IGUALDAD = INTEGRACIÓN
La necesidad de actos concretos que favorezcan la verdadera integración
Por : Libia Betancourt
Durante los últimos años hemos sido testigos de los intentos que hace la CE por aplicar el principio de igualdad de trato en todos los ámbitos sociales de acuerdo con la Directiva 2000/43/CE, que a lo largo de sus consideraciones y articulado prohíbe la discriminación basada en el origen racial o étnico porque “puede poner en peligro la consecución de los objetivos del tratado de la comunidad europea en particular la consecución de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad y también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia”, y establece que “la actuación específica en el ámbito de la discriminación debe ir más allá del trabajo y abarcar ámbitos como la educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos a tal fin.
La Directiva contempla también una importante acción positiva con el fin de garantizar la plena igualdad de trato en la práctica, relacionada con que el Estado miembro obtenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afectan a personas de un origen racial o étnico concreto y dispone que además, el Estado miembro cree los procedimientos judiciales y administrativos que permitan y agilicen la puesta en practica de la igualdad de trato al mismo tiempo que sanciona al Estado que no disponga de medidas suficientes para evitar la desigualdad.
Aparejadas a la necesidad de garantizar la igualdad de trato a través de la Directiva mencionada y otras disposiciones relacionadas, encontramos las políticas de integración de los diferentes países y, en España, las que crean e implementan las diferentes Comunidades Autónomas a través de los municipios como la administración más cercana a los inmigrantes y los pobladores en general cuyas decisiones afectan directamente al ambiente de convivencia dentro de su jurisdicción.
Las políticas de integración han contado con recursos económicos suficientes y generosos como lo demuestra la asignación que se hace al Fondo Europeo para la Integración de 825 millones de euros para el período 2007-2013. Sin embargo, no siempre la existencia de partidas dentro de los presupuestos, garantizan el éxito de lo que pretenden financiar. Es necesario, que las políticas de integración cuenten con la voluntad política de cambiar lo que impida este propósito si en realidad es la integración lo que se busca.
Según lo afirma la segunda edición del Manual de Integración recientemente traducido y publicado, “ Una Europa próspera necesita ciudadanos activos que vivan juntos en sociedades integradas. En la medida en que los inmigrantes continúan llegando y estableciéndose en los países europeos, forman parte de estas sociedades y configuran su futuro con diversas contribuciones sociales y económicas” y añade “El hacer frente a las desigualdades en la vida económica, la educación y otras áreas es una tarea que deben afrontar todos los actores gubernamentales y no gubernamentales, aunque los responsables de la elaboración del marco legislativo tienen una responsabilidad especial. Los elementos de la ciudadanía cívica como por ejemplo la seguridad de la vivienda, el apoyo a la vida familiar, la facilidad del proceso de naturalización y la no discriminación revisten una importancia capital puesto que son conceptos asociados con el término de ciudadanía social: participación, movilidad social y servicios personalizados. Estos conceptos pueden ponerse en práctica fijando normas a escala nacional y europea, estableciendo códigos de conducta para las prácticas administrativas y suprimiendo los obstáculos legales innecesarios.”
Los inmigrantes de terceros países hemos ido siempre un paso adelante en lo que percibimos que debe ser la integración porque somos quienes sufrimos las políticas ideadas y sus carencias. Pero nuestra participación es poca e inconsulta.
Todo lo anterior se hace necesario para decir que los venidos de países no comunitarios a la Comunidad Autónoma de canarias, estamos afectados en lo relacionado con las políticas de integración, por situaciones concretas y particulares que dificultan que se lleve a cabo en forma ágil y eficiente.
Algunas de nuestras diferencias y dificultades hacen relación entre otras, con la lejanía de la península, la existencia de la doble insularidad y un partido político nacionalista que ejerce influencia en esta Comunidad y que promueve políticamente, la identidad canaria y que entiende la llegada de inmigrantes como una amenaza a todos los ámbitos sociales especialmente el laboral, la sanidad y la educación, aunque los estudios y las estadísticas demuestran lo contrario.
A través del trabajo común de las Asociaciones de inmigrantes, se han detectado problemas de integración y se pretende comenzar a solucionarlos, tarea que se presenta como el mayor reto no solo para las asociaciones como negociadores válidos del colectivo extranjero, como para los políticos de las islas y nacionales, quienes demostrarán su verdadera voluntad de integrar a los nuevos ciudadanos cumpliendo con ello, las directivas que contemplan y obligan a la integración y a la igualdad de trato aunque ello conlleve la derogación o modificación de normas que lo impidan.
El reto primero y concreto que las asociaciones de extranjeros de terceros países se proponen como Unión de Asociaciones de Extranjeros no comunitarios –UEX- es precisamente la modificación de la normativa que establece un descuento del 45% y que si el nuevo Gobierno de Canarias cumple sus recientes promesas electorales, llegará al 50% para los billetes de barco y de avión concedida a los residentes en Canarias.
