El Consejo de Europa pide que no se expulse a los inmigrantes irregulares
La petición de ayer consta de una resolución, aprobada por 63 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, que aboga por "eliminar los obstáculos a la participación democrática de los inmigrantes", contradiciendo la política de la UE, que apuesta por la expulsión, tras un periodo máximo de 18 meses.
EFE, Estrasburgo
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se pronunció ayer para que los Estados miembros de la institución no expulsen a los inmigrantes indocumentados, sino que los regularicen.
La petición consta en una resolución, aprobada por 63 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, y forma parte de un conjunto de medidas para eliminar los obstáculos a la "participación democrática" de los inmigrantes propuestas por uno de los informes debatidos ayer sobre "La situación de la democracia en Europa".
Una de las vías para levantar esos obstáculos es la "regularización de la situación de los inmigrantes en situación irregular, que no serán reenviados a sus países de origen", reza el texto sobre las medidas "para mejorar la participación democrática de los inmigrantes.
Esta solicitud va en contra de la política fijada por la Unión Europea (UE) la semana pasada, con la aprobación de la polémica Directiva de Retorno, que establece un período máximo de retención de 18 meses para inmigrantes irregulares hasta su expulsión.
El ponente del informe, el conservador británico John Greenway señaló que la resolución adoptada hoy -que no tiene ningún valor vinculante-, atañe no sólo a los 27 países que pertenecen a la UE, sino al total de los 47 del Consejo de Europa. A este respecto, el italiano José Luiz del Roio calificó de "irresponsable y abominable" la directiva de retorno de la UE por "convertir a los inmigrantes en delincuentes".
El texto votado por la Asamblea exhorta a los Estados miembros a potenciar la integración de los inmigrantes en Europa -un total de 64,1 millones, según la Organización Internacional de Migraciones- con medidas como la educación y el aprendizaje de la lengua del país de acogida, en especial cuando se trata de mujeres y recién llegados.
Esta resolución incide en reducir a cinco años o menos el tiempo de residencia necesario para obtener la nacionalidad. Al tiempo, se pide la supresión o la reducción de las restricciones para poder conseguir la doble nacionalidad.
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