CC pide aplazar el acuerdo con Marruecos en materia de menores inmigrantes
Cuatro mil menores inmigrantes han pasado por los centros canarios desde el 2000. El año pasado se llegó a albergar a más de un millar. Con un cupo para 300 chicos, en las instalaciones de las Islas -contando los dispositivos de urgencia- conviven en estos momentos cerca de 800. Son datos del Ejecutivo canario, que pide soluciones al Gobierno central.
Es el Estado quien debería decidir sobre el reparto de los chicos, dijo ayer Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, evitando así una batalla entre las Comunidades a costa de los menores indocumentados.La solidaridad de otras regiones no es, sin embargo, la única opción; otra vía de solución es la repatriación.
Con la sombra de las denuncias de Amnistía Internacional sobre las posibles irregularidades cometidas en la devolución de algunos menores a Marruecos, el Gobierno español firmó este pasado mes de marzo un tratado al respecto con el reino alauita que aparece en reemplazo del ratificado en 2003 entre ambos Estados.
Prevención, protección y repatriación son los tres pilares del acuerdo. Prevención, con acciones para impedir que los niños arriesguen su vida en el mar; protección, una vez que han llegado a España, para garantizar su desarrollo; y repatriación, mediante reagrupación familiar o integración en la institución de tutela del país de origen.
Con estos tres pilares Coalición Canaria se muestra de acuerdo.
Sin embargo, el senador de CC Alfredo Belda anunció ayer que su grupo ha presentado en la Cámara una propuesta de aplazamiento del acuerdo. La iniciativa será discutida en la Cámara Alta la semana que viene.
Belda explicó a este periódico que 'se ha vulnerado el derecho del Gobierno de Canarias a ser informado al respecto', tal y como especifica que debería procederse en el artículo 38.1 del Estatuto autonómico. A pesar de que considera 'positivo' el contenido del convenio, CC cree que encierra contradicciones al 'asegurar que es el Ministerio de Trabajo el que asume las competencias en la aplicación del tratado; entonces, ¿quién es competente; las Comunidades o el Estado?'.
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