La XVII Cumbre Iberoamericana marcará un hito con la firma del primer instrumento comunitario en la historia de estas reuniones: la firma del convenio multilateral de seguridad social. Gracias a este acuerdo los inmigrantes podrán cobrar pensiones u otro tipo de subsidios allá donde estén en las que se computará el tiempo que han cotizado en sus países de origen. "Todo un símbolo que da a la comunidad una razón de ser", en palabras del secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.
Han hecho falta 17 años de reuniones de los gobernantes de América Latina, España y Portugal para ir más allá de las declaraciones retóricas y poner sobre la mesa un acuerdo que afecta a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Iglesias calcula que el convenio que firmarán en Santiago de Chile beneficiará a cinco millones de personas, en su mayor parte inmigrantes residentes en España, país que acoge el mayor contingente de latinoamericanos, pero también tendrá su impacto en Argentina, México y Brasil, que cuentan con nutridas colonias de extranjeros de naciones vecinas, y que, en consecuencia, soportarán el peso principal de la medida.
Será sin duda el resultado más sobresaliente de la XVII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en la capital chilena desde este jueves hasta el sábado, y que contará con la presencia del Rey y el presidente del Gobierno. El secretario general iberoamericano subraya que se trata del "primer elemento comunitario que sale de la historia de las cumbres" porque compartir un régimen de seguridad social entre 22 países es de "gran relevancia". Las pensiones y prestaciones se harán efectivas en el país en el que el inmigrante termine su vida laboral, y se tendrán en cuenta los años cotizados en su tierra de origen u otra nación iberoamericana en la que haya tenido actividad laboral. La realidad, sin embargo, restará fuerza a esta decisión ya que muchos inmigrantes, sobre todo los procedentes del sector agrario, nunca han aportado cotizaciones en sus países natales. Todos estos detalles, incluidos los periodos mínimos de aportaciones a la Seguridad Social o los mecanismos de comunicación entre las diferentes administraciones, tendrán que ser desarrollados en el reglamento del convenio, un acuerdo, por lo demás, que entrará en vigor a medida que lo ratifiquen los parlamentos de cada país.
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