viernes, 12 de diciembre de 2008

UNA INMIGRANTE RECLAMA 600.000 EUROS A LA JUSTICIA POR DAR A SU HIJO EN ADOPCIÓN CUANDO FUE EXPULSADA. .NO ME LO PUEDO CREER . IMPOSIBLE.

Una inmigrante reclama 600.000 euros a Justicia por dar a su hijo en adopción cuando fue expulsada
Los padres biológicos del menor llevan siete años tratando de recuperar a su hijo, al que no han podido ver desde el 2001 La Verdad de Murcia, F. CARRERES Murcia, 2008-12-11
¿Cuánto dinero puede compensar a unos padres por los ocho años que han pasado sin ver a su hijo, sin saber dónde vive, ni siquiera qué aspecto tiene el pequeño, al que conocían como Osagi? Kelly Agbons y Omosefe Ijesuriobo piensan que no hay dinero en el mundo que cierre sus heridas, pero antes de llegar a ese punto están dispuestos a hacer cualquier cosa por recuperar al pequeño. Además de reclamar la adopción ante el Tribunal de Derechos Humanos, han denunciado al Ministerio de Justicia, al que reclaman 600.000 euros por daños y perjuicios, y han pedido que se anule la sentencia de adopción y se revise el proceso porque la madre biológica ha podido regresar a Murcia después de haber cumplido con la orden de expulsión que le impedía hacerlo. La historia de cómo Kelly y Omosefe perdieron a su hijo es complicada, y arranca en 2001, cuando la pareja llegó a Murcia. No inscribieron al niño en el Registro porque se encontraban en situación ilegal, por lo que carecían de documentación acreditativa de la filiación. De hecho, la falta de medios y la situación de irregularidad parece haber sido la fuente de todos sus problemas. Al cabo de unos meses, la madre, que ejercía la prostitución, fue detenida e internada. El padre había marchado a Barcelona a trabajar, y se reunía los fines de semana con la mujer y el niño en Murcia; allí se enteró de que la madre había sido expulsada y el niño se había quedado en Murcia a cargo de unos amigos. Las razones de la separación de madre e hijo no están claras. El abogado de la pareja sostiene que la Policía la mandó de vuelta a su país sin atender a la reclamación judicial que alertaba de la existencia del menor. En la Dirección General de Familia aseguran que ella no informó de la existencia del padre, quien además carecía de documentos que lo acreditara como tal.
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