de menores se va a convertir, si alguien no lo remedia, en un sistema cojo, incompleto, donde el trabajo con los niños será de carácter educativo, pero desgraciadamente sin capacidad para intervenir especializadamente sobre la reparación del daño sufrido producto del maltrato. Esto puede provocar irremediablemente un colapso en el sistema de protección si atendemos a las siguientes cuestiones:


- Aumentarán las declaraciones de riesgo en los Ayuntamientos ya que no habrá trabajo especializado en prevención y riesgo que ayude a mantener a los niños en sus domicilios.

- Las declaraciones de riesgo se terminarán convirtiendo en declaraciones de desamparo con el consiguiente aumento de niños en los Centros de Acogida Inmediata, sin que haya un servicio especializado que pueda valorar la situación inicial y proponer un Plan de Casos adaptado a las necesidades de los niños y de las familias.

- Una vez y se estime su traslado a los centros – hogares de acogimiento residencial, se encontrarán sin el trabajo especializado de profesionales que puedan iniciar un proceso terapéutico que ayude a paliar las consecuencias del maltrato sufrido, para ayudarles a conseguir un empleo, para construir con ellos sus procesos de autonomía y emancipación, para localizarlos cuando se ausenten de los centros – hogares y ayudarlos a construir su proyecto de vida.

- Las familias no serán intervenidas para intentar superar los motivos que han originado la declaración de desamparo y los menores se eternizarán en los centros – hogares con el consiguiente coste humano y económico que no hará más que cronificar la situación de partida de los niños y sus familias.

- La situación de cronicidad de la problemática en los niños, provocará con la llegada a la adolescencia, situaciones personales cada vez más deterioradas que tendrán que ser atendidas por el sistema judicial.


Creemos que esta situación es de la suficiente gravedad como para quedarnos con los brazos cruzados mientras asistimos al desmantelamiento de una red de servicios especializados hecha a la medida de las necesidades de la infancia y la familia en la isla de Tenerife de manera paulatina durante más de 10 años.


Confiamos en que los responsables políticos no permitan que se consume esta muerte prematura, que actúen inmediatamente y que garanticen la pervivencia de la atención especializada a la infancia y la familia. No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ni una sola de estas vidas. Por la defensa de la infancia y la familia de Tenerife.

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