jueves, 14 de enero de 2010

INFORME SOBRE TORTURAS EN ESPAÑA .


COMITÉ CONTRA LA TORTURA: EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN.

Distr.
GENERAL
CAT/C/ESP/CO/5
19 de noviembre de 2009
Original:ESPAÑOL

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
43º período de sesiones
Ginebra, 2 a 20 de noviembre de 2009

VERSIÓN NO EDITADA

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

Observaciones finales del Comité contra la Tortura

ESPAÑA

1. El Comité contra la Tortura examinó el quinto informe periódico de España (CAT/C/ESP/5) en sus sesiones 913 y 914 (CAT/C/SR 913 y 914), celebradas los días 12 y 13 de noviembre de 2009, y aprobó en su sesión 923 (CAT/C/SR 923) las siguientes conclusiones y recomendaciones.

(....)

23. El Comité toma nota que la Medida 102 del Programa de Derechos Humanos prevé la recopilación de datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial. Sin embargo, el Comité nota la imposibilidad actual de aportar datos sobre denuncias durante la custodia y detención policial. Además el Comité, si bien aprecia las informaciones adicionales escrita proporcionada sobre este punto por el Estado parte, nota que también los datos sobre casos de tortura en centros penitenciarios, si bien disponibles, resultan de alguna manera imprecisos y discordantes, en particular por lo que concierne los resultados de las investigaciones por tortura, las condenas judiciales y las sanciones impuestas, (artículos 2, 12 y 13).

El Estado parte debería implementar, a la mayor brevedad, la Medida 102 del Programa de Derechos Humanos y asegurar la recopilación de datos ciertos y fiables sobre actos de tortura y malos tratos tanto en custodia policial como en otros lugares de detención. Estos datos deberán precisar también el seguimiento dado a las alegaciones de tortura y malos tratos, incluyendo los resultados de las investigaciones llevadas a cabo, y las eventuales condenas judiciales y sanciones penales o disciplinarias impuestas.

Violencia contra la mujer

24. El Comité saluda las medidas tomadas por el Estado parte contra la violencia de género, como por ejemplo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004). Sin embargo, el Comité sigue preocupado por la existencia de información sobre el inaceptable número de actos de violencia contra la mujer, incluso en ámbito doméstico, que a veces concluyen en asesinatos. El Comité considera que el nivel de este problema en el Estado parte requiere una respuesta que va más allá de disposiciones legislativas y planes de acción, y presupone un trabajo integral que contribuya a una constante modificación en la percepción de la mujer en la sociedad que disipe los estereotipos que la acompañan (artículo 16).

El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para poner la lucha contra la violencia contra la mujer entre las prioridades en su agenda política. El Comité también recomienda que se amplíen las campañas de concienciación pública sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

25. Al Comité le preocupa la situación particularmente vulnerable de las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia de género, dado que la legislación vigente obliga a los funcionarios policiales a abrir un expediente para investigar la regularidad de la situación de las mujeres migrantes que denuncian actos violentos y de malos tratos. Al respecto, el Comité nota que existe un proyecto de reforma de la Ley orgánica Nº 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), cuya finalidad es favorecer la presentación de denuncia por hechos constitutivos de violencia de género y regular la posibilidad de que las mujeres extranjeras que denuncien queden exentas de responsabilidad administrativa por su estancia irregular (artículos 13 y 16).

El Estado parte debería acelerar la aprobación del proyecto de reforma de la Ley orgánica Nº 4/2000, al fin de facilitar que la mujer extranjera en situación irregular que sea reconocida como víctima de violencia de género pueda solicitar y obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Violencia por motivos raciales

26. El Comité toma nota del esfuerzo del Estado parte en la lucha contra el racismo y la xenofobia que se deduce, entre otras cosas, de la adopción de leyes en la materia y de la adopción del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010). Sin embargo, al Comité le preocupa información que señala una mayor frecuencia de actos de intolerancia e incidentes de violencia racista que sufren los migrantes y las personas de distinta etnia o religión y por las alegaciones que las respuestas a estos actos por parte de las autoridades no son siempre puntuales y adecuadas (artículos 13 y 16).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para investigar exhaustivamente todos los actos de violencia racista y sancionar adecuadamente los responsables. La respuesta legislativa, investigativa y judicial contra estos odiosos fenómenos se debería acompañar con una mayor concientización y sensibilización pública.

Armas “Taser”

27. El Comité toma nota que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no utilizan armas “Taser”, pero le preocupa la información que señala que las policías locales sí las usan (artículos 2 y 16).

