Melilla no devuelve la documentación a los menores tutelados tras la mayoría de edad
La consecuencia inmediata es que quedan en situación de desamparo, son condenados así a la ilegalidad y ven truncadas sus posibilidades de establecerse legalmente en España. El Defensor del Pueblo ya se ha dirigido al menos en dos ocasiones a la Consejería de Bienestar Social para investigar las denuncias. En un informe de respuesta remitido por la ciudad autónoma el pasado mes a la institución, se alega que los «documentos no le son retirados a los menores al alcanzar la mayoría de edad, sino que se entregan a la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno», para que «sean expedidos atendiendo a sus respectivas circunstancias». El Defensor del Pueblo concluye, «a la vista de la respuesta recibida» y «al haber apreciado que esta actuación carece de cobertura jurídica», que es «procedente formular a esta consejería un recordatorio de deberes legales», instando «a abandonar tal práctica».
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