La moratoria, que será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo viernes, se aplicará con flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral, por lo que será revisada en 2007 y podría eliminarse de común acuerdo con los agentes sociales, en el caso de que el flujo de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria no produzca «alteraciones sustanciales» en el mercado de trabajo español.La decisión se hizo pública ayer en Bucarest, en el marco del viaje oficial realizado por Jesús Caldera y el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rumanía y Bulgaria para tratar las condiciones de acceso a la UE.Tras insistir en la posibilidad de levantar la moratoria, Caldera subrayó que los inmigrantes residentes en España que ya cuenten con un contrato de trabajo podrán mantener su situación.El titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié en que la moratoria impuesta por el Gobierno español «no discrimina» a los rumanos y búlgaros que, a partir del 1 de enero, serán ciudadanos comunitarios de «pleno derecho».
Mientras, las autoridades rumanas trasladaron a Caldera y Rubalcaba su «satisfacción» por los términos de la moratoria que consideran «muy favorable» para ambos países, según informó la ministra búlgara de Trabajo, Emilia Maslarova
Por su parte, el ministro rumano de Trabajo y Solidaridad Social y Familia, Gheorghe Barbu, agradeció el apoyo del Gobierno español por entender que «no discrimina» a Rumanía, al tiempo que resaltó la «buena colaboración» que existe entre ambos ministerios.Preguntado por si el Gobierno prevé que se produzca una llegada importante de ciudadanos de estos países tras su ingreso en la UE, dijo que las «experiencias anteriores ponen de manifiesto que la regulación de flujos es la correcta y que, en otras ocasiones, no se produjeron avalanchas. «Lo que sí habrá -añadió Caldera- será legalidad para todos y reconocimientos de plenos derechos».
La decisión del Ejecutivo fue aplaudida por UGT y Comisiones Obreras, que desde hace meses presionaban al Gobierno para que adoptara una iniciativa como esta. Los sindicatos temen que tras el ingreso de los dos países en la UE se produzca una avalancha de esos trabajadores y arguyen que en sucesivas ampliaciones se han tomado decisiones similares.
Izquierda Unida, sin embargo, se desmarcó de este planteamiento y tachó de «contradictoria» la decisión del Ejecutivo. ya que el Gobierno no tuvo «ningún problema» para aprobar la Directiva Bolkestein -que entrará en vigor en 2010 y que tratará de eliminar las trabas burocráticas al libre establecimiento de empresas de servicios o a la prestación de servicios por parte de compañías establecidas en otros Estados miembros- y por el contrario esté siendo tan «diligente» para aprobar la incorporación de trabajadores rumanos y búlgaros con todos los derechos.
COMENTARIO: ¿ PERO ESTOS POLITICOS NO SABEN QUE LOS RUMANOS Y BULGAROS PUEDEN VOTAR LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?
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