De la exposición de motivos de la normativa, se desprende que la condición necesaria para este descuento es la residencia habitual en Canarias lo cual implica que una persona de origen canario que no resida en Canarias, no tiene derecho a este beneficio.
Para poder exigir nuestro derecho a este descuento, tenemos los siguientes argumentos:
1.- Los miles de inmigrantes extracomunitarios que habitan en las islas canarias, son residentes y pueden probarlo con el empadronamiento.
2.- Los miles de inmigrantes extracomunitarios que habitan en las islas canarias, pagan los impuestos que debe pagar cualquier otro ciudadano español. Y esos dineros forman el presupuesto con que cuenta la Comunidad Autónoma y el Estado
3.- Las Subvenciones, Ayudas, Descuentos y cualquier otra denominación que constituyan un beneficio social, proviene precisamente de los impuestos que pagan también los inmigrantes extracomunitarios y por ello, también deben ser sus beneficiarios.
4.- Las políticas de integración deben estimular la igualdad primero a través de las normas seguidas de su aplicación impecable lo cual enviará claros mensajes a los no inmigrantes de que verdaderamente los extranjeros tienen los mismos derechos que los autóctonos.
“La Experiencia demuestra que las prácticas de integración son más eficaces si se basan en un mensaje político coherente, a saber, que la integración de los inmigrantes no se considera un lujo, sino simplemente un elemento del mandato de una institución”
Por todo lo anterior, La Unión de Asociaciones Extranjeros no Comunitarios- UEX, solicita a Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE que en el decreto para el descuento de billetes de avión y barco se incluya a los extranjeros residentes legales en Canarias, en virtud del principio de la Igualdad de trato de que habla la Directiva 2000/43/CE, así como de la coherencia que los gobiernos nacionales y autonómicos deben observar con respecto al pensamiento europeo y en general, a los artículos pertinentes de la declaración de los derechos humanos. Solicitamos que se corrija de inmediato el trato discriminatorio que castiga a miles de trabajadores legales y propicia el surgimiento de una nueva categoría de ciudadanos de segunda en la Unión Europea con iguales obligaciones pero inferiores derechos frente al resto de la población.
La Unión de Asociaciones Extranjeros no Comunitarios en Canarias estará atenta a la receptividad de está solicitud por parte de los partidos políticos conciente además que estos podrán acceder a un escaño más en el Senado en las próximas elecciones gracias principalmente al aumento de la población proveniente de trabajadores y familias de extranjeros no comunitarios.
Octubre 7 de 2007
La necesidad de actos concretos que favorezcan la verdadera integración
Por : Libia Betancourt
Durante los últimos años hemos sido testigos de los intentos que hace la CE por aplicar el principio de igualdad de trato en todos los ámbitos sociales de acuerdo con la Directiva 2000/43/CE, que a lo largo de sus consideraciones y articulado prohíbe la discriminación basada en el origen racial o étnico porque “puede poner en peligro la consecución de los objetivos del tratado de la comunidad europea en particular la consecución de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad y también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia”, y establece que “la actuación específica en el ámbito de la discriminación debe ir más allá del trabajo y abarcar ámbitos como la educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos a tal fin.
La Directiva contempla también una importante acción positiva con el fin de garantizar la plena igualdad de trato en la práctica, relacionada con que el Estado miembro obtenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afectan a personas de un origen racial o étnico concreto y dispone que además, el Estado miembro cree los procedimientos judiciales y administrativos que permitan y agilicen la puesta en practica de la igualdad de trato al mismo tiempo que sanciona al Estado que no disponga de medidas suficientes para evitar la desigualdad.
Aparejadas a la necesidad de garantizar la igualdad de trato a través de la Directiva mencionada y otras disposiciones relacionadas, encontramos las políticas de integración de los diferentes países y, en España, las que crean e implementan las diferentes Comunidades Autónomas a través de los municipios como la administración más cercana a los inmigrantes y los pobladores en general cuyas decisiones afectan directamente al ambiente de convivencia dentro de su jurisdicción.
Las políticas de integración han contado con recursos económicos suficientes y generosos como lo demuestra la asignación que se hace al Fondo Europeo para la Integración de 825 millones de euros para el período 2007-2013. Sin embargo, no siempre la existencia de partidas dentro de los presupuestos, garantizan el éxito de lo que pretenden financiar. Es necesario, que las políticas de integración cuenten con la voluntad política de cambiar lo que impida este propósito si en realidad es la integración lo que se busca.
