jueves, 28 de enero de 2010

MUNICIPIOS DE LA ISLA RESTRINGEN EL EMPADRONAMIENTO A INMIGRANTES.

Diario de avisos.com 28/01/2010


Municipios de la Isla restringen el empadronamiento a inmigrantes
Abogados y ONG denuncian que en los últimos cinco años se han dado más de un centenar de casos de personas a las que se impidió la inscripción en el padrón



En los últimos años, largas colas de inmigrantes esperaban para empadronarse en municipios de la Isla. / da





José Luis Cámara / Nicolás Dorta

Santa Cruz de Tenerife

La polémica suscitada a raíz de la negativa del ayuntamiento catalán de Vic de no empadronar a inmigrantes en situación irregular, ha generado un agrio debate popular cuyas consecuencias reales aún están por llegar.

La decisión del consistorio barcelonés, sin embargo, ha puesto de manifiesto una realidad que, en comunidades autónomas como Canarias, se repitió con demasiada frecuencia en los últimos años. De hecho, distintas ONG de Tenerife, como Mensajeros por la Paz, Movimiento por la Paz, Cáritas, Asamblea de Cooperación, Médicos del Mundo y Cruz Roja, entre otras, constataron más de un centenar de casos en los que se negó el empadronamiento a inmigrantes, a los que se les exigió, por ejemplo, la tenencia de un visado junto a los habituales requisitos que marca el Real Decreto 2612/1996, como la tarjeta de residencia (o en su defecto, el pasaporte) y un contrato de alquiler de una vivienda. Es el caso de Seidi (nombre ficticio dado para preservar su intimidad), un joven senegalés de 21 años al que se le pidió el visado a la hora de empadronarse en Arona.

Más flagrante si cabe fue el de Ahmed, al que un policía local de Las Galletas amenazó con denunciarlo para que fuera expulsado si no dejaba de intentar empadronarse o, en su defecto, le daba dinero a cambio de facilitarle los trámites.

Según explica la abogada experta en Extranjería Libia Betancourt, "el tema de Vic ahora parece un escándalo, cuando fue una práctica usual en muchos municipios de Tenerife en los últimos cuatro o cinco años". Ella y otros letrados tuvieron que acompañar a empadronarse a muchas personas, para obligar a ayuntamientos como los de Candelaria, Granadilla, Güímar, Arona o Adeje, cumplieran con lo establecido por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. En ella se deja claro que "no precisarán visado para entrar en territorio español los extranjeros titulares de una tarjeta de identidad de extranjero, de una tarjeta de estudiante extranjero, de una tarjeta de acreditación diplomática o de la autorización de regreso; ni los titulares de una tarjeta de trabajador transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español que forma frontera con el país del trabajador, siempre que las autorizaciones que acreditan dichos documentos hayan sido expedidas por las autoridades españolas y estén vigentes al solicitar la entrada