Habrá revisiones trimestrales, sin aviso previo, y entrevistas con el personal y los niñosAgencias / MAdrid Actualizado 19.02.2009 - 09:21
La Fiscalía General del Estado ha dirigido un escrito a todas las fiscalías de menores en el que se recoge el protocolo de actuación que deberán seguir todos los fiscales respecto a las inspecciones periódicas enlos centros de menores, con el objetivo de examinar la situación de cada interno. Así, en el caso de los centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social -sobre los que el Defensor del Pueblo destapó recientemente en un informe actuaciones irregulares y maltrato a los internos-, las visitas tendrán carácter trimestral, ya que, a juicio de este organismo, "pueden existir mayores riesgos para los derechos de los internos". Además, estos registros se realizarán sin previo aviso. El protocolo ha sido elaborado por la fiscal coordinadora de menores, Consuelo Madrigal, a partir de las conclusiones obtenidas de las Jornadas de Fiscales Especialistas en la materia, con la aprobación del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Este documento establece una pormenorizada relación de comprobaciones que el fiscal debe desarrollar con el fin de garantizar los derechos de los internos. Así, cada Fiscalía de Menores deberá comprobar de forma periódica el listado de entidades autorizadas en su territorio, que serán objeto de visitas de inspección. Madrigal explicó que este procedimiento se ha puesto en marcha para investigar los 58 centros de menores existentes en España. El organismo dirigido por Cándido Conde-Pumpido advierte que si un fiscal tiene noticia de la existencia de un centro de menores no acreditado, iniciará acciones oportunas para su legalización o procederá a su clausura. En cada registro, el fiscal deberá entrevistarse con los responsables del centro, realizar una inspección ocular de las instalaciones para comprobar las medidas de seguridad e higiene así como la atención sanitaria de los internos, y mantendrá una entrevista personal y confidencial con los menores que lo soliciten. Sobre las visitas a los centros de menores extranjeros no acompañados, indica que deberán realizarse con especial atención, ante la situación de vulnerabilidad de los jóvenes acogidos. En este contexto, señala que los fiscales deberán velar para que los centros de protección cumplan las recomendaciones del Consejo de Europa, así como los Derechos del Niño fijados por la Convención de Naciones Unidas. En relación a las inspecciones, el documento recuerda que esta es competencia de la sección de menores de la fiscalía de la provincia en la que se encuentra el centro, pero que ésta se extiende para conocer la situación de todos los menores, incluso de los que se haya abierto un expediente de protección en una provincia distinta a la del centro en el que están internados. Sobre los registros con aviso previo -entre los que se excluye a los centros de menores con trastornos de conducta- Conde-Pumpido dice que las secciones de menores tienen que emitir una notificación con siete días de antelación que requiera su divulgación entre los internos, a fin de que los interesados puedan solicitar audiencia con los fiscales. El protocolo, emitido a las comunidades, contempla un extenso capítulo sobre los centros de menores con trastornos de conducta en el que alerta que "debe evitarse" que se deriven a éstos jóvenes que no se ajustan a estas características y se comprobará que las resoluciones que afectan al ingreso o traslado de los menores a estos centros sean remitidas al Ministerio Fiscal. En cuanto a la medicación que se administra en estos centros, el fiscal indica que debe comprobarse "en todo caso" que es un facultativo médico quien toma la decisión, así como su identidad, se constatará la existencia de un reglamento interno en cada centro y la regulación autonómica sobre su régimen de disciplina.
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