Según lo afirma la segunda edición del Manual de Integración recientemente traducido y publicado, “ Una Europa próspera necesita ciudadanos activos que vivan juntos en sociedades integradas. En la medida en que los inmigrantes continúan llegando y estableciéndose en los países europeos, forman parte de estas sociedades y configuran su futuro con diversas contribuciones sociales y económicas” y añade “El hacer frente a las desigualdades en la vida económica, la educación y otras áreas es una tarea que deben afrontar todos los actores gubernamentales y no gubernamentales, aunque los responsables de la elaboración del marco legislativo tienen una responsabilidad especial. Los elementos de la ciudadanía cívica como por ejemplo la seguridad de la vivienda, el apoyo a la vida familiar, la facilidad del proceso de naturalización y la no discriminación revisten una importancia capital puesto que son conceptos asociados con el término de ciudadanía social: participación, movilidad social y servicios personalizados. Estos conceptos pueden ponerse en práctica fijando normas a escala nacional y europea, estableciendo códigos de conducta para las prácticas administrativas y suprimiendo los obstáculos legales innecesarios.”
Los inmigrantes de terceros países hemos ido siempre un paso adelante en lo que percibimos que debe ser la integración porque somos quienes sufrimos las políticas ideadas y sus carencias. Pero nuestra participación es poca e inconsulta.
Todo lo anterior se hace necesario para decir que los venidos de países no comunitarios a la Comunidad Autónoma de canarias, estamos afectados en lo relacionado con las políticas de integración, por situaciones concretas y particulares que dificultan que se lleve a cabo en forma ágil y eficiente.
Algunas de nuestras diferencias y dificultades hacen relación entre otras, con la lejanía de la península, la existencia de la doble insularidad y un partido político nacionalista que ejerce influencia en esta Comunidad y que promueve políticamente, la identidad canaria y que entiende la llegada de inmigrantes como una amenaza a todos los ámbitos sociales especialmente el laboral, la sanidad y la educación, aunque los estudios y las estadísticas demuestran lo contrario.
A través del trabajo común de las Asociaciones de inmigrantes, se han detectado problemas de integración y se pretende comenzar a solucionarlos, tarea que se presenta como el mayor reto no solo para las asociaciones como negociadores válidos del colectivo extranjero, como para los políticos de las islas y nacionales, quienes demostrarán su verdadera voluntad de integrar a los nuevos ciudadanos cumpliendo con ello, las directivas que contemplan y obligan a la integración y a la igualdad de trato aunque ello conlleve la derogación o modificación de normas que lo impidan.
El reto primero y concreto que las asociaciones de extranjeros de terceros países se proponen como Unión de Asociaciones de Extranjeros no comunitarios –UEX- es precisamente la modificación de la normativa que establece un descuento del 45% y que si el nuevo Gobierno de Canarias cumple sus recientes promesas electorales, llegará al 50% para los billetes de barco y de avión concedida a los residentes en Canarias.
De la exposición de motivos de la normativa, se desprende que la condición necesaria para este descuento es la residencia habitual en Canarias lo cual implica que una persona de origen canario que no resida en Canarias, no tiene derecho a este beneficio.
Para poder exigir nuestro derecho a este descuento, tenemos los siguientes argumentos:
1.- Los miles de inmigrantes extracomunitarios que habitan en las islas canarias, son residentes y pueden probarlo con el empadronamiento.
2.- Los miles de inmigrantes extracomunitarios que habitan en las islas canarias, pagan los impuestos que debe pagar cualquier otro ciudadano español. Y esos dineros forman el presupuesto con que cuenta la Comunidad Autónoma y el Estado
3.- Las Subvenciones, Ayudas, Descuentos y cualquier otra denominación que constituyan un beneficio social, proviene precisamente de los impuestos que pagan también los inmigrantes extracomunitarios y por ello, también deben ser sus beneficiarios.
4.- Las políticas de integración deben estimular la igualdad primero a través de las normas seguidas de su aplicación impecable lo cual enviará claros mensajes a los no inmigrantes de que verdaderamente los extranjeros tienen los mismos derechos que los autóctonos.
“La Experiencia demuestra que las prácticas de integración son más eficaces si se basan en un mensaje político coherente, a saber, que la integración de los inmigrantes no se considera un lujo, sino simplemente un elemento del mandato de una institución”
Por todo lo anterior, La Unión de Asociaciones Extranjeros no Comunitarios- UEX, solicita a Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE que en el decreto para el descuento de billetes de avión y barco se incluya a los extranjeros residentes legales en Canarias, en virtud del principio de la Igualdad de trato de que habla la Directiva 2000/43/CE, así como de la coherencia que los gobiernos nacionales y autonómicos deben observar con respecto al pensamiento europeo y en general, a los artículos pertinentes de la declaración de los derechos humanos. Solicitamos que se corrija de inmediato el trato discriminatorio que castiga a miles de trabajadores legales y propicia el surgimiento de una nueva categoría de ciudadanos de segunda en la Unión Europea con iguales obligaciones pero inferiores derechos frente al resto de la población.
La Unión de Asociaciones Extranjeros no Comunitarios en Canarias estará atenta a la receptividad de está solicitud por parte de los partidos políticos conciente además que estos podrán acceder a un escaño más en el Senado en las próximas elecciones gracias principalmente al aumento de la población proveniente de trabajadores y familias de extranjeros no comunitarios.
Octubre 7 de 2007
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