El Estado Parte debe considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas “Taser” por parte de la policías locales, pues sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención.

Trata de personas

28. El Comité valora la aprobación del Plan contra la Trata para fines de Explotación Sexual, (véase supra, párrafo 4 (f)). Sin embargo, el Comité nota que éste tiene un enfoque de prevención del crimen más que de derechos humanos y protección de las víctimas. También le preocupa al Comité la falta en el Código Penal de un tipo penal que se dedique específicamente a temas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (artículo 16).

El Comité alienta al Estado parte a que finalice el anteproyecto del Código Penal con un título específicamente dedicado a los temas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. El Estado parte también tendría que asegurar que el Plan contra la Trata reconozca la posibilidad que las víctimas de trata puedan necesitar de protección internacional. A este respecto, el Estado parte debería:

a) Establecer un mecanismo nacional para la identificación de todas las victimas;

b) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso al procedimiento de asilo para las mujeres extranjeras victimas de trata - o expuestas al riesgo de ser sometidas a trata - que demuestren su necesidad de protección internacional.

Protocolo facultativo y mecanismo nacional de prevención

29. El Comité toma nota de que, mediante Ley Orgánica 1/2009 se ha establecido que El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También toma nota que la misma Ley provee la creación de un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que será presidido por el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición (artículo 2).

El Estado parte debería asegurar que el Defensor del Pueblo disponga de recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país. El Estado parte también tendría que asegurar que el Consejo Asesor tenga una clara competencia y rol y que se determine con claridad la relación entre el MNP y el Consejo. El Comité alienta al Estado parte a que los miembros de este Consejo sean seleccionados a través de un proceso público y transparente y que incluya expertos reconocidos en varias materias que atañen a la prevención de la tortura, incluyendo representantes de la sociedad civil.




30. El Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

31. El Comité invita al Estado parte a presentar el documento básico de conformidad con los requisitos para la preparación de un documento básico común establecidos en las directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y que figuran en el documento HRI/GEN/2/Rev.6.

32. Se alienta al Estado parte a que divulgue ampliamente el informe presentado al Comité y las observaciones finales del Comité, en los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales.

33. El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año, le proporcione información en respuesta a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 10, 12, 20, 23 y 25 del presente documento.

34. Se invita al Estado parte a presentar su sexto informe periódico a más tardar el 20 de noviembre de 2013.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Fundescan ha acumulado una deuda de ocho millones de euros desde 2005
La Fundación Canaria para el Desarrollo Social, que gestiona dos casas de acogida para mujeres maltratadas en Tenerife, un taller de empleo en Gran Canaria e imparte cursos de formación por todo el Archipiélago, presentó ayer un concurso de acreedores "porque sus cuentas no están claras", indicó Francisco Fonte, de UGT

Las cuentas de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan), entidad de UGT Canarias que gestiona dinero público, "no están claras", manifestó ayer a este periódico el secretario regional del citado sindicato, Juan Francisco Fonte, quien precisó que la deuda acumulada "ronda los ocho millones de euros" y, por este motivo, la fundación presentó ayer un concurso de acreedores.
Fonte precisó que el mayor acreedor de Fundescan son los bancos, seguido por Hacienda, la Seguridad Social, las plataformas formativas y el profesorado que ha impartido los cursos en los últimos años. Indicó que la deuda se puede haber acumulado desde el año 2005.
Fundescan gestiona dos casas de acogida para mujeres maltratadas del Cabildo de Tenerife (en La Orotava y La Laguna), además de impartir talleres de empleo y cursos de formación en todo el Archipiélago. También presta asesoramiento para la inserción laboral y participa en programas de cooperación al desarrollo, entre otras acciones.
"No dejar a nadie colgado"
Ahora, UGT acometerá directamente los programas que están iniciados, "con el fin de que las personas puedan terminar lo que han empezado y no se queden colgadas", señaló Fonte.
Fundescan cuenta casi con 160 trabajadores entre fijos y fijos discontinuos, que tienen pendiente cobrar la nómina de diciembre y una mitad del pasado mes de junio.
Fonte recalcó que se trata "de una mala gestión" y señaló que UGT pretende dar "viabilidad al futuro de la fundación" y ya se ha abierto la negociación con los trabajadores.
El sindicato aclara que no se va a dejar de formar a los trabajadores aunque el concurso esté en marcha e insiste en que se buscarán las soluciones que estén al alcance de la mano.
En este sentido, Juan Francisco Fonte agradeció que el Servicio Canario de Empleo y otras instituciones hayan puesto de manifiesto su comprensión por la situación que pasa en estos momentos la fundación.
No obstante, Fonte hizo hincapié en que esta crisis no es de ahora ya que durante 2009 los trabajadores ya estuvieron tres meses sin cobrar, sin que en aquel momento se tomase alguna decisión determinante.
Asimismo, dijo que, a finales de junio, tras la elección de Fonte como secretario regional de UGT, se puso en marcha una auditoría interna en Fundescan para esclarecer su la situación real.
Fonte alabó la categoría y la altura profesional de los cursos que ha impartido Fundescan desde que se fundó, en 1996, y matizó que durante 2008 y 2009 han sido 1.300 los cursos de formación impartidos. Apuntó que de ellos se han beneficiado 6.500 personas, trabajadores y desempleados.
Reunión con el IASS
Juan Francisco Fonte manifestó que responsables de Fundescan se reunirán hoy con miembros del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, con el fin de llegar a un acuerdo de viabilidad para seguir gestionando las dos casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos de la institución insular, que llevan cerradas desde el día primero de este mes. El Cabildo espera que estos recintos puedan estar abiertos a finales de mes

Anónimo dijo...

Los recortes generalizados en muchos ámbitos de la administración por la crisis económica siguen desatando polémica. Si en las últimas semanas los focos en Tenerife han estado orientados, sobre todo, hacia los centros comarcales de mujeres maltratadas o de asesoramiento local a este sector poblacional, como el que se ha cerrado en La Laguna, otros ámbitos de las políticas sociales no han quedado precisamente inmunes y ya sufren la merma presupuestaria y, por tanto, de servicios.
Es el caso, por ejemplo, de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia del Cabildo tinerfeño, que ha visto cómo desaparecen, desde el pasado 31 de diciembre, proyectos tan importantes y referentes en Canarias como el de intervención con adolescentes en situación de riesgo y sus familiares, uno de los que se prestaba mediante gestión externa a través de diversas entidades, empresas y ONGs. Este proyecto, que afianzó al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife como pionero en las Islas en las políticas de protección infantil y la familia, comenzó a desarrollarse en 2006 y ha atendido hasta ahora a unos 150 menores, siempre con un máximo de 30 en cada momento.
El recorte de las partidas insulares también afecta al programa de prevención y protección en toda la Isla, que tenía carácter itinerante y que permitía al personal que se ocupaba de estas prestaciones acudir a los domicilios y corporaciones locales según los casos, servicio que ahora queda mermado.
El personal que se ocupaba de estos servicios pertenece sobre todo a organizaciones no gubernamentales. Fuentes solventes llaman la atención sobre la escasa repercusión pública que ha tenido hasta ahora los recortes en el área del Menor y la Familia en comparación con lo ocurrido con los centros de mujeres maltratadas. Además, consideran que vuelve a demostrarse que, en periodos de crisis, estos servicios son siempre los "hermanos pobres" y los primeros en verse mermados, cuando, en su opinión, debería ocurrir todo lo contrario. En este sentido, subrayan que, al tratarse de una cuestión muy delicada que afecta al colectivo de la infancia, el más vulnerable y cuya voz no puede oírse, da la impresión de que, para algunos responsables, resulta menos importante, "cuando, en realidad, es muy relevante". Peor que Sanidad
Asimismo, subrayan que, en situaciones como la actual, los recortes en Sanidad y Educación son mucho menos frecuentes que en las áreas sociales y, sobre todo, en lo relativo a la infancia, "cuando, en realidad, quitar estos servicios, como el de adolescentes en situación de riesgo, equivale a eliminar una especialidad médica".
La reducción afecta también al servicio de psicomotricidad de los centros de acogimiento residencial de menores en desamparo, a la mediación cultural con menores inmigrantes, a la formación especializada de profesionales y otros proyectos. "Se juega con la parte más débil", se quejan dichas fuentes. A su juicio, se produce, además, un agravio comparativo con programas que no desarrolla el Cabildo, sino el Gobierno regional, como es el caso del relativo a menores con medidas judiciales, que no ha sufrido recortes.Este debilitamiento también ha afectado a los trabajadores de estas empresas y ONGs. Un mínimo de 15 personas han perdido su empleo y unos 85 han visto descender sus sueldos y dietas.
El área social del Cabildo negó ayer estos recortes y señaló que lo que se ha dado es una "reestructuración" de los servicios, sin detallar más lo ocurrido