Exteriores presiona para que Rabat ratifique el tratado antes del verano
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Granada - 19/05/2008
Más de un año después, nada ha cambiado. España y Marruecos firmaron en marzo de 2007 el acuerdo para acabar con el colapso que sufren los centros de acogida de menores, y que albergan a un millar de niños marroquíes sólo en Andalucía. Los retrasos suenan a canción eterna de estribillos huecos. Las promesas para acabar con este fenómeno de marineros imberbes o pasajeros inverosímiles en los bajos de un camión, que arriesgan su vida presionados por sus familias, naufragan desde hace una década.
Esta vez la causa es la lenta burocracia política del país vecino. El retraso proviene de la ratificación del acuerdo bilateral en Marruecos, donde fue aprobado por el Consejo de Gobierno, pero aún está pendiente de la aprobación por parte del Parlamento y del visto bueno del rey, Mohamed VI. En España el acuerdo ya fue publicado por el BOE el pasado otoño y la Junta de Andalucía es la primera interesada en comprobar unos avances que no llegan, y así desbloquear una situación que los responsables de los saturados centros de acogida consideran explosiva.
"El proceso de ratificación podría ser en el mes de julio, para eso presionamos", afirman fuentes del Ministerio de Exteriores. Pero otras voces no son tan optimistas a tenor de las sucesivas experiencias frustradas, y no consideran que la puesta en marcha del acuerdo llegue antes de 2009.
El convenio bilateral establece que las autoridades españolas informarán sobre la entrada ilegal de menores en el plazo de un mes. A continuación, Marruecos debe aportar en tres meses todos los datos sobre la identidad de los menores y de su familia. Finalmente, se decidirá si son integrados en su familia o en centros sociales preparados entre ambos países.
Pero poner en marcha este consenso parece aún lejano, con la protección de los derechos de los menores y su garantía jurídica como principal premisa. Sin embargo, algunas comunidades, como Cataluña, han ignorado el interés superior del menor y la Generalitat catalana inició el año pasado 72 expedientes para culminar la expulsión de menores.
De los algo más de 3.000 menores que existen en centros de acogida en España, en torno a un millar está en Andalucía, desde donde hace cinco años que no regresa ningún menor. A finales de 2007, los expedientes de 988 menores reunían todas las garantías legales para volver con sus familias, según la consejería de Igualdad y Bienestar Social. Mientras la Junta acusa a Marruecos de inactividad, el país vecino alega que es un proceso complejo y que los niños en ocasiones proporcionan datos falsos sobre sus familias, a pesar de lo cual los expedientes avanzan.
Los procedimientos requieren de gran lentitud porque los funcionarios deben ser meticulosos debido a la alta protección jurídica en juego, ignorada en ciertos expedientes, según han denunciado diversas ONG. De momento, los consulados marroquíes en Andalucía son incapaces de cifrar cuántos expedientes registran progresos y rechazan ofrecer fechas concretas. Las fuentes oficiales marroquíes se manejan en un limbo hacia el exterior y padecen día a día que las cosas de palacio van despacio.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha criticado el bloqueo de los expedientes en los consulados y la embajada. Y a las familias que asumen arriesgar la vida de sus hijos al pagar a las mafias 1.500 euros para subirlos a un camión o embarcarlos en una patera. "Vienen como el que se va con una beca Erasmus a estudiar fuera, y no me parece justo para esos menores que tengan que crecer careciendo de sus familias".
Por el contrario, fuentes de la embajada aseguran que sí hay avances. "Marruecos no está contra la repatriación, sólo que hay pruebas técnicas que tienen que culminar para finalizar cada operación. Se ha acelerado mucho y el memorando no está muerto".
La solución a la llegada de menores marroquíes se comenzó a fraguar a nivel diplomático en 2003 con la firma del memorando de entendimiento, rubricado como acuerdo el pasado año. Pero ese impulso definitivo para su entrada en vigor permanece empantanado.
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