MANIFIESTO..FRENTE A LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA
Con carácter inminente, un proyecto de Directiva de la Unión Europea (UE) sobre los “procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio” será sometido al Parlamento Europeo para su aprobación.
Las organizaciones abajo firmantes, consideran dichas propuestas, TOTALMENTE INJUSTIFICADAS y DESPROPORCIONADAS, así como carentes de todo respeto hacia los Derechos Humanos.
Estimamos que el hecho de que la UE desarrolle una directiva en materia de retorno de inmigrantes irregulares, cuando aún no se ha alcanzado acuerdo europeo alguno sobre política migratoria, manifiesta a las claras cual es la verdadera preocupación de los diferentes Gobiernos de la UE en lo que a política migratoria se refiere: la primacía de las medidas de índole represivo, frente a las medidas de carácter social e integrador ante el hecho natural que suponen las migraciones en el mundo.
Son muchas ya las organizaciones que hemos denunciado la carencia de respeto hacia la dignidad y los derechos humanos dentro de los Centros de Internamiento a Extranjeros. Es en este marco donde la UE, vulnerando el respeto hacia los valores de humanidad y democracia que supuestamente defiende, se presta a aprobar una normativa que permita la retención de personas durante un periodo que pueda alcanzar los 18 meses. Esta decisión, no hará más que agravar el sufrimiento humano de aquéllos que no han cometido delito alguno que justifique tamaño castigo. Con ello no sólo se equipara, de forma desproporcionada, la sanción de una falta administrativa a la pena de privación de libertad propia de los delitos graves, sino que se contribuye a consolidar en la opinión pública europea la idea de que emigrar sin documentación es un hecho constitutivo de delito. Este proyecto implica en sí mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
Este proyecto de directiva, al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, estigmatiza a los inmigrantes en situación administrativa irregular y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
Igualmente, resulta injustificable la mera insinuación de retener a los menores extranjeros en los centros de internamiento para extranjeros, constituye una flagrante violación a la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) ratificada por España y el resto de Países Miembros de la Unión Europea. Dicha convención establece en su artículo 37 que: “Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes…La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; c… todo niño privado de libertad estará separado de los adultos,….”
Estas y otras restricciones son contrarias al reconocimiento de los Derechos Fundamentales de la Persona, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las mismas conclusiones de los Acuerdos de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere el 15 y 16 de Octubre de 1999, sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia para los extranjeros no comunitarios que consideran que el espacio de la Unión Europea, de paz y prosperidad no puede ser dominio exclusivo de los ciudadanos/as de la Unión Europea, puesto que su propia existencia ejerce el poder de atracción para muchos ciudadanos de todo el mundo. Igualmente la directiva es contradice la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea Firmada el 12 de diciembre de 2007, en su artículo 4 “Nadie podrá ser sometido a torturas o penas o tratos inhumanos o degradantes” y en su artículo 49 “La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”.
En cuanto a las últimas declaraciones de los representantes del Estado Español y del Gobierno Autonómico Canario, en relación al aumento de los días de retención de los extranjeros en España hasta los 60 días, consideramos un despropósito que se intente modificar en este sentido concretamente La ley de Extranjería, cuando ya esta misma ley ha sido declarada inconstitucional en varios de sus artículos, sin que hasta la fecha se haya recibido propuesta alguna de modificación de los mismos por parte del Gobierno Español. Teniendo en cuenta que el debate en España, está más abierto que nunca con respecto a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros y que la propia sociedad civil, está considerando lo excesivo de la retención de 40 días de los inmigrantes en condiciones infrahumanas, resulta insultante para la población española la entrada en juego de iniciativas por parte del Estado Español que, de prosperar, empeorarán aún más la grave situación de las personas retenidas en los Centros de Internamiento.
Así, el enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social, a la que alude la vigente Ley de Extranjería que ahora se quiere reformar, así como hacia el escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión.
Por todo ello:
1. Exigimos a los miembros del Parlamento Europeo y al Estado Español, que jueguen un papel activo en el rechazo a la propuesta de directiva europea de retorno, actualmente pendiente de aprobación en el seno de la UE, y que supone una de las más graves vulneraciones de los principios y valores que, al menos formalmente, le son propios; la adopción de una política y una práctica respetuosas con la dignidad de las personas, independientemente de su origen o nacionalidad, estableciéndose medidas y recursos que solventen los problemas administrativos que actualmente impiden a las personas extranjeras hacer uso de sus derechos. Los parlamentarios europeos se encuentran ante una responsabilidad histórica: reaccionar para impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e ‘indeseables’, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado.
2. Instamos al Estado Español a legitimar los derechos de las personas inmigrantes y, en concreto, a adecuar la legislación de extranjería a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que obligan al Estado a garantizar los derechos de asociación, reunión y sindicación para todos las personas inmigrantes que se encuentran en territorio español.
3. Exigimos a los países miembros de la Unión Europea y en concreto al Estado Español a una reflexión coherente junto a las fuerzas sociales entorno a un fenómeno tan complejo como el de la inmigración, así como el abandono de su política neocolonial de saqueo y expolio.
4. Hacemos también un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice frente a una normativa que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas extranjeras, entendiendo que, no es realista, ni políticamente correcto, ni moralmente aceptable una regulación y control de los flujos migratorios cuyo único componente sea el cierre de fronteras, y una concepción muy restrictiva de los derechos de las personas que no toma en cuenta las causas que provocan este fenómeno, ni la cuota de responsabilidad que tienen los estados europeos para con el mismo.
5. Exigimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y proponemos la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, ya recogidas en la Ley de Extranjería, así como la creación de verdaderos recursos de acogida que favorezcan la integración social.
Finalmente queremos recordarle a las autoridades de la Unión Europea que históricamente, debido a sus problemas económicos, políticos y sociales, el continente que más inmigrantes a irradiado al resto del mundo es precisamente Europa, sin que por ello los ciudadanos europeos hayan recibido el trato deshumanizador y atentatorio contra la dignidad humana que reciben las personas que actualmente traspasan el espacio Schengen. Igualmente no se ha de obviar que las migraciones desde los países empobrecidos hacia el llamado primer mundo son consecuencia de los procesos de colonización y saqueo sufridos a lo largo de la historia y en los cuales Europa tiene una responsabilidad evidente
Con carácter inminente, un proyecto de Directiva de la Unión Europea (UE) sobre los “procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio” será sometido al Parlamento Europeo para su aprobación.
Las organizaciones abajo firmantes, consideran dichas propuestas, TOTALMENTE INJUSTIFICADAS y DESPROPORCIONADAS, así como carentes de todo respeto hacia los Derechos Humanos.
Estimamos que el hecho de que la UE desarrolle una directiva en materia de retorno de inmigrantes irregulares, cuando aún no se ha alcanzado acuerdo europeo alguno sobre política migratoria, manifiesta a las claras cual es la verdadera preocupación de los diferentes Gobiernos de la UE en lo que a política migratoria se refiere: la primacía de las medidas de índole represivo, frente a las medidas de carácter social e integrador ante el hecho natural que suponen las migraciones en el mundo.
Son muchas ya las organizaciones que hemos denunciado la carencia de respeto hacia la dignidad y los derechos humanos dentro de los Centros de Internamiento a Extranjeros. Es en este marco donde la UE, vulnerando el respeto hacia los valores de humanidad y democracia que supuestamente defiende, se presta a aprobar una normativa que permita la retención de personas durante un periodo que pueda alcanzar los 18 meses. Esta decisión, no hará más que agravar el sufrimiento humano de aquéllos que no han cometido delito alguno que justifique tamaño castigo. Con ello no sólo se equipara, de forma desproporcionada, la sanción de una falta administrativa a la pena de privación de libertad propia de los delitos graves, sino que se contribuye a consolidar en la opinión pública europea la idea de que emigrar sin documentación es un hecho constitutivo de delito. Este proyecto implica en sí mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
Este proyecto de directiva, al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, estigmatiza a los inmigrantes en situación administrativa irregular y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
Igualmente, resulta injustificable la mera insinuación de retener a los menores extranjeros en los centros de internamiento para extranjeros, constituye una flagrante violación a la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) ratificada por España y el resto de Países Miembros de la Unión Europea. Dicha convención establece en su artículo 37 que: “Los Estados Partes velarán por que: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes…La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; c… todo niño privado de libertad estará separado de los adultos,….”
Estas y otras restricciones son contrarias al reconocimiento de los Derechos Fundamentales de la Persona, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las mismas conclusiones de los Acuerdos de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere el 15 y 16 de Octubre de 1999, sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia para los extranjeros no comunitarios que consideran que el espacio de la Unión Europea, de paz y prosperidad no puede ser dominio exclusivo de los ciudadanos/as de la Unión Europea, puesto que su propia existencia ejerce el poder de atracción para muchos ciudadanos de todo el mundo. Igualmente la directiva es contradice la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea Firmada el 12 de diciembre de 2007, en su artículo 4 “Nadie podrá ser sometido a torturas o penas o tratos inhumanos o degradantes” y en su artículo 49 “La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”.
En cuanto a las últimas declaraciones de los representantes del Estado Español y del Gobierno Autonómico Canario, en relación al aumento de los días de retención de los extranjeros en España hasta los 60 días, consideramos un despropósito que se intente modificar en este sentido concretamente La ley de Extranjería, cuando ya esta misma ley ha sido declarada inconstitucional en varios de sus artículos, sin que hasta la fecha se haya recibido propuesta alguna de modificación de los mismos por parte del Gobierno Español. Teniendo en cuenta que el debate en España, está más abierto que nunca con respecto a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros y que la propia sociedad civil, está considerando lo excesivo de la retención de 40 días de los inmigrantes en condiciones infrahumanas, resulta insultante para la población española la entrada en juego de iniciativas por parte del Estado Español que, de prosperar, empeorarán aún más la grave situación de las personas retenidas en los Centros de Internamiento.
Así, el enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social, a la que alude la vigente Ley de Extranjería que ahora se quiere reformar, así como hacia el escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión.
Por todo ello:
1. Exigimos a los miembros del Parlamento Europeo y al Estado Español, que jueguen un papel activo en el rechazo a la propuesta de directiva europea de retorno, actualmente pendiente de aprobación en el seno de la UE, y que supone una de las más graves vulneraciones de los principios y valores que, al menos formalmente, le son propios; la adopción de una política y una práctica respetuosas con la dignidad de las personas, independientemente de su origen o nacionalidad, estableciéndose medidas y recursos que solventen los problemas administrativos que actualmente impiden a las personas extranjeras hacer uso de sus derechos. Los parlamentarios europeos se encuentran ante una responsabilidad histórica: reaccionar para impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e ‘indeseables’, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado.
2. Instamos al Estado Español a legitimar los derechos de las personas inmigrantes y, en concreto, a adecuar la legislación de extranjería a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que obligan al Estado a garantizar los derechos de asociación, reunión y sindicación para todos las personas inmigrantes que se encuentran en territorio español.
3. Exigimos a los países miembros de la Unión Europea y en concreto al Estado Español a una reflexión coherente junto a las fuerzas sociales entorno a un fenómeno tan complejo como el de la inmigración, así como el abandono de su política neocolonial de saqueo y expolio.
4. Hacemos también un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice frente a una normativa que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas extranjeras, entendiendo que, no es realista, ni políticamente correcto, ni moralmente aceptable una regulación y control de los flujos migratorios cuyo único componente sea el cierre de fronteras, y una concepción muy restrictiva de los derechos de las personas que no toma en cuenta las causas que provocan este fenómeno, ni la cuota de responsabilidad que tienen los estados europeos para con el mismo.
5. Exigimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y proponemos la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, ya recogidas en la Ley de Extranjería, así como la creación de verdaderos recursos de acogida que favorezcan la integración social.
Finalmente queremos recordarle a las autoridades de la Unión Europea que históricamente, debido a sus problemas económicos, políticos y sociales, el continente que más inmigrantes a irradiado al resto del mundo es precisamente Europa, sin que por ello los ciudadanos europeos hayan recibido el trato deshumanizador y atentatorio contra la dignidad humana que reciben las personas que actualmente traspasan el espacio Schengen. Igualmente no se ha de obviar que las migraciones desde los países empobrecidos hacia el llamado primer mundo son consecuencia de los procesos de colonización y saqueo sufridos a lo largo de la historia y en los cuales Europa tiene una responsabilidad evidente
COMENTARIO : MUCHOS/AS TRABAJADOROS/AS DE ONGS O ASOCIACIONES QUE NO HAN FIRMADO EL MANIFIESTO O NO SECUNDAN LA CONCENTRACIÓN ESTÁN A FAVOR DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LAS ORGANIZACIONES QUE SE HAN ATREVIDO A DAR LA CARA .
UN CHAPÓ PARA TODAS AQUELLAS QUE HAN DADO EL PASO AL FRENTE Y TODOS/AS LAS TRABAJADORAS QUE APOYARAN ESTAS ACCIONES EN CONTRA DE LA DIRECTIVA MÁS RETRÓGADA QUE SA HAYA PUBLICADO NUNCA.
UN ABRAZO PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE POR NECESIDADES DEL MILEURISTA NO HAYAN PODIDO GRITARLES A LOS OÍDOS SORDOS DE MUCHOS DE SUS JEFES.
1 comentario:
SOY BOLIVIANA, QUIERO DARLES UNA IDEA PARA QUE SE ACABE TANTO JALEO, ACEPTAMOS LA DIRECTIVA DE RETORNO O VERGUENZA SIEMPRE Y CUANDO SE DOTE DE UN CAPITAL EN EFECTIVO A CADA UNA DE LAS PERSONAS RETORNADAS, A MODO DE CUOTA INICIAL DE LA DEVOLUCIÓN QUE DEBEN HACER LOS EUROPEOS DE TODO LOS RECURSOS QUE SE LLEVARON DE CUANTO PAÍS SOMETIERON, ES DECIR QUE SOMOS MUY BUENOS Y LES REPROGRAMAREMOS LA DEUDA HISTÓRICA PARA QUE NO SE LES HAGA MUY PESADA LA DEUDA, LAS AMORTIZACIONES POSTERIORES ESTARÍAN SUJETAS A NEGOCIACIÖN Y NO ES CHISTE ES EN SERIO.
Saludos
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