La Justicia suspende la expulsión de Tenerife de un matrimonio venezolano
El Juzgado nº1 de Santa Cruz anula la expulsión ya ejecutada de Wilmer López, por lo que deberá volver a Tenerife para unirse a su novia Deisy, cuyo expediente también fue suspendido, y a sus dos hijos
Deisy Martínez, Wilmer López y sus dos hijos posan en una fotografía familiar tomada en el sur de Tenerife. LA OPINIÓN
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"Me tiraron al suelo, me esposaron y me vejaron".
Sociedad DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE La Justicia ha suspendido la orden de expulsión que la subdelegación del Gobierno dictó contra una pareja de ciudadanos venezolanos que se encontraban residiendo en El Fraile, en el municipio tinerfeño de Arona. En un primer auto de hace un mes, el expediente todavía sin ejecutar de Deisy Josefina Martínez Suniaga fue suspendido. Mientras, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife acaba de suspender el otro que pesaba contra su pareja de hecho, Wilmer Ramón López Salazar, y que fue ejecutado irregularmente, como ha reconocido el auto 380/2007, cuando el pasado 5 de octubre era conducido por agentes policiales al aeropuerto Tenerife Sur, esposado y luego embarcado sin oportunidad de despedirse de los suyos en un vuelo hacia Caracas.
Este caso fue denunciado por LA OPINIÓN DE TENERIFE el pasado 11 de noviembre. Wilmer podrá volver ahora a la Isla y reunirse con su compañera y los dos hijos de ambos, el más pequeño nacido en Tenerife hace dos años. Ya realiza los trámites pertinentes y espera viajar antes del próximo 5 de enero.
Las sentencias se fundamentan en que se vulneró en ambos casos el derecho de arraigo reconocido por las leyes españolas. Marcan un precedente y son de las primeras de esta naturaleza que se dan a conocer en Canarias. En julio pasado, se comunicó a la pareja que se les había abierto un expediente de expulsión por carecer de permiso de residencia. Agentes de la Policía Nacional de Extranjería se presentaron después, el 5 de octubre, en el domicilio de Wilmer y Deisy, en El Fraile, en el sur de Tenerife. Dijeron que tenían que resolver un asunto con Wilmer, sin precisar qué. Su mujer y una amiga de ambos, Lucy Rossito -también venezolana aunque con pasaporte italiano-, insistieron en acompañarlos al Reina Sofía. Sin previo aviso, los agentes separaron a la pareja y metieron a Wilmer en un vuelo de la compañía Santa Bárbara con destino a Caracas.
La última sentencia, que anula un expediente que la prensa venezolana denominó en un reportaje reciente "deportación express", recuerda que "tiene menor entidad el daño que se causaría al interés público que los perjuicios morales y económicos de difícil reparación que se derivarían del cumplimiento de la actuación administrativa impugnada".
"Las condiciones de arraigo en nuestro país justifican, según la jurisprudencia, la suspensión [del expediente de expulsión abierto por carecer de documentación que acredite su estancia legal en nuestro país]. No obstante, al haberse llevado a efecto ya la ejecución de la expulsión del recurrente, trae como consecuencia que el mismo pueda regresar al territorio español", concluye la sentencia.
El auto fue notificado ayer a la familia tras ser resuelto el pasado día 14. "Estamos muy contentos. No sabe la alegría que nos han dado", manifestó ayer a este diario Deisy Martínez, quien admitió que la noticia le ha llegado en un momento en que se estaba pensando volver a Venezuela. "Wilmer no tenía apenas familia en Venezuela (la mayoría ha emigrado como él) y estaba yendo de aquí allá desde que lo expulsaron. Andaba muy triste y deprimido. Le habían roto la vida cuando mejor estaba en Canarias. Ante esta situación, ¿qué iba a hacer yo sola aquí con dos niños pequeños? Me iba a volver con él, pero ahora tras esta sentencia ya sólo pensamos en el reecuentro en Tenerife, donde queremos formar una familia y tener una vida tranquila", añadió.
Wilmer Ramón López llevaba dos años y siete meses en Tenerife junto a Deisy y sus dos pequeños, uno de ellos nacido en la Isla al poco de iniciar esta nueva andadura. Él tenía la esperanza de acogerse al arraigo pues sabía que quien cumple tres años puede solicitar la residencia si muestra un contrato de trabajo, no tiene antecedentes y demuestra haberse adaptado. Él cumplía con todos los requisitos. Y qué más arraigo, creyó Wilmer, que un hijo nacido en el hospital público de Arona, una familia bien constituida y acoplada a su comunidad, y un patrón dispuesto a otorgarle el ansiado documento laboral.
Pero a ambos les abrieron el expediente en dos inspecciones distintas justo cuando se acercaban al tercer año. Lo normal en estos casos es que se incoe el expediente, se presenten las alegaciones y se comunique una propuesta de resolución que se tiene que notificar obligatoriamente por si caben alegaciones.
El tiempo no suele bajar de los seis meses, explicó la abogada de ambos, Albania Oyarzún. Sin embargo, los agentes se presentaron en el domicilio de la pareja tres meses después, el 5 de octubre, un viernes a las seis de la tarde, cuando el juzgado ya había cerrado y los abogados estaban con las manos atadas. Se lo llevaron sin decirle por qué -ni siquiera a la abogada le explicaron la razón-, lo separaron de su mujer y sus dos hijos, lo esposaron y lo metieron en el vuelo a Caracas ya de madrugada.
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