AMNISTÍA
Las inmigrantes tienen seis veces mayor riesgo de sufrir maltrato
EFE, Madrid
Las mujeres inmigrantes tienen seis veces más riesgo de sufrir malos tratos y de morir a manos de sus parejas y ex parejas, este colectivo encuentra menos protección administrativa "por el mero hecho de ser inmigrantes".
La experta en inmigración de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz Giménez, presentó ayer el informe "Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género".
Ruiz Giménez recordó que 26 de las 69 mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex parejas eran extranjeras, una cifra provocada, en gran medida, por las dificultades que estas mujeres encuentran a la hora de acceder a los recursos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Aunque la citada norma reconoce la "especial vulnerabilidad" de este colectivo y establece el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos, en la práctica, las mujeres inmigrantes son "discriminadas" porque se encuentran con barreras lingüísticas, falta de información y unos requisitos legales que no pueden cumplir.
Las inmigrantes tienen seis veces mayor riesgo de sufrir maltrato
EFE, Madrid
Las mujeres inmigrantes tienen seis veces más riesgo de sufrir malos tratos y de morir a manos de sus parejas y ex parejas, este colectivo encuentra menos protección administrativa "por el mero hecho de ser inmigrantes".
La experta en inmigración de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz Giménez, presentó ayer el informe "Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género".
Ruiz Giménez recordó que 26 de las 69 mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex parejas eran extranjeras, una cifra provocada, en gran medida, por las dificultades que estas mujeres encuentran a la hora de acceder a los recursos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Aunque la citada norma reconoce la "especial vulnerabilidad" de este colectivo y establece el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos, en la práctica, las mujeres inmigrantes son "discriminadas" porque se encuentran con barreras lingüísticas, falta de información y unos requisitos legales que no pueden cumplir.
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La experta en inmigración de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz Giménez, presentó hoy esas conclusiones, contenidas en el informe 'Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género'.Ruiz Giménez recordó que 26 de las 69 mujeres asesinadas en España en lo que va de año por sus parejas o ex parejas eran extranjeras, una cifra provocada, en gran medida, por las dificultades que estas mujeres encuentran a la hora de acceder a los recursos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género.Aunque la ley reconoce la 'especial vulnerabilidad' de este colectivo y establece el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos, en la práctica, las mujeres inmigrantes son 'discriminadas' porque se encuentran con barreras lingüísticas, falta de información y unos requisitos legales que no pueden cumplir, señaló.El informe de AI asegura que el principal obstáculo de estas mujeres es el miedo, ya que, para acceder a las ayudas establecidas por la ley (centros de acogida o tratamientos psicológicos), deben presentar una denuncia o una orden de protección, algo que muchas afectadas -las que están en situación irregular- no piden por miedo a que se les abra un expediente de expulsión.Además, aunque lo más importante para alejarse de la violencia de género es tener autonomía económica, la ley de Extranjería sólo permite que estas mujeres obtengan un permiso de residencia que no lleva aparejado una autorización para trabajar, una medida que en la práctica es 'de escasa utilidad', según Ruiz Giménez.La única manera de conseguir un permiso de trabajo es tener una oferta de empleo, y ese requisito puede ser imposible para muchas afectadas, lamentó la responsable de AI.La Ley Integral también establece que las víctimas tienen derecho a recibir 'plena información y asesoramiento adecuado' a través de los servicios de las distintas Administraciones Públicas, sin embargo, el informe denuncia que en las dependencias policiales no hay intérpretes suficientes ni adecuadamente formados para ello.En cuanto a los abogados del turno de oficio que se suele asignar a estas mujeres, tampoco cuentan con la especialización suficiente para asesorarlas y defenderlas, hasta el punto de que, según AI, en algún caso, el letrado ha aconsejado a la víctima que retire la denuncia para no ser expulsada de España.El informe reconoce que, aunque la normativa establece la obligatoriedad de abrir un expediente de expulsión a las personas en situación irregular, en la práctica los agentes policiales no la llevan a cabo en estos casos.AI recuerda que el Estado debe garantizar la plena protección de los derechos de las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia, al margen de sus circunstancias personales o administrativas.Por ello, exigió la retirada del apartado que fija la obligatoriedad del proceso de expulsión y la reforma del Reglamento de Extranjería para permitir que los permisos de residencia lleven aparejados un permiso de trabajo, además de la creación de mecanismos alternativos a la denuncia para acreditar la condición de víctima.
La experta en inmigración de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz Giménez, presentó hoy esas conclusiones, contenidas en el informe 'Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género'.Ruiz Giménez recordó que 26 de las 69 mujeres asesinadas en España en lo que va de año por sus parejas o ex parejas eran extranjeras, una cifra provocada, en gran medida, por las dificultades que estas mujeres encuentran a la hora de acceder a los recursos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género.Aunque la ley reconoce la 'especial vulnerabilidad' de este colectivo y establece el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos, en la práctica, las mujeres inmigrantes son 'discriminadas' porque se encuentran con barreras lingüísticas, falta de información y unos requisitos legales que no pueden cumplir, señaló.El informe de AI asegura que el principal obstáculo de estas mujeres es el miedo, ya que, para acceder a las ayudas establecidas por la ley (centros de acogida o tratamientos psicológicos), deben presentar una denuncia o una orden de protección, algo que muchas afectadas -las que están en situación irregular- no piden por miedo a que se les abra un expediente de expulsión.Además, aunque lo más importante para alejarse de la violencia de género es tener autonomía económica, la ley de Extranjería sólo permite que estas mujeres obtengan un permiso de residencia que no lleva aparejado una autorización para trabajar, una medida que en la práctica es 'de escasa utilidad', según Ruiz Giménez.La única manera de conseguir un permiso de trabajo es tener una oferta de empleo, y ese requisito puede ser imposible para muchas afectadas, lamentó la responsable de AI.La Ley Integral también establece que las víctimas tienen derecho a recibir 'plena información y asesoramiento adecuado' a través de los servicios de las distintas Administraciones Públicas, sin embargo, el informe denuncia que en las dependencias policiales no hay intérpretes suficientes ni adecuadamente formados para ello.En cuanto a los abogados del turno de oficio que se suele asignar a estas mujeres, tampoco cuentan con la especialización suficiente para asesorarlas y defenderlas, hasta el punto de que, según AI, en algún caso, el letrado ha aconsejado a la víctima que retire la denuncia para no ser expulsada de España.El informe reconoce que, aunque la normativa establece la obligatoriedad de abrir un expediente de expulsión a las personas en situación irregular, en la práctica los agentes policiales no la llevan a cabo en estos casos.AI recuerda que el Estado debe garantizar la plena protección de los derechos de las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia, al margen de sus circunstancias personales o administrativas.Por ello, exigió la retirada del apartado que fija la obligatoriedad del proceso de expulsión y la reforma del Reglamento de Extranjería para permitir que los permisos de residencia lleven aparejados un permiso de trabajo, además de la creación de mecanismos alternativos a la denuncia para acreditar la condición de víctima.
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