martes, 2 de febrero de 2010

EL DEFENSOR DEL PUEBLO INSTA A GALICIA A REGULARIZAR A LOS INMIGRANTES MENORES .

El Defensor del Pueblo insta a Galicia a regularizar a los inmigrantes menores
Advierte del incumplimiento de la ley tras recibir una queja desde Pontevedra por el caso de cuatro jóvenes
ROSA PRIETO - A CORUÑA Cumplen 18 años y no tienen papeles. Gobiernos autonómicos y Subdelegaciones del Gobierno están en el punto de mira del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado por incumplir la ley que les obliga a documentar a los inmigrantes mientras son menores de edad. Esta situación ha llevado a la oficina del Defensor del Pueblo a ponerse en contacto con todas las administraciones en las que se han detectado "demoras generalizadas" en la tramitación de los papeles. Galicia figura en ese listado de comunidades autónomas que con su retraso en la gestión del pasaporte han provocado que algún joven se convirtiese en inmigrante sin papeles al cumplir los 18 años.
"Este es uno de nuestro caballos de batalla con las autoridades. La mayoría de las veces no se tiene claro que sobre la condición de extranjero ha de primar la condición de menor", explica María Luisa Cava de Llano y Carrió, adjunta primera a la oficina del Defensor del Pueblo. Por este motivo, el organismo presidido por Enrique Múgica, se puso en contacto con los Ejecutivos autonómicos, que son los encargados de la tutela de los menores inmigrantes, y las Subdelegaciones del Gobierno, a las que corresponde la concesión de las tarjetas de residencia, para que documentasen a los jóvenes extranjeros menores de edad sin esperar si quiera el plazo de nueve meses previsto en el reglamento.

Según confirmaron fuentes del Defensor del Pueblo a FARO, el organismo recibió en 2009 una queja procedente de Galicia referida a cuatro inmigrantes sobre los que pesaba una orden de expulsión ya que habían cumplido los 18 años y ni la Xunta ni la Subdelegación del Gobierno -en este caso la de Pontevedra- habían concedido la tarjeta de residencia a los jóvenes. La respuesta a la llamada del Defensor del Pueblo, en la que se le "recordaba" la obligación de documentar al menor extranjero fue inmediata. "Hicieron caso y revocaron las cuatro resoluciones de oficio para otorgarles la tarjeta de residencia", comenta María Luisa Cava de Llano y Carrió.
El principal problema radica en que las comunidades autónomas y las subdelegaciones del Gobierno esperan un plazo de nueve meses desde la llegada del menor a suelo español para comenzar los trámites de documentación.

La ley recoge que la Admnistración tiene ese tiempo para intentar la reagrupación familiar del joven con su familia. De no contactar con sus familiares en el país de origen, el menor queda, en el caso de Galicia, bajo la tutela de la Xunta.

Pero sobre este plazo de nueve meses que fija la ley, Defensor del Pueblo y Fiscalía advierten a los Ejecutivos autonómicos de que no tienen que esperar este tiempo para iniciar los trámites, en especial si se tiene en cuenta que prácticamente ningún menor es reagrupado con su familia. "En Galicia, los problemas de documentación surgen cuando el menor no acompañado entra en España por otra comunidad, se escapa del centro y al final acaba aquí", asegura el fiscal superior, Carlos Varela, que en este caso, advierte de que "a quien le corresponde documentarlo es a la Administración del lugar de origen.
Provincias
A Coruña es la provincia que acoge a más menores extranjeros, 76, seguida de lejos por Pontevedra y Ourense, con 7 cada una
Llegaron a España en patera o camuflados en los bajos de un camión o de un autobús. Casi todos tienen una historia similar y un objetivo común: abandonaron su aldea con el peso de la deuda contraída por sus padres para pagar su viaje y con la promesa de buscar un trabajo para enviar dinero a casa. La mayoría de los inmigrantes menores bajo la tutela de la Xunta son de origen subsahariano o marroquí y proceden de comunidades autónomas con los centros de internamiento colapsados, como es el caso de Canarias, Andalucía e incluso País Vasco.
En la comunidad gallega, la Sudirección Xeral de Familia e Menores de la Xunta tiene abiertos un total de 94 expedientes a menores inmigrantes, de los que 74 ya tienen resolución de tutela y los 20 restantes están en estudio o reciben medidas de apoyo del Gobierno autonómico.
La mayoría de los menores indocumentados afincados en Galicia residen en la provincia de A Coruña (76), seguida de lejos de Pontevedra y Ourense, con siete casos respectivamente, y Lugo, con cuatro.