En España hay 225.000 extranjeros discapacitados, el 5% de los inmigrantes
Al menos el cinco por ciento de los inmigrantes que viven en España, unas 225.000 personas, tiene alguna discapacidad, según un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración.
El estudio, realizado por Agustín Huete García y Eduardo Díaz, analiza el grado de integración y discriminación de este colectivo y es el trabajo 'más amplio y profundo que se ha hecho hasta ahora' para ilustrar la situación de los extranjeros discapacitados, según la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
En la presentación del libro, Agustín Huete ha puntualizado que, en 2007, cuando se hizo este trabajo, la discapacidad afectaba a casi un cuarto de millón de inmigrantes (el 54 por ciento son mujeres) pero desde entonces 'la cifra puede haber aumentado'.
El sesenta por ciento de los inmigrantes discapacitados llegaron a nuestro país con alguna minusvalía pero el resto la adquirió durante la migración o en España, la mayoría en accidentes laborales, puntualiza Huete.
Entre las conclusiones más importantes, el informe advierte que el mayor obstáculo para la integración de este colectivo es la situación de ilegalidad, por lo que recomienda al Ejecutivo que les facilite el acceso a los permisos de residencia, la tarjeta sanitaria y el certificado de minusvalía.
Preguntada por este punto, la secretaria de Estado ha manifestado que el Gobierno estudiará 'todas las recomendaciones del trabajo' para analizar 'todo lo que puede tener una respuesta legal'.
En cuanto al ámbito laboral, el informe precisa que este colectivo presenta especiales dificultades de accesiblidad al empleo y unos niveles mucho mayores de precariedad que los españoles.
A su vez, tanto la falta de permiso de residencia como las peores condiciones laborales que tienen los inmigrantes discapacitados dificultan su acceso a otro tipo de recursos y ayudas 'esenciales para su desarrollo vital', como mejoras en la vivienda, programas de integración o a acceso a formación.
Al menos el cinco por ciento de los inmigrantes que viven en España, unas 225.000 personas, tiene alguna discapacidad, según un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración.
El estudio, realizado por Agustín Huete García y Eduardo Díaz, analiza el grado de integración y discriminación de este colectivo y es el trabajo 'más amplio y profundo que se ha hecho hasta ahora' para ilustrar la situación de los extranjeros discapacitados, según la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
En la presentación del libro, Agustín Huete ha puntualizado que, en 2007, cuando se hizo este trabajo, la discapacidad afectaba a casi un cuarto de millón de inmigrantes (el 54 por ciento son mujeres) pero desde entonces 'la cifra puede haber aumentado'.
El sesenta por ciento de los inmigrantes discapacitados llegaron a nuestro país con alguna minusvalía pero el resto la adquirió durante la migración o en España, la mayoría en accidentes laborales, puntualiza Huete.
Entre las conclusiones más importantes, el informe advierte que el mayor obstáculo para la integración de este colectivo es la situación de ilegalidad, por lo que recomienda al Ejecutivo que les facilite el acceso a los permisos de residencia, la tarjeta sanitaria y el certificado de minusvalía.
Preguntada por este punto, la secretaria de Estado ha manifestado que el Gobierno estudiará 'todas las recomendaciones del trabajo' para analizar 'todo lo que puede tener una respuesta legal'.
En cuanto al ámbito laboral, el informe precisa que este colectivo presenta especiales dificultades de accesiblidad al empleo y unos niveles mucho mayores de precariedad que los españoles.
A su vez, tanto la falta de permiso de residencia como las peores condiciones laborales que tienen los inmigrantes discapacitados dificultan su acceso a otro tipo de recursos y ayudas 'esenciales para su desarrollo vital', como mejoras en la vivienda, programas de integración o a acceso a formación.
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