Varios alcaldes belgas se niegan a firmar órdenes de expulsión de ilegales
Varios alcaldes belgas se niegan a firmar las órdenes de expulsión de los ilegales residentes en sus municipios, desobedeciendo sus obligaciones de localizar a esas personas e informarles de que deben dejar el país.
La alcaldesa de Mortsel (norte de Bélgica), la ecologista Ingrid Pira, ha suscitado en los pasados días una gran polémica al negarse a colaborar con el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.
Además de no querer informar a los ilegales de las órdenes de expulsión, ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes para que sigan su ejemplo.
Aunque en el pasado ha habido alcaldes desobedientes para casos individuales, por ejemplo para proteger a una familia determinada, Pira es la primera que se opone sistemáticamente a colaborar con el Departamento de Extranjería.
Pira ha criticado la 'falta de humanidad' y la 'inconsistencia' de la política belga de expulsión, que a veces obliga a dejar el país a personas que llevan años viviendo en él y que están muy integradas.
Según explicaron a Efe fuentes del Departamento de Extranjería, los gobiernos locales son los encargados de comunicar y hacer firmar la orden de expulsión a los individuos afectados, puesto que conocen mejor la situación particular de cada uno.
Una vez notificada la orden, el ayuntamiento debe asegurar el seguimiento del caso y convencer al ilegal de que salga de manera voluntaria antes de que termine el plazo indicado.
En caso de que el gobierno local se niegue a asumir sus obligaciones, el Departamento de Extranjería puede encargarse de esas tareas.
El alcalde y el ayuntamiento desobedientes se exponen en teoría a sanciones, aunque en la práctica no suele ocurrir.
Varios alcaldes belgas se niegan a firmar las órdenes de expulsión de los ilegales residentes en sus municipios, desobedeciendo sus obligaciones de localizar a esas personas e informarles de que deben dejar el país.
La alcaldesa de Mortsel (norte de Bélgica), la ecologista Ingrid Pira, ha suscitado en los pasados días una gran polémica al negarse a colaborar con el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.
Además de no querer informar a los ilegales de las órdenes de expulsión, ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes para que sigan su ejemplo.
Aunque en el pasado ha habido alcaldes desobedientes para casos individuales, por ejemplo para proteger a una familia determinada, Pira es la primera que se opone sistemáticamente a colaborar con el Departamento de Extranjería.
Pira ha criticado la 'falta de humanidad' y la 'inconsistencia' de la política belga de expulsión, que a veces obliga a dejar el país a personas que llevan años viviendo en él y que están muy integradas.
Según explicaron a Efe fuentes del Departamento de Extranjería, los gobiernos locales son los encargados de comunicar y hacer firmar la orden de expulsión a los individuos afectados, puesto que conocen mejor la situación particular de cada uno.
Una vez notificada la orden, el ayuntamiento debe asegurar el seguimiento del caso y convencer al ilegal de que salga de manera voluntaria antes de que termine el plazo indicado.
En caso de que el gobierno local se niegue a asumir sus obligaciones, el Departamento de Extranjería puede encargarse de esas tareas.
El alcalde y el ayuntamiento desobedientes se exponen en teoría a sanciones, aunque en la práctica no suele ocurrir.
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COMENTARIO: SE IMAGINAN LOS ALCADES DE NUESTROS MUNICIPIOS CON PODERES DE EXPULSIÓN .
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