SÁBADO, 24 DE MAYO DE 2008
Jueces y fiscales, en contra de retener 18 meses a los inmigrantes en España
Jueces y fiscales, en contra de retener 18 meses a los inmigrantes en España
El magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, denunció ayer que retener a un inmigrante durante dieciocho meses en un centro de internamiento español "no es razonable" porque no es necesario. La Unión Progresista de Fiscales manifestó ayer su oposición a la nueva directiva de la UE.
EFE, Las Palmas
El magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, denunció ayer que retener a un inmigrante durante dieciocho meses en un centro de internamiento español "no es razonable" porque no es necesario.
En su participación en el XVIII Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo que se clausuró ayer en Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado indicó que la retención temporal es necesaria para que la diplomacia lleve a cabo las diligencias necesarias para la identificación del inmigrante. Recordó que los Veintisiete aprobaron la propuesta de directiva de retorno que prevé ampliar a seis meses, prorrogables a dieciocho, el periodo máximo de retención de un inmigrante en un centro de internamiento.
Aunque el texto aún es provisional y debe ser ratificado por el Parlamento Europeo en la primera semana de junio, "hoy no es un buen día", lamentó ayer el magistrado.
Fernández Valverde manifestó que la propuesta comunitaria tendrá que ser trasladada a la ley española y "por las noticias que se oyen, no parece que la transposición a la normativa española vaya a llegar al extremo de dieciocho meses", sino que, "más bien, parece que el Gobierno se moverá en un periodo de retención máximo de seis meses".
En cualquier caso, tal y como está planteada ahora, la propuesta de directiva en España "no es constitucional si no va acompañada de otras cosas porque no se puede retener a una persona desde los 40 días permitidos actualmente hasta los seis meses".
Para el magistrado del Tribunal Supremo lo más acertado sería crear una agregaduría de extranjería "con poderes ejecutivos para proceder a la identificación del inmigrante", insistió
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