TRIBUNA LIBRE: Solidaridad con los saharauis
por Matilde Mérida (Abogada y miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados)
ANTE mi trato con un considerable número de ciudadanos saharauis con ocasión de solicitar en el Registro Civil de Córdoba la consolidación de su nacionalidad, me veo en la obligación de no dejar que la imagen que los saharauis ofrecen desde hace unos meses en nuestra capital sea de «invasión» de los aledaños del Registro Civil.
Siendo, además, depositaria de los cientos de historias que me han confiado, de evocar el recuerdo de un trozo de nuestra historia que tuvo como resultado el olvido de un pueblo entero.
Todo esto me queda patente cuando escucho historias como la de un chico que le prometió a su madre recuperar su nacionalidad para volver al Sáhara con una excavadora y levantar la arena del desierto y así desenterrar la documentación española que su pueblo dejó enterrada para que no fuese requisada por el Estado marroquí.
O cuando otra chica me dice que aunque lleva residiendo quince años en España se niega a solicitar la nacionalidad por residencia, por que ella es española de origen, y no quiere ser española de segunda.
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De manera que, ante mi perplejidad, vuelvo atrás en el tiempo, y desde el punto de vista legal, me encuentro con un proceso de descolonización del Sáhara que conlleva un abandono, por un lado de un territorio, y por otro, de una población que presenta graves irregularidades, y bajo mi criterio, podría calificarse absolutamente ilegal.
Así, la Ley de 19 de noviembre de 1975, de descolonización del Sáhara, se basa en un mandato de Naciones Unidas que en su día fue eludido por el Estado Español, mediante la promulgación de otra normativa como es la Ley 8/1961 de 19 de abril por la que el Sáhara pasa a ser una provincia de España.
De manera que, ante mi perplejidad, vuelvo atrás en el tiempo, y desde el punto de vista legal, me encuentro con un proceso de descolonización del Sáhara que conlleva un abandono, por un lado de un territorio, y por otro, de una población que presenta graves irregularidades, y bajo mi criterio, podría calificarse absolutamente ilegal.
Así, la Ley de 19 de noviembre de 1975, de descolonización del Sáhara, se basa en un mandato de Naciones Unidas que en su día fue eludido por el Estado Español, mediante la promulgación de otra normativa como es la Ley 8/1961 de 19 de abril por la que el Sáhara pasa a ser una provincia de España.
Tanto es cierto que era una provincia española que he visto en mi despacho documentos tales como el libro de escolaridad, aquel amarillo del triángulo en la portada, la cartilla de la Seguridad Social -la de ir al médico-, carnés de conducir, carnés de identidad exactamente iguales a los que yo estaba acostumbrada a ver en mi casa, por ejemplo.
Efectivamente la citada ley conllevó un abandono de territorio, con total desprecio de la situación real en que la provincia del Sáhara había vivido, sin participación de la voluntad de los abandonados, ni ratificación en tratado internacional alguno.
En cuanto al abandono de la población, no se produce sino hasta la publicación del Decreto 2258/1976, decreto a todas luces ilegal, tanto por su rango, como por la imposibilidad de su cumplimiento (estaban muy ocupados enterrando sus documentos, y huyendo a los campamentos de refugiados), oponiéndose de plano tanto a lo dispuesto en la CE como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En vista de todo esto, podríamos dejar aflorar un poco de solidaridad con el pueblo saharaui, haciendo un esfuerzo para comprender que no son extranjeros, que no nos invaden, no plantean problemas de convivencia, entre otros motivos.
Porque los saharauis que visitan Córdoba, en un 90% con residencia legal, y vienen a nuestra capital para realizar exclusivamente un trámite administrativo, sólo alborotan los despachos de abogados, notarías, y a la santa señora secretaria del Registro Civil que lleva unos meses con una especial sensibilidad hacia el problema saharaui